25 de enero de 2018
25.01.2018
Güímar

Los areneros tendrán que abonar 168 millones de fianza para eludir la cárcel

La Audiencia Provincial suspenderá durante un año la prisión si Antonio Plasencia, Morales y Sicilia pagan el dinero como garantía

25.01.2018 | 21:16
Los areneros condenados en un momento del juicio.

Los areneros condenados por explotar de forma ilegal los barrancos de Güímar entrarán en prisión si no abonan a corto plazo una fianza total de 168 millones de euros. Esa es la condición impuesta por la Audiencia Provincial para que Antonio Plasencia (expresidente de la patronal de la construcción en la provincia tinerfeña) y los otros dos empresarios, Pedro Sicilia y José Enrique Morales, dispongan de un año más para evitar la cárcel. En un auto emitido ayer mismo, la Sala condiciona esa prórroga de 12 meses a la obligación de que los extractores paguen esa cuantía en condición de garantía, ya que deja claro que ese plazo debe utilizarse para que los tres elaboren sus respectivos planes para restaurar el espacio natural que destrozaron.

Hace poco más de dos años, en enero de 2016, los procesados lograron eludir las rejas al llegar a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular, representada por el abogado Carlos Álvarez. A cambio de reconocer ante el tribunal de la Sección Segunda que habían cometido un delito contra los recursos naturales y el medioambiente y de asumir la restauración del equilibrio ecológico perturbado, los tres lograron evitar la prisión al ser solo condenados a un año y tres meses de cárcel, pero con un matiz.

Según la sentencia de conformidad, las penas privativas de libertad quedarían suspendidas por el plazo de dos años siempre y cuando los condenados cumplieran con las medidas encaminadas a restaurar los barrancos afectados por la actividad ilegal que cometieron. Esas acciones no solo pasan por realizar un plan de trabajo, sino también por abonar de sus propios bolsillos el coste de la actuación en cada una de sus canteras.

Ya el auto de apertura de juicio oral de 2014 recogía una valoración de los daños medioambientales causados, 273,3 millones de euros, y fijaba una fianza para cada uno de los procesados en función del deterioro causado por cada uno de ellos.

En total, cinco fueron los empresarios acusados de explotar los barrancos de Güímar de forma ilegal, pero uno de ellos falleció antes de tener que sentarse en el banquillo. Mientras que Francisco Javier del Rosario no quiso asumir su responsabilidad, lo que terminó con su entrada en la cárcel, Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia eludieron la prisión gracias al acuerdo, aunque aún así los cuatro quedaron condenados a restaurar con dinero de sus bolsillos el destrozo generado. El primero de ellos es al que se le estableció la mayor fianza (69,6 millones), seguido por Plasencia (66,49), José Enrique Morales (63) y Pedro Sicilia (39).

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