22 de enero de 2019
22.01.2019

Urbanismo afirma que existe un proyecto para legalizar la residencia de mayores

Tarife explica que se deben realizar obras para redimensionar el edificio y que pueda continuar con su actividad

22.01.2019 | 19:24
Residencia de Mayores El Drago del Marqués.

Una resolución judicial ha dejado al borde del cierre a la residencia de mayores El Drago del Marqués ubicada en Ifara, que anunció recientemente que tendría que cesar su actividad, en unas instalaciones que cuentan con más de 180 usuarios entre los que hay grandes dependientes. Sin embargo, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, apuntó este martes 22 de enero que existe un proyecto que permitirá legalizar la situación de este centro, después de que se realicen obras que redimensionen la estructura del inmueble, con las que tan solo tendría que reducir entre ocho y diez las plazas con las que cuenta en la actualidad.

Se trata de una alternativa que los anteriores gestores de la instalación presentaron la semana pasada en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Un proyecto a través del que se tendrán que afrontar obras para modificar "estructuras del edificio que la justicia ha dicho que no cumplen", para que el inmueble pueda proseguir con su actividad.

La residencia de mayores El Drago del Marqués anunció a través de un comunicado que el Tribunal Supremo había inadmitido el recurso presentado contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la que declaró nulas las licencias de construcción, actividad y habitabilidad que el Ayuntamiento de Santa Cruz había concedió a este centro. Una resolución judicial, que según los plazos estimados por la actual empresa que gestiona el centro, –que comenzó a trabajar en él en 2016, mucho después de que se iniciara el procedimiento judicial tras la denuncia de un vecino–, solo da dos meses para cerrar la instalación.

Una decisión que dejaba pendiente el futuro de los más de 180 usuarios, –entre los que hay mayores que ocupan plazas concertadas con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife–, y el de alrededor de un centenar de trabajadores.

La consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, mostró este martes la predisposición del Ejecutivo para tratar de aumentar todo lo que sea posible el plazo para el cierre. "Realizaremos un análisis profundo a través de los servicios jurídicos para intentar de ampliar el plazo de ejecución de la sentencia", ya que consideró que se trata de un tiempo muy ajustado "y se necesita más para poder reubicar a todos los mayores"

Por su parte, el portavoz de la empresa que gestiona el centro, Roberto Rodríguez, manifestó que la compañía ha hecho todo lo posible por hacer frente a esta resolución judicial pero "la triste realidad es que una vez se haga efectiva, el centro se queda sin licencia, y sin ella no puede continuar con su actividad".

De esta manera, apuntó en los micrófonos de Radio Club Tenerife que tratarán de ganar tiempo para aplazar el cierre y "garantizar una correcta salida a todos los usuarios", así como trabajar en la recolocación de los empleados en otras residencias de la compañía, tanto en Canarias como en otros lugares de España.

Sin embargo, el edil responsable del área de Urbanismo expuso este martes que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hará todo lo posible y mediará ante la propiedad de la residencia de mayores de Ifara para "explorar todas las opciones que permitan garantizar la viabilidad de este centro y del servicio que presta", cumpliendo siempre con las resoluciones judiciales.

De esta manera, anunció que los anteriores propietarios han presentado un proyecto para tratar de legalizar la situación del centro, un documento que ahora tendrán que estudiar los técnicos municipales para verificar su viabilidad.

El edil de Urbanismo convocará también a la anterior empresa gestora y a la actual a una reunión para estudiar conjuntamente "esta alternativa que va a permitir proceder a la legalización del inmueble, una vez que se hayan acometido obras de reforma, tal y como exige la Justicia".

El concejal explica que cuando se aplique la sentencia, la Gerencia de Urbanismo abriría un expediente de restablecimiento a la legalidad urbanística, en el que se solicitará que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para poder legalizar la situación del inmueble.

El portavoz de la actual gestora del centro, Roberto Rodríguez, manifestó la total predisposición de la empresa a "valorar todas las posibilidades que pueda haber para que la residencia siga en funcionamiento", pero argumentó que en ningún momento se les había trasladado hasta este martes la existencia de ese proyecto, que podría posibilitar que la residencia continúe con su actividad, a pesar de la resolución judicial.

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