24 de junio de 2014
24.06.2014
La Laguna

La justicia desestima una demanda de Por Tenerife por gastos de Fiestas

El grupo de Santiago Pérez pedía la anulación de 419 contratos por 981.813 euros que no habían sido presupuestados pero que aprobó el pleno de octubre de 2012

24.06.2014 | 02:00

El juzgado de lo contencioso-administrativo nº 4 de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado el recurso presentado el por grupo Por Tenerife-Equo contra el Ayuntamiento de La Laguna por la supuesta contratación irregular de bienes y servicios por 981.813 euros por parte de la Concejalía de Fiestas. El grupo al que pertenece el concejal Santiago Pérez pedía la nulidad del acuerdo alcanzado en el pleno del 11 de octubre de 2012, que autorizó el pago de 419 facturas que no habían sido presupuestadas previamente ni tramitadas por la vía ordinaria dentro de la Corporación. La justicia considera probado que no hubo ninguna irregularidad e impone a los denunciantes el pago de 750 euros por las costas del proceso.

La denuncia había sido presentada el 1 de diciembre de 2012 y alegaba que el acuerdo plenario a impugnar afectaba a gastos promovidos por el área de Fiestas Populares y Tradicionales, que gestiona la nacionalista Cruci Díaz, por compromisos "no debidamente adquiridos", ya que carecían de un expediente de tramitación y de cobertura en los presupuestos. Además, tenían reparos del Interventor, es decir, que no tenían el visto bueno de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento.

Santiago Pérez señaló ayer que estos gastos, que correspondían a contrataciones hechas durante varios años, "afloraron" debido al Plan de Pago a Proveedores que impulsó el Ministerio de Hacienda para que las administraciones se pusieran al día con sus proveedores. En su demanda, Por Tenerife puntualiza que este tipo de contrataciones "orilla el principio de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia".

Sin embargo, la sentencia del juez Jorge Riestra considera que "no habiéndose impugnado en su día la validez de las 419 contrataciones" le correspondía al Ayuntamiento hacer frente a sus obligaciones económicas. Rechaza el pedido de nulidad de Por Tenerife amparándose en la jurisprudencia de Aragón y Baleares. Los dos casos citados evidencian que cuando la Administración encarga una obra o suministro sin cobertura presupuestaria esto no implica "voluntad maliciosa".

Consultada sobre esta sentencia, la edil de Fiestas, Cruci Díaz, declinó ayer hacer declaraciones hasta tanto la sentencia sea firme. Por su parte, Santiago Pérez aseguró que su grupo no tiene decidido aún si recurrirá el fallo por la vía administrativa, lo que implicaría un desembolso de 1.800 euros en tasas, o si interpondrán una denuncia penal por prevaricación y malversación de fondos públicos ante la Fiscalía, que les saldría gratis.

El concejal de la oposición criticó con firmeza que la reforma de la ley de tasas impulsada por el ministro popular Alberto Ruiz Gallardón le imponga a su grupo un "alto coste" por "desempeñar la labor fiscalizadora que compete a nuestro cargo, cuando las Corporaciones locales están exentas".

En su opinión, la sentencia "tiene aspectos disparatados" al señalar que deberían haber denunciado en su día los contratos, "ignorando que se hicieron a dedo y que fueron totalmente clandestinos hasta que fueron llevados a pleno, ya que no habían seguido el trámite ordinario".

Según su análisis, el magistrado confunde el objetivo de la demanda cuando en su sentencia aclara que los proveedores deben cobrar por los servicios prestados al Ayuntamiento La Laguna. "Nosotros lo que pedíamos era que se declara la nulidad de este modus operandi. Que no se abuse más de la figura del expediente extrajudicial de crédito –que es el que no cuenta con previsión presupuestaria–. Porque esta alternativa está para atender imprevistos, no para atender gastos que son programables como los de Fiestas, que cada año se repiten casi calcados", añadió.

El edil subrayó que un informe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento sobre las cuentas municipales de 2013 , que fue presentado ante del Tribunal de Cuentas de Canarias, indica que "el pleno aprobó durante el año pasado más de 400 expedientes de contrataciones extrajudiciales de crédito con reparos como el que fue demandado".

Pérez explicó que decidieron llevar ante los tribunales únicamente un expediente de Fiestas y no otros porque "estas facturas son emblemáticas y porque no tenemos recursos para denunciar todo lo que va a pleno".

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