07 de julio de 2018
07.07.2018

El Cabildo regulariza la situación de dos de sus directores insulares

María Dolores Alonso afirma que un cambio en la ley permite mantener los cargos

07.07.2018 | 00:37

El Cabildo de Tenerife ha regularizado la situación de dos de sus directores insulares, Javier Rodríguez y Jesús Martín de Bernardo, a raíz de las sentencias que anularon sus designaciones. Con motivo del auto de junio del Tribunal Supremo a través del que se confirmaba la cancelación del nombramiento del primero, el Consejo de Gobierno aprobó en su sesión del día 26 el cese de ambos cargos, así como las propuestas para otorgarles nuevamente esas mismas competencias.

La responsable de Recursos Humanos y Defensa Jurídica, María Dolores Alonso, informó ayer de que, si bien la resolución del Alto Tribunal solo aludía a la situación de Javier Rodríguez como director insular de Seguridad, el Gobierno canario también había impugnado la designación del director insular de la Oficina Económica y del Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI).

Señaló que ya el Tribunal Superior de Justicia de Canarias había dado la razón a la Comunidad Autónoma en ambos casos, por lo que la Institución tinerfeña consideró que no tenía sentido esperar a que el fallo respecto a Jesús Martín de Bernardo fuera firme ya que ocurriría "igual" que con Javier Rodríguez. Por este motivo, la Corporación insular decidió ejecutar también la resolución que afecta al director insular del MEDI aunque el Supremo aún no se hubiera pronunciado.

Recuerda que la razón de la impugnación parte de que el Ejecutivo era que estos puestos no eran cargos políticos, por lo que el sistema de designación debería ser por concurrencia. El Cabildo, por el contrario, defendió que sí que eran cargos políticos, aunque finalmente la Justicia dio la razón al Gobierno regional.

María Dolores Alonso indicó que la regularización de Javier Rodríguez y Jesús Martín de Bernardo como directores insulares ha sido posible ahora gracias a que "se modificó la Ley de Cabildos en virtud de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2018", de forma que se establece "expresamente" que los directores insulares "tienen carácter político". Este cambio en la normativa, según añadió, tiene su aplicación desde el 1 de enero de este mismo año.

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