01 de marzo de 2018
01.03.2018
San Juan de la Rambla

La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Fidela Velázquez

Solicita abrir juicio oral contra la alcaldesa por aprobar gratificaciones a 16 empleados sin justificar e indemnizar a un medianero

01.03.2018 | 17:04
Cayetano Silva, Fidela Velázquez (c) y la edil Priscila Díaz (fuera de la causa).

La Fiscalía Provincial acusa a la alcaldesa de San Juan de la Rambla, la socialista Fidela Velázquez, de cometer un delito continuado de prevaricación administrativa con el supuesto pago ilegal de 9.020 euros y solicita a la Justicia su inhabilitación especial para empleo y cargo público por un tiempo de 10 años. El Ministerio Público también pide en su escrito de calificación, de junio del pasado año, la apertura de juicio oral para ella y para el actual concejal y compañero de partido Cayetano José Silva, así como para el exedil Víctor Manuel García.

A la espera de que los encartados presenten sus escritos de defensa y que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de La Orotava los resuelva, estos dos últimos políticos también tendrían que sentarse en el banquillo por uno de los dos hechos que se han investigado, relacionado con la aprobación del abono de una indemnización a un medianero del municipio en contra de las advertencias de la Secretaría y la Intervención del Ayuntamiento. Por votar a favor del pago, un presunto delito de prevaricación administrativa, la Fiscalía solicita para cada uno ocho años de inhabilitación.

La decisión del Ministerio Público sale a la luz ahora con el acto de transparencia protagonizado por la propia regidora y el concejal Cayetano Silva, quienes dieron a conocer el documento en rueda de prensa. Si bien Velázquez celebró que hayan quedado fuera de la causa dos de los cuatro hechos denunciados –el que tenía que ver con el proyecto de mejora de Las Aguas y el de la elaboración por parte de su hijo del logotipo identificativo del Ayuntamiento–, informó de que ya están trabajando en su defensa por los otros dos. Y es que, según ella, el intento de pagar a 16 empleados de la Corporación 300 euros por persona y el abono de 4.220 a un medianero fueron dos actos a favor del "bien común" que "no son delictivos", sino "incorrecciones administrativas".

Teniendo en cuenta que el Código Ético del Partido Socialista obliga a sus miembros a dejar sus cargos públicos una vez se les abra juicio oral, la alcaldesa no está dispuesta a dimitir y confía en que la organización actúe de manera "justa", ya que "no son temas penales", reiteró.

La regidora denunció una "estricta trama con grito de guerra" contra ella para intentar expulsarla, lo que ha provocado "daños" como que Cayetano Silva también esté acusado. El objetivo era "lograr en procedimientos judiciales lo que no se consigue en las urnas" y, de hecho, aseguró haber encontrado una caja escondida en el Consistorio con 35 proyectos, entre los que estaba el de Las Aguas, uno de los expedientes en un principio investigados porque supuestamente no existía.

Sea como sea, la realidad es que dos cosas sí que se han analizado a fondo y en ellas la Fiscalía Provincial ha visto indicios suficientes de delito como para pedir sentar en el banquillo de los acusados a Velázquez, al edil y al exconcejal Víctor Manuel García. Por un lado, el Ministerio Público subraya que los tres votaron a favor en 2012 de la propuesta de la propia alcaldesa de reconocer una indemnización de 4.220 euros a un medianero por la supuesta extinción improcedente de un contrato de aparcería. Tanto la Secretaría como la Intervención advirtieron de que era "contrario a la legalidad" concederla "sin seguir el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad patrimonial" y de que el derecho a reclamar ese dinero ya había prescrito. Pero los tres dieron luz verde a esa operación "con pleno conocimiento de que era contraria a derecho" y, además, la regidora dictó un decreto para levantar el reparo del auditor "omitiendo conscientemente su obligación de elevar el informe al pleno del decreto a adoptar".

Por otro lado, el Ministerio Público determina que Velázquez, "con desprecio de la legalidad", dictó otro decreto en 2013 por el que acordó conceder gratificaciones a 16 empleados del Consistorio a pesar de que la Secretaría avisó de que "no consta el encargo previo de los trabajos extraordinarios, ni su efectiva realización ni referencia al número de horas extraordinarias realizadas".

Esa cuantía "a tanto alzado" al final no fue abonada, porque coincidió con que el decreto se firmó el día antes de la moción de censura contra ella y el nuevo Gobierno no dio efectividad a esa decisión "ante las flagrantes irregularidades que contenía".

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