14 de octubre de 2018
14.10.2018

Los bebés robados de Canarias confían en el Supremo tras la absolución de Vela

Asociaciones de víctimas defienden la imprescriptibilidad del delito al definirlo de lesa humanidad

13.10.2018 | 23:01
Los bebés robados de Canarias confían en el Supremo tras la absolución de Vela

“Me repelieron sus manos, las primeras que me tocaron”

  • La delegada en Canarias de SOS Bebés Robados, Dácil Vera, asistió a finales de junio y principios de septiembre a dos sesiones del juicio contra el ginecólogo jubilado y director de la Clínica San Ramón de 1961 a 1981, Eduardo Vela, en la Audiencia Provincial de Madrid. “Viajé con la intención de poder cerrar un círculo, de perder el miedo a lo desconocido y desmitificar la imagen de Vela”, resume la fotoperiodista grancanaria, afincada en Tenerife desde 1991, sobre el doctor considerado ya autor de la detención ilegal de Inés Madrigal en 1969 pero absuelto por prescripción del delito. “Estuvo delante en los juzgados, su hija llevaba la silla de ruedas y casi me pasó por encima del pie, tuve una sensación muy extraña, me fijé en sus manos artríticas, las primeras manos que me tocaron en mi vida, me repelió”, confiesa la también graduada en Historia del Arte, acerca de su encuentro 42 años después con la persona que le vendió a sus padres por 200.000 pesetas (1.200 euros), según reconoció su propia madre adoptiva en 2016. “No le dije nada, no por falta de ganas, sino para no ser imprudente, también estuve muy tentada de ir al parque donde suele pasear, pero no estaba preparada para verlo, podría haber tenido alguna reacción muy visceral”, admite Dácil Vera. A. C.

"Queremos seguir confiando en la justicia", subraya la delegada en Canarias de SOS Bebés Robados Madrid, Dácil Vera, tras conocer esta semana la primera sentencia sobre la sustracción de recién nacidos en España, que considera al médico Eduardo Vela autor de detención ilegal, suposición de parto y falsificación en documento oficial pero absuelve al octogenario por la prescripción de los tres delitos cometidos en 1969. No obstante, tanto la víctima, Inés Madrigal, como la Fiscalía, que pidió 11 años de cárcel para el ginecólogo ya jubilado, anuncian un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid.

Aunque se estima que más de 300.000 niños fueron robados en España entre 1940 y 1999, más de 300 menores en Canarias, hasta solo prosperó por la vía judicial la denuncia interpuesta por Madrigal contra el director de la clínica San Ramón de Madrid durante dos decenios, de 1961 a 1981. "No quería contestar el teléfono el lunes, me sentía triste y rabiosa porque la sentencia era otro bofetón más a nuestra causa, las víctimas estábamos muy enfadadas, con una sensación de desamparo ante la ley", resume Dácil Vera, alumbrada también en el madrileño paseo de La Habana durante 1976, aunque la capital española aparece tachada en su partida de nacimiento y sustituida por Las Palmas de Gran Canaria.

Instalada en Tenerife desde 1991, con 14 años, la delegada isleña de SOS Bebés Robados abandonó el pesimismo inicial tras la condena absolutoria del doctor Vela gracias, precisamente, al "ánimo" transmitido por la propia denunciante, con la que comparte a Guillermo Peña como abogado a través de la asociación madrileña. "Hablé con Inés y me pidió que viéramos la sentencia de otro modo, porque se admitió lo más complicado, el tribunal declaró al ginecólogo como culpable del delito", explica Vera, que sitúa ahora la "papa caliente" de la prescripción o no del hurto de un niño en el Alto Tribunal.

