08 de junio de 2018
08.06.2018
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La Justicia rechaza el recurso de los condenados por el 'mamotreto' de Las Teresitas para que se legalizara parte de las obras

Los exdiles Parejo y Plasencia y los funcionarios Ariz y Gómez acuden ahora al Tribunal Superior de Justicia de Canarias

08.06.2018 | 14:24
El mamotreto de Las Teresitas fue derribado el año pasado.

Los condenados deben pagar al Ayuntamiento el coste del derribo, 424.000 euros

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado el recurso interpuesto por los condenados en el caso del mamotreto de Las Teresitas, los exconcejales nacionalistas de la capital Manuel Parejo y Norberto Plasencia, la extécnica de Infraestructuras Loreto Ariz y el funcionario de Urbanismo Epifano Gómez, contra la negativa del Ayuntamiento chicharrero a la petición de los recurrentes para modificar la normativa urbanística y evitar así parte de la demolición del edificio de aparcamientos y locales comerciales de la playa capitalina.

Los recurrentes fueron condenados en su día por el Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife, además de a distintas penas de prisión e inhabilitación por prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio, a costear la demolición del edificio de aparcamientos, pero el fallo en apelación de la Audiencia, si bien confirmó la condena, dejó abierta la posibilidad de que el Ayuntamiento pudiera legalizar parte de las obras ilícitas,y con ello evitara parte de la demolición, si se producía una modificación del planeamiento municipal. Se da la circunstancia de que el edifico ya ha sido derribado en su totalidad por el Consistorio chicharrero, gastándose 424.000 euros.

Los condenados pidieron al Ayuntamiento de Santa Cruz que llevase a cabo estas modificaciones y al recibir una respuesta negativa de la Corporación, en abril de 2016, acudieron a la jurisdicción contencioso administrativa, que ahora no sólo ha desestimado el recurso, sino que les ha condenado en costas. El fallo considera "paradójico" que "quienes han resultado ser condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones públicas en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se alcen ante esta jurisdicción en defensa del patrimonio municipal".

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo entiende que la decisión de proceder o no a la legalización instada por los condenados es competencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y no un "derecho subjetivo" de los condenados, y explica que al haber sido acordada en la vía penal, la cuestión corresponde al incidente de ejecución de aquel fallo. Recuerda en este sentido la autoridad judicial la existencia de un auto del Juzgado de lo Penal que conmina al Ayuntamiento a la "demolición total de la obra".

Plasencia, Parejo, Ariz y Gómez han decidido recurrir en apelación dicha sentencia ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superiro de Justicia de Canarias.

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