01 de mayo de 2018
01.05.2018

La nueva Ley de Atención al Menor recoge su derecho a ser oído e informado

La modificación de la norma incluye por primera vez un conjunto de deberes

30.04.2018 | 22:25

La modificación de la Ley de Atención Integral a los Menores, actualmente en proceso de información pública, incorpora en su texto diversas novedades en una nueva normativa que anexiona la concreción del concepto jurídico "interés superior del menor" como el elemento inspirador del conjunto de actuaciones y políticas que desarrollen las Administraciones públicas en materia de atención a la infancia.

De esta forma, se incorpora nuevos derechos de los menores, especialmente el derecho a ser oído e informado sobre todo lo relativo a sus procedimientos así como incluye, por vez primera, un conjunto de deberes en los ámbitos familiar, escolar y social. Los cambios sociales experimentados en la sociedad canaria en las últimas décadas implican una actualización de la Ley que regula la protección a la infancia en Canarias, a lo que hay que sumar su adecuación a la regulación estatal.

De especial interés resulta la ampliación de su ámbito de actuación sobre la figura de los jóvenes que han estado bajo la tutela del Gobierno y que hayan alcanzado la mayoría de edad con el fin de garantizarles un acompañamiento por parte de las administraciones públicas en sus primeros años de transición hacia la vida adulta, mediante la formación en habilidades y competencias que resulten necesarias para favorecer su madurez y propiciar su autonomía personal y social.

Igualmente, la nueva normativa establece la prioridad de las medidas estables frente a las temporales; a las familiares frente a las residenciales y a las consensuadas frente a las impuestas, así como, la protección de los menores contra cualquier forma de violencia, incluida la producida en su entorno familiar, como principios rectores de protección a la infancia y la adolescencia.

Asimismo, la nueva normativa regula el ingreso en los centros de protección específicos para menores con problemas de conducta, así como la determinación de las características de los mismos. También contempla las mejoras procesales necesarias para hacer más efectivos los procedimientos de declaración de riesgo y desamparo ya existentes, sobre todo estableciendo plazos y participación de los interesados.

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