09 de enero de 2019
09.01.2019

El Gobierno de Canarias cierra la compra de la VPO de Añaza por 24,8 millones

Las 358 familias en riesgo de perder su casa podrán seguir en las viviendas que pasarán a formar parte del parque público

09.01.2019 | 14:38
Anuncio de la compra de las 358 viviendas de Añaza.

Las 358 familias de Añaza en riesgo de ser desalojadas podrán continuar en sus viviendas. El Gobierno de Canarias anunció este miércoles 9 de enero que ha llegado a un acuerdo con el Banco Santander para adquirir por 24,9 millones de euros las dos promociones de Viviendas de Protección Oficial (VPO) que la entidad financiera tenía previsto vender a un fondo buitre.

La administración y el banco han mantenido en las últimas semanas una intensa negociación que ha permitido finalmente sacar a las 358 viviendas de Añaza de la operación financiera de venta de multitud de activos propiedad de la entidad financiera en toda España a un fondo buitre.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, anunció que antes del 15 de enero se transferirán los fondos a Visocan, la empresa pública que comprará y gestionará estas viviendas, y el objetivo es que en un mes y medio o dos meses se pueda formalizar la adquisición y la viviendas pasen a ser de titularidad pública. "Hemos negociado hasta el último momento y conseguimos cerrar la operación en estos últimos días", explicó, con una inversión que está por debajo del precio de tasación de las viviendas que se situaba en 28,5 millones.

Los representantes públicos comunicaron este miércoles el resultado de este acuerdo a los representantes vecinales en una reunión que tuvo lugar en Presidencia del Gobierno, en la que además del presidente regional, estuvieron presentes la consejera responsable de Vivienda, Cristina Valido; el presidente insular, Carlos Alonso; el alcalde, José Manuel Bermúdez, además de varios concejales santacruceros.

Un acuerdo que da sobre todo tranquilidad a los vecinos que llevan meses pendientes de si tendrían o no que abandonar sus viviendas, después de que se conociera que el Banco Santander había incluido estos dos inmuebles de Añaza dentro de un paquete de venta de activos tóxicos, en concreto de 35.700 viviendas en toda España, al fondo buitre Cerberus.

La consejera regional de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, explicó que en la operación que pretendía hacer el Santander no está afectada ninguna otra vivienda en Canarias. De esta manera, afirmó que el acuerdo anunciado este miércoles es "algo excepcional" ya que se trata del único caso en todo el Estado en el que se ha evitado que un número tan importante de viviendas de protección oficial acabe en manos de un fondo buitre.

Los representantes públicos apuntaron que el dinero para adquirir estos pisos lo aportará íntegramente el Gobierno de Canarias y se abonarán de una sola vez. Valido argumentó que una de las herramientas que utilizó el Ejecutivo para tratar de bajar el precio de venta fue precisamente pagar de forma íntegra la compra. "Sin duda el abono de una vez y no acudir a una operación de endeudamiento nos ha ayudado a conseguir esa bajada de precio hasta los 24,9 millones", expresó.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, aseguró sentirse feliz por poder anunciar este acuerdo que resuelve "un problema social muy importante que teníamos en Santa Cruz". El regidor quiso destacar la capacidad de organización que han tenido los vecinos afectados, conformando una comisión que actuara de interlocutora con las administraciones, algo que considera clave para que se haya resuelto el problema.

También quiso resaltar la coordinación entre las diferentes administraciones públicas canarias, que afirmó fue fundamental para parar el desalojo de "358 familias que se iban a la calle de la noche a la mañana". Bajo su punto de vista, "no hay ejemplos en otras comunidades autónomas con un nivel de familias tan grande donde la administración haya intervenido para resolver el problema", sino más bien todo lo contrario, "familias que sufren problemas similares y no están siendo amparadas por la administración porque la entidad financiera ya ha vendido los inmuebles a fondos buitres".

En el mismo sentido se expresó el mandatario insular, Carlos Alonso, quien quiso tranquilizar a los vecinos, a los que felicitó por la presión que han ejercido para que se resolviera la situación. Además aseguró que a partir de ahora el Ayuntamiento trabajará para "evitar que los coletazos de los procedimientos judiciales ya abiertos tengan efecto". De la misma manera, el Gobierno regional regularizará la situación de estas familias incluyendo estos pisos dentro del parque público de viviendas de alquiler "para que todas estas personas puedan desarrollar su proyecto de vida sin incertidumbres".

Inma Évora, que está actuando como asesora técnica en este caso, habló este miércoles en representación de los vecinos. La miembro de la PAH mostró la satisfacción que siente todo el colectivo vecinal tras haber conseguido que esas viviendas pasen a formar parte del parque público. "Estamos contentas porque cuando comenzó todo nos veíamos frente a un fondo buitre al que era imposible acceder y negociar", sostuvo.

De esta manera, manifestó que tras pedir ayuda a las instituciones las administraciones públicas de Canarias "dieron la respuesta que tenían que dar, que es estar al lado de los vecinos". Gracias al acuerdo de compraventa entre el Gobierno de Canarias y el banco "esas viviendas vana pasar a titularidad pública y ninguna de las 358 familias se va a ir a la calle".

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