20 de agosto de 2010
20.08.2010
SANTA CRUZ

Anticorrupción cerca al Ayuntamiento

l El Consistorio de la capital aglutina la mayor parte de los casos que investiga la Fiscalía
l María Farnés estudia desde las cuentas de los carnavales hasta contrataciones privadas

20.08.2010 | 03:39
A la izquierda, la fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez.

Desde la creación de la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz, el Ayuntamiento de la capital se ha convertido en uno de los objetivos principales de la fiscal, María Farnés Martínez. Entre los casos más conocidos está sin duda el de Las Teresitas. Pero ha habido más. Por ejemplo, todas las circunstancias que rodearon la remodelación del edificio García Cabrera, las contrataciones a determinadas empresas, la financiación del Partido Popular (PP) de Tenerife o la contratación de una trabajadora que durante años estuvo contratada por un empresa particular en Urbanismo. La última investigación que ha trascendido gira entorno a las cuentas del Carnaval 2008.
Pero han sido múltiples las denuncias que los vecinos han planteado ante una Fiscalía que se ha convertido en una suerte de salvavidas a la hora de hacer valer sus derechos frente a la administración municipal.

Las Teresitas. La investigación se inició en el año 2004 y concluyó en 2006. A finales de este ejercicio, la fiscal puso en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) las circunstancias que rodearon la operación de compraventa del frente y la trasera de la playa. Años después todavía permanece el secreto sobre gran parte del sumario. Por el camino han ido surgiendo nuevas imputaciones que recaen sobre los protagonistas principales de este caso: el alcalde, Miguel Zerolo, el ex concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, así como una retahíla de funcionarios, cargos de la Junta de Compensación y concejales. Sobre ellos han recaído imputaciones como cohecho, malversación de fondos o prevaricación. Se trata del caso estrella de la Fiscalía Anticorrupción, aunque de su resolución final podrá depender también en gran medida la credibilidad de este órgano

García Cabrera. En este caso se investigan las circunstancias que han rodeado a las obras de remodelación del antiguo instituto de Ofra. Las actuaciones se ejecutaron con el fin de acondicionar este inmueble para que albergara a los funcionarios del Ayuntamiento de Santa Cruz que iban a ser desalojados de las dependencias de la sede central por su mal estado. A grandes rasgos, los hechos que la formación política Ciudadanos de Santa Cruz denunció ante la Fiscalía se concentran en que el Ayuntamiento realizó diversas adjudicaciones por medio de contratos menores hasta sumar seis millones de euros. Todos ellos, además, a la misma empresa, Imes. Curiosamente, el TSJC desde Gran Canaria se ha interesado por este asunto, con lo cual se cree que el nombre del alcalde, aforado al ser diputado regional, podría de nuevo estar involucrado. También se habla de Guillermo Núñez, entonces concejal de Economía y Hacienda.

Contrataciones. El pasado verano, coincidiendo con el cese de Ángel Llanos como miembro del grupo de Gobierno y el consiguiente abandono del resto de integrantes de su grupo para seguirle durante la pequeña travesía del desierto, se produjo una acusación bastante fuerte de los populares hacia los miembros de Coalición Canaria (CC). Los primeros dijeron tener pruebas de que el Ayuntamiento elegía siempre sospechosamente a las mismas empresas para realizar obras. La concejal que firmó este escrito, Sheila Trujillo, fue llamada a declarar ante la Fiscalía después de que la ex edil, Odalys Padrón, presentara la denuncia en Anticorrupción. Nada trascendió de aquella entrevista hasta ahora. Ya se sabe que la concejal del PP se retractó de sus palabras y dijo que las acusaciones se limitaban al normal juego político de enfrentamientos entre partidos. El caso se ha archivado, aunque Padrón, que firmó la denuncia junto con otras 19 personas, no ha recibido ninguna notificación al respecto.

Lerena. Este caso tiene como vértice la contratación por parte del área de Medio Ambiente del Consistorio chicharrero de una trabajadora que durante años había prestado sus funciones en las dependencias de la Gerencia de Urbanismo, pero que había sido contratada por un empresario privado, el que da nombre a este caso. La denuncia apunta a que esta empresa pudo beneficiarse de contratos por parte del Ayuntamiento. En concreto se apunta a 80 adjudicaciones por valor de casi dos millones de euros.

´Bragasgate´. Hasta la Fiscalía Anticorrupción llegó también una denuncia de Justicia y Sociedad a raíz de que trascendiera la financiación supuestamente irregular del PP de Tenerife. Es el último caso que ha llegado al despacho de Farnés. La Intervención del Ayuntamiento detectó partidas elevadas referidas a comidas y viajes. Por ejemplo, de un total de 153.138,17 euros justificados, algo más del 30% correspondían a comidas y casi un 10%, a viajes. Pero también se entregaron facturas inferiores a 10 euros, lo que significa que no podían corresponder a comidas de trabajo, sino personales. El documento también aclaraba que en las cantidades asignadas a los grupos se prohibía "la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial". A pesar de ello, en el anexo se recogían un total de 2.302,91 euros en ropa y complementos, un concepto que no respeta la citada prohibición.

Parque Marítimo. Es otro de los asuntos especialmente peliagudos a cuya investigación está sometido el Ayuntamiento chicharrero. En estos momentos, el caso se encuentra bajo secreto sumarial en los juzgados de Santa Cruz sin que nada haya trascendido de su alcance. El abogado Felipe Campos, que fue el que inició las denuncias, no duda en señalar que este recinto se convirtió en una auténtica máquina de hacer dinero de la que se nutrió durante años, supuestamente, lo que el abogado suele llamar de manera peyorativa como "el régimen".

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