18 de octubre de 2012
18.10.2012

El TC autoriza el traslado de la sede municipal de San Juan de la Rambla

La alcaldesa Fidela Velázquez descarta utilizar la sentencia para promover la devolución del centro administrativo del municipio al casco antiguo

18.10.2012 | 04:00
Vecinos de San Juan de la Rambla protestan ante el Cabildo por el cambio de la capitalidad del municipio en 2004.

Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado nulo un artículo de la Ley de Administraciones Públicas de Canarias de 1990 que exigía una mayoría reforzada de dos tercios para la toma de determinadas decisiones en cabildos y ayuntamientos, al considerar que contradice la legislación estatal. La sentencia, surgida como consecuencia de un recurso de la Asociación de Vecinos Rambla contra el cambio de la capital de su municipio aprobado en 2004 por el Cabildo de Tenerife, plantea que una ley autonómica no puede contradecir a una básica estatal, si bien reconoce que aquí se ha producido una inconstitucionalidad sobrevenida, porque la norma canaria decía en ese punto lo mismo que la Ley de Bases de Régimen Local hasta que fue reformada en 2003.
La sentencia no entra en el fondo de la cuestión para devolver a San Juan de la Rambla su antigua capital, que es lo que pretendían los vecinos que recurrieron. El cambio implicó el traslado del Ayuntamiento del casco antiguo al barrio de San José. Ahora bien, el Constitucional da pie a que se promueva por parte del Ayuntamiento ramblero un nuevo cambio de la capitalidad sin necesidad de disponer para ello de una mayoría cualificada de dos tercios. Esto significa que el actual grupo de Gobierno con su mayoría absoluta (integrada por seis concejales del PSC-PSOE y uno del Partido Popular) podría plantear la modificación de la actual sede de la capital del municipio para recuperar la antigua. Sin embargo, la alcaldesa, Fidela Velázquez, descartó ayer emprender ninguna maniobra para restaurar el viejo orden en el municipio.
"No voy a hacer algo que he calificado de desafortunado. Ahora hay que trabajar, como llevamos haciendo el último año y medio, en volver a unir un pueblo dividido", apuntó. Destacó la alcaldesa que el cambio de capitalidad en 2004 "supuso un grave conflicto social, que fracturó San Juan de la Rambla e hizo que perdiera el carro del progreso". "Heredé un municipio dividido por una decisión injustificable, pero lo hecho, hecho está y ahora hay que limar asperezas para construir, superar el conflicto y poner todo lo que esté de nuestra parte para convivir", sentenció Velázquez.
La legislación estatal rebajó en 2003 a mayoría absoluta la mayoría cualificada de dos tercios que hasta entonces exigía a las corporaciones locales para tomar decisiones como crear un municipio, disolverlo, cambiar su nombre o capital, adoptar una bandera o escudo o modificar los límites del término municipal.
En 2004, el Cabildo de Tenerife autorizó en pleno por mayoría absoluta el cambio de la capital del municipio de San Juan de la Rambla a instancias del gobierno municipal presidido entonces por Coalición Canaria. Los vecinos recurrieron ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife para alegar que se estaba vulnerando la legislación del Parlamento de Canarias, con una doble petición: que se anulara el cambio de capital o que se consultara al Constitucional sobre el conflicto con la legislación del Estado. El juez que se ocupó del caso en primera instancia y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en apelación, desestimó su recurso y defendió que no había consulta alguna que elevar, por entender que bastaba con aplicar el principio de que una norma autonómica no puede contradecir a la legislación básica del Estado.
Sin embargo, el caso se retomó porque el propio TC consideró que se habían vulnerado los derechos de los vecinos a una tutela judicial efectiva al no plantearle esa consulta y devolvió el asunto a los Juzgados de Santa Cruz de Tenerife, que finalmente le elevaron la pregunta sobre si el artículo 131.2 de la Ley 14/1990 de Canarias de Administraciones Públicas es o no constitucional.
Aunque originalmente uno de sus magistrados mantenía en un voto particular el mismo criterio que los jueces de Tenerife –que la disparidad de leyes se podía resolver aplicando directamente el principio de primacía de las leyes básicas estatales, sin iniciar una cuestión de inconstitucionalidad– el TC plantea ahora que sólo le compete a él "fiscalizar" las leyes.
"La depuración del ordenamiento legal, vigente en la Constitución, corresponde de forma exclusiva al Tribunal Constitucional, que tiene la competencia y la jurisdicción de declarar, con eficacia erga omnes, la inconstitucionalidad de las leyes, tanto más cuando en un sistema democrático la ley es expresión de la voluntad popular", argumenta la sentencia que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado.
En consecuencia, anula el artículo 131.2 de la ley canaria, por entender que "ha devenido incompatible" con la legislación básica del Estado y que esa incompatibilidad resulta "efectiva y no es salvable por vía interpretativa". Sobre el dictamen, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santa Cruz tendrá que fallar la demanda de la asociación vecinal, si bien teniendo en cuenta que el Cabildo no se basó en la disposición de la ley autonómica ahora anulada, sino en la ley estatal ya reformada.

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