06 de abril de 2018
06.04.2018

Fiscalía y defensa exponen al jurado una batería de pruebas que eximen de culpa a Jacinto

La acusación cree que se "ha enjuiciado" más el asalto que cometió Jonás que su homicidio

05.04.2018 | 23:08
Fiscalía y defensa exponen al jurado una batería de pruebas que eximen de culpa a Jacinto

El juicio con Tribunal del Jurado por el que está acusado Jacinto S. M., de 83 años, por un delito de homicidio llega a su penúltima fase. Ayer, las partes expusieron en sus respectivos informes de conclusiones la batería de pruebas presentadas en el caso con las que tanto la Fiscalía como la defensa sostienen que el procesado actuó en legítima defensa al disparar un arma de fuego para repeler un asalto violento protagonizado por dos encapuchados en su finca de Güímar, la noche del 1 de marzo de 2015.

A pesar de que el acusado declaró haber disparado en dos ocasiones al suelo para ahuyentar a los delincuentes, versión que corroboran los especialistas de Criminalística de la Guardia Civil, uno de los proyectiles acabó impactando en la cara de uno de los asaltantes, Jonás Cano, de 26 años, quien se encaró al anciano que ya empuñaba el revólver. El joven acabó desplomado en un patio de la finca por la hemorragia sufrida al seccionarse la yugular.

Aquella noche estaban en la casa el anciano, su esposa y una cuñada, cuando irrumpieron los dos enmascarados con pistolas -que luego se comprobó que eran simuladas- y agredieron a la esposa de Jacinto a la que le partieron la mano aprisionándola contra una puerta para obligarles a entregar una caja fuerte que los delincuentes decían que tenía el matrimonio en la casa.

Solo la letrada de la acusación particular, que representa a la madre de Jonás Cano, consideraba hasta la fecha la comisión de un homicidio por el que solicitaba 10 años de prisión y 76.690 euros de indemnización. Sin embargo, las pruebas presentadas obligaron a esta parte a reconocer que el anciano pudo actuar en legítima defensa, aunque insistía ayer en que no debe concursar una eximente, sino una "atenuante muy cualificada" por lo que pide dos años y medio de prisión y la misma indemnización. Sostiene también que el acusado debe ser condenado por tenencia ilícita de armas, delito que no aprecia la defensa al considerar que el revólver no se utilizó para la comisión de un delito sino para salvaguardar la vida propia y de los familiares de Jacinto así como los bienes violentados por los asaltantes, como recoge la doctrina del Tribunal Supremo que señala que es potestad del tribunal juzgador que se considere el uso de medios proporcionados en una legítima defensa.

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