08 de diciembre de 2011
08.12.2011
Canrias

86.000 parados, en riesgo de perder la tarjeta sanitaria

El Gobierno autónomo afirma que los desempleados tienen 90 días para tramitar su documentación

08.12.2011 | 12:34

Unos 85.900 canarios en paro desde hace más de dos años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), podrían perder su tarjeta sanitaria ante la posibilidad de agotar los más de tres meses de prestación por desempleo y no recurrir a las alternativas legales para mantener la asistencia gratuita.

Ante la alta incidencia a nivel nacional, y como contrapartida, el Gobierno estatal elaboró la Ley General de Salud Pública, que entrará en vigor el próximo 1 de enero y que extiende la asistencia sanitaria a unos 200.000 parados de larga duración y en riesgo de quedarse sin atención, como en el caso de aquellos que ya han utilizado el subsidio o las ayudas que les correspondían por no tener trabajo. De hecho, el secretario general de Sanidad, Alfonso Jiménez, reconoció en Cadena Ser que en España hay unas 40.000 personas que, después de estar más de dos años parados, ya no tienen este derecho tras haber agotado la correspondiente prestación.

Desde la Consejería de Sanidad, explicaron que la aprobación de este decreto da la razón al Ejecutivo canario que, en marzo de 2009, sacó una campaña informativa sobre la pérdida del derecho a la asistencia sanitaria gratuita y para orientar a los usuarios que hubieran agotado sus ayudas por no tener trabajo sobre cómo recuperar esta atención pública tras haber causado baja en el Régimen General de la Seguridad Social, conforme establecía la normativa vigente en el Estado español.

La campaña del Gobierno autónomo trasladó a la ciudadanía que, si se dejaba de percibir la prestación por desempleo, se disponía de 90 días para tramitar la documentación. Informó de que este procedimiento se puede hacer con arreglo a dos posibilidades: como beneficiario de un titular con quien se conviva y a cuyo cargo se encuentre, o por carecer de recursos económicos suficientes.

Ante el desconocimiento de esta circunstancia por la mayoría de los usuarios sanitarios, el objetivo del programa del Ejecutivo regional era que los parados canarios de larga duración conocieran que el derecho a la asistencia sanitaria permanecía mientras se estuviese en situación de alta o asimilada al alta en los regímenes de la Seguridad Social y que, en caso de pérdida, se podía recuperar.

Por su parte, el secretario general de Sanidad declaró que el hecho de que haya unos 40.000 españoles que perdieran la atención sanitaria puede deberse "al incremento de personas en paro que han perdido la prestación" y no tienen otras alternativas, como ser beneficiarios de titulares o acreditarse como persona sin recursos porque, aunque estén en paro y sin prestación, tienen alguna renta o patrimonio que supera el doble del indicador público de renta, unos 7.000 euros. En estos casos, "las comunidades pueden negarse a ofrecer una atención sanitaria ordinaria".

Jiménez aclaró que esta situación cambiará a partir del 1 de enero de 2012, con la entrada de la Ley General de Salud Pública, que garantiza la universalización de la sanidad a los miles de ciudadanos que permanecían fuera de la sanidad pública en España.

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