08 de noviembre de 2018
08.11.2018

La edil de Vivienda revela que se ha acordado con el Santander la renovación de todos los alquileres de las VPO de Añaza

Carmen Delia Alberto explica en la Comisión de Control que el Ayuntamiento también ha impedido los desahucios por impago de rentas y asegura que ninguno de los lanzamientos tiene relación con retrasos en el abono de alquileres por parte del IMAS

08.11.2018 | 18:58

La concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Delia Alberto, señaló ayer que "se ha llegado a un acuerdo con el Banco Santander, propietario de las dos promociones de viviendas protegidas (VPO) de Añaza en las que residen 358 familias, para la renovación de todos los contratos de alquiler de los residentes", a la vez que recordó el papel que ha jugado "desde el minuto uno" el Ayuntamiento capitalino con su alcalde José Manuel Bermúdez a la cabeza, para "estar al lado de todas las familias, impedir además, los casos de desahucio por impago de rentas, así como se ha asumido el compromiso firme, junto con el Gobierno de Canarias, para negociar con la entidad propietaria, la adquisición de las viviendas". La edil añadió, durante su comparecencia en la Comisión de Control que había solicitado IUC, que "la operación de compraventa es muy complicada, toda vez que los inquilinos responden a diferentes situaciones económicas, aunque ninguna de ellas sobrepasa los criterios económicos que contempla la normativa para ser beneficiario de una VPO".

Carmen Delia Alberto reiteró que el papel del Consistorio capitalino en este asunto "ha sido fundamental y todo un aval a la hora de impedir los lanzamientos previstos por la entidad bancaria propietaria del inmueble" y agregó que el alcalde, José Manuel Bermúdez, "ha estado desde el minuto uno al lado de las personas que residen allí, con el fin de resolver su problema". De hecho, tras solicitar una reunión con los responsables de la entidad bancaria para que aclararan la situación en la que se encontraban las dos promociones de VPO tras saltar la de su posible venta al fondo buitre Cerberus, dentro de su estrategia para deshacerse de sus activos tóxicos, y no recibir contestación alguna después de una semana de espera, el alcalde Bermúdez y el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, anunciaron la retirada de fondos de ambas administraciones de las cuentas abiertas en el Santander, en total 29 millones de euros -dos millones de euros de la Corporación local y el resto de la insular-. Tras ejecutarse la orden de retirada de fondos, el banco cambió su política de silencio ante la opinión pública -hubo contactos de manera informal entre las dos partes-. En este sentido, la entidad financiera remitió un burofax en el que contestaba a alguna de los requerimientos realizados por parte de los reponsables políticos de las administraciones públicas.

La edil de Vivienda explicó que existe "un compromiso en firme y decidido por parte del Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias para adquirir las viviendas. Sabemos los arduos trámites que hay que realizar para comprar una, así que cuanto más serán los requisitos administrativos necesarios para hacerse con 358. Es innegable que es una operación compleja desde el punto de vista legal y, al tratarse de dinero público, no va a salir de hoy para mañana, porque hay unas directrices administrativas que cumplir".

"Por esa razón, me gustaría aclarar que ninguno de los desahucios programados está relacionado con retrasos en los pagos de los alquileres por parte del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) y que el régimen jurídico exige que tanto los adquirentes como los arrendatarios cumplan con unos requisitos, entre ellos los económicos que cumplen, en este caso, las familias arrendatarias", agregó la concejal de Vivienda.

Precisamente en este punto, la concejal lamentó "que se siembre la incertidumbre para sacar rédito político, contribuyendo a aumentar, con este tipo de cuestiones, la angustia y la desesperación de las familias por la situación que viven en la actualidad".

En la misma Comisión de Control, el octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Juan José Martínez, informó de las medidas de orden financiero adoptadas por el Ayuntamiento ante las amenazas de desahucio de estas viviendas sociales de Añaza. En este sentido, Martínez indicó que ante el riesgo social que comportaba el desalojo de decenas de familias "dimos indicaciones a la Tesorería municipal para que revisara a la baja la posición del Ayuntamiento en esas entidades".

En concreto, Martínez confirmó que, como consecuencia de ello, se produjo la retirada de dos millones de euros del Banco de Santander contribuyendo, de esta forma, a un replanteamiento de la situación por parte de la entidad financiera.

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