A su juicio, el fallo se basa en una "interpretación restrictiva" de la ley al contabilizar los diez años de caducidad de la detención ilegal, el plazo del delito de mayor gravedad, desde el cumplimiento de la mayoría de edad de la demandante, aunque diversas resoluciones judiciales consideran como inicio del periodo el instante en que la víctima adquiere conocimiento del hecho punitivo. "No puedo denunciar un delito que ignoro", sentencia Dácil Vera antes de resaltar, no obstante, que desde SOS Bebés Robados defienden la imprescriptibilidad del crimen al considerar una vulneración de los Derechos Humanos.

"Exigimos que este delito sea considerado como de lesa humanidad y que no prescriba, pues entendemos que por su gravedad, duración en el tiempo y número de personas afectadas, esta cruel acción es comparable con otros crímenes atroces que conmueven a la opinión pública", argumentó el miércoles mediante un comunicado. Según recordó el colectivo madrileño, "el dolor de las madres y también de los padres y familiares jamás prescribe".

También coincide con la definición de lesa humanidad y, por tanto, con la reclamación de imprescriptibilidad el presidente del Colectivo Sin Identidad en Tenerife, Jorge Rodríguez, al alegar que "las secuelas de los crímenes franquistas se han mantenido hasta ahora en la impunidad". Tras pronosticar una "lucha larga" hasta resolver las innumerables desapariciones forzadas y adopciones ilegales de menores, Rodríguez muestra su "indignación" por el fallo de la audiencia madrileña e, incluso, apunta una posible prevaricación por la negativa a reconocer la vigencia de un delito referente a la propia identidad del ser humano.

"La sala es consciente del desgarro que las conductas enjuiciadas ocasionan a las víctimas", reconoce la sentencia de la sección séptima de la Audiencia de Madrid. "Sin embargo, aun cuando los tratados internacionales sobre la materia fijaran la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad, esa exigencia que ha sido llevada a nuestro ordenamiento jurídico interno tiene una aplicación de futuro y no es procedente otorgarle una interpretación retroactiva", exponen las magistradas María Luisa Aparicio, Ángela Acevedo y Teresa García en alusión a un principio que permite, por ejemplo, juzgar ahora el robo de niños durante la última dictadura en Argentina (1976-1983).

Mediante los recursos, la delegada canaria de SOS Bebés Robados expresa su "esperanza" en que el Tribunal Supremo asuma la premisa internacional para emitir "un veredicto favorable" a Inés Madrigal, una sentencia condenatoria para Eduardo Vela como jurisprudencia para los millares de causas pendientes. En opinión de Vera, "la sociedad está convencida de que es un crimen de lesa humanidad, tenemos un apoyo social espectacular, pero necesitamos un vuelco, que los juzgados, los archivos y la Iglesia colaboren, ayuden y abran todas sus puertas".

Para ella resulta imprescindible en la búsqueda de su identidad, ya que necesita el acceso completo a la documentación íntegra sobre su nacimiento antes de iniciar un proceso judicial para conseguir la reparación final del daño causado. Confirmada durante 2016 por su propia madre, hasta entonces biológica y ahora adoptiva, la noticia sobre su "venta por 200.000 pesetas" (1.200 euros) por el doctor Vela supuso un shock: "El suelo me desapareció debajo de los pies, llevo dos años de caos mental".

Según Dácil Vera, "mi padre organizó todo, se enteró por alguien del barrio, en Escaleritas, que eran más rápidos con las adopciones en San Ramón y agarró un avión a Madrid, pero falleció en 2009. Mi madre también estuvo con él [Eduardo Vela] en su despacho y me contó que era un señor muy afable, casi cariñoso, nada que ver con la imagen de hombre áspero durante el juicio, aunque es otro contexto con cierto nivel de actuación, incluso le preguntó si trajo ropita para mí y le pidió subir a la habitación para que me vistieran como ella quería, donde se encontró con un matrimonio que salía con otra chiquitita igual que yo, pudiera ser una hermana gemela, pero no sabe nada más", lamenta la delegada en Canarias de SOS Bebés Robados Madrid, a la espera de poder abrir pronto el caso Vera versus Vela.

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