30 de enero de 2017
30.01.2017

Nueva manifestación por el cierre del aula de psicomotricidad de la ULL

Tras meses de espera las familias se concentran en el Parlamento para exigir una red pública de atención temprana y la subvención del servicio

30.01.2017 | 16:24
Las familias afectadas por el cierre del aula de psicomotricidad de la ULL vuelven a movilizarse.

Las familias afectadas por el cierre del aula de psicomotricidad de la Universidad de La Laguna (ULL) comenzarán a de nuevo a movilizarse por el cierre del servicio. Tras meses de espera y, según exponen los afectados, "de reivindicar soluciones a la grave situación de desamparo en la que se encuentran los menores de Canarias", las familias de los menores que acuden a este recurso se sienten "defraudadas y engañadas" por el Ejecutivo regional.

Son 220 familias afectadas de forma directa pero miles de usuarios potenciales los que están llamados a movilizarse. La protesta se desarrollará el próximo día 7 de febrero a las 18:00 horas frente a la sede del Parlamento ubicado en el centro de la capital santacrucera. Su objetivo no es otro que exigir que las administraciones públicas se hagan cargo de la financiación del aula de psicomotrocidad de la ULL, un proyecto que comenzó siendo una investigación a pequeña escala y que se ha convertido en un servicio necesario que utilizan 220 menores con necesidades especiales como autismo, TDAH, movilidad reducida, trastorno de comportamiento, síndrome de Down, dificultades de aprendizaje, retraso madurativo... La falta de recursos, y la imposibilidad de seguir manteniendo el servicio, obligó a los profesionales que lo desarrollaban a cerrarlo.

Este recurso se puso en marcha hace más de un cuarto de siglo en la Facultad de Educación. Es un espacio para la investigación en el ámbito de la Educación Especial y la Psicomotricidad, desarrollando actualmente un proyecto de I+D+I sobre Detección Temprana de signos de alarma en personas con TEA y donde además se evalúa y atiende a niños con necesidades específicas de apoyo educativo.

Pese a que el Gobierno de Canarias ha reconocido, según exponen las familias, la situación que sufren los afectados, el Ejecutivo "se limita a crear una comisión que hasta la fecha no ha planteado ninguna solución a los más de 9.000 niños y niñas de Canarias, vulnerando sus derechos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Dependencia, la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad o la Ley de Atención Integral a los Menores de Canarias". Además, recuerdan, que tanto el Cabildo de Tenerife como el Ayuntamiento de La Laguna aprobaron sendas mociones por unanimidad en señal de apoyo a la reivindicación de los afectados pero que todavía "no se han hecho efectivas". El apoyo de estos y otros muchos ayuntamientos "se convierte en papel mojado" si no se exige al Gobierno de Canarias que atienda su demanda.

En cualquier caso, añaden, no están "mendigando unas ayudas" y sí "que se cumpla la ley". Por esta razón, las familias reunidas en asamblea decidieron retomar las movilizaciones y además volver a solicitar reunirse con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar; y la consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido para exigirles una solución.

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