11 de abril de 2018
11.04.2018
Tribunales

La Fiscalía recurrirá la sentencia por el veredicto del Jurado que culpó a Jacinto

El letrado del anciano de 83 años que mató de un disparo fortuito al atracador que asaltó su casa de Güímar alega que el fallo del Tribunal Popular "es incongruente"

11.04.2018 | 01:01
La Fiscalía recurrirá la sentencia por el veredicto del Jurado que culpó a Jacinto

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado que recurrirá la sentencia que dicte el magistrado de la Sección Segunda Fernando Paredes contra Jacinto S. M., de 83 años, que fue juzgado la semana pasada por un Tribunal del Jurado como presunto autor de la muerte de un atracador de 26 años que, en compañía de un menor ya juzgado y condenado, asaltó la finca del anciano en la noche del 1 de marzo de 2015, en el municipio de Güímar. El Jurado consideró que Jacinto "pudo y debió utilizar medios menos gravosos" que un arma de fuego para ahuyentar a los delincuentes evitando con ello poner en riesgo la vida de los mismos.

Jonás Cano, con antecedentes policiales por robo, murió aquella noche de un disparo fortuito que realizó Jacinto con un revólver del calibre 38; un arma de fuego que le entregó un hijo para su autoprotección ya que la finca está alejada de cualquier núcleo de población.

El anciano disparó dos veces contra el suelo con la intención de que los delincuentes huyeran, y así lo hizo el menor de ellos. Jonás Cano, en cambio, se encaró a Jacinto quien volvió a disparar. El primero de los proyectiles impactó contra el zócalo, pero el segundo hirió de muerte al intruso con una bala que le perforó el pómulo, paladar, lengua y cuello. La bala desgarró la yugular, lo que le causó una hemorragia masiva por la que el atracador cayó desplomado a unos metros de la casa, en un patio interior.

Los asaltantes allanaron la finca sobre las 22:00 horas con ropa oscura, caretas negras fijadas a la cabeza con cinta americana, encapuchados y empuñando cada uno de ellos una pistola, que luego se supo que eran simuladas, pero con las que los atracadores encañonaron a Jacinto y a Mercedes, su esposa.

Tras romper dos ventanas y obligar a los ancianos a que les abrieran la puerta de la casa, los delincuentes propinaron una paliza a la mujer, de 69 años, a la que fracturaron una mano aprisionándola la extremidad con una puerta. La intención de los ladrones era doblegar a la pareja para que revelara el lugar en el que tendrían guardada una caja fuerte, dispositivo que el matrimonio nunca ha tenido en la casa.

La mujer insistió en que no había caja fuerte ni dinero en la vivienda, así que propuso a los encapuchados que se marcharan con las tarjetas de crédito y que no les denunciarían. Pero ni aún así hicieron el menor gesto para abandonar la casa y siguieron con las agresiones. Fue entonces cuando Jacinto dijo que iba al dormitorio a buscar algo de valor, pero cogió el revólver.

En el procedimiento judicial, la fiscal Náyade Remón imputó a Jacinto por un delito de tenencia ilícita de armas por el que pidió dos años de prisión, mientras que por el delito de homicidio argumentó, en base a las pruebas y los informes periciales presentados, que concurría una eximente completa de legítima defensa por lo que no debe haber reproche penal.

La defensa, asumida por el abogado Avelino Míguez Caiña, solicitó la libre absolución para su patrocinado al entender que el delito de homicidio concursa con dicha eximente completa y, para el delito de tenencia ilícita de armas, requirió la "potestad exclusiva" del magistrado presidente para que considere que la intención en el uso del arma nunca fue para delinquir, sino para salvar la vida propia, la de su esposa y proteger los bienes materiales privados, como dictaminado en doctrina el Tribunal Supremo.

La acusación, tras oír el veredicto, ya anunció en la sala que recurriría en apelación al Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Por su parte, la letrada Alicia Pomares, erigida en la acusación particular que representa a la familia del asaltante fallecido, solicitó al inicio de la vista oral una pena de diez años de cárcel por el delito de homicidio y 76.690 euros de indemnización en concepto de responsabilidad civil. Finalmente, ante las pruebas presentadas en el plenario y un día antes de que el Jurado deliberase y dictase un veredicto, la letrada interesó la alternativa de homicidio en concurso con una atenuante muy cualificada o eximente incompleta de legítima defensa por la que pidió una pena de dos años y medio de prisión, la mínima que fija el Código Penal.

El jurado no apreció la legítima defensa como eximente completa, pero propuso que se le suspenda la pena privativa de libertad o su indulto dada su edad, carecer de antecedentes penales, y porque mató al asaltante en un intento de defender su vida y la de su familia.

Salvo una decisión "especialísima" del magistrado, como ha pedido Míguez Caiña, al acusado no se le podrá suspender la pena ya que la condena mínima por ambos delitos es de cuatro años y medio de prisión, y los supuestos en los que pueden suspenderse las penas son iguales o inferiores a los dos años de privación de libertad.

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