07 de junio de 2018
07.06.2018

La judicatura rechaza el informe de movilidad de Cabo Llanos por utilizar "datos inciertos"

La Plataforma pro Edificio Judicial en Cabo Llanos asegura que la nueva sede no creará más tráfico porque los órganos que se trasladen ya están en el mismo ámbito

07.06.2018 | 17:10
La judicatura rechaza el informe de movilidad de Cabo Llanos por utilizar "datos inciertos"

El presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, y el decano de los jueces del partido judicial de la capital tinerfeña, Juan Luis Lorenzo Bragado, rechazaron ayer el informe de movilidad de la zona de Cabo Llanos porque "utiliza datos inciertos, va contra el PGO ya aprobado y con el estudio de viabilidad y movilidad que se elaboró hace más de doce años cuando se realizó el proyecto de construir una Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos. Aquel proyecto, basado en una torre de 26 alturas y un atrio de 14 pisos, se iba a construir entonces sobre una de las tres parcelas que hoy forman parte del proyecto. "Las dimensiones de la posible Ciudad de la Justicia que se estudia hoy son similares a las de entonces, lo único que en lugar de una torre elevada como se propuso entonces, se da solución con un edificio más bajo pero en una mayor superficie, como si acostáramos la torre, con una zona ajardinada, una plaza, un entorno más amable y atractivo para todo el entorno".

Astor Landete y Lorenzo Bragado forman parte de la Plataforma pro Edificio Judicial en Cabo Llanos, un colectivo formado por magistrados, jueces, abogados de la Administración de Justicia, Colegio de Abogados y el de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife, así como la mayoría de funcionarios. Los dos jueces señalan que "construir la Ciudad de la Justicia en el ámbito de Cabo Llanos no aporta nada nuevo en lo que a movilidad se refiere".

"Ya estamos aquí, en el Palacio de Justicia de la Avenida Tres de Mayo y en otras sedes dispersas en el mismo área por falta de espacio suficiente en este palacio", por ello ambos magistrados señalan que "no es cierto que la nueva infraestructura vaya a provocar un aumento del 6% en el volumen del tráfico, incremento del tiempo de los viajes o crecimiento de las colas como se apunta en el informe de movilidad que encargó la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, tras solicitarlo la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento santacrucero como requisito para analizar la viabilidad urbanística de las parcelas de dicha área de la ciudad, estudio que ya se analizó antes de que se presentara el proyecto de la torre judicial en 2006".

"Con la nueva Ciudad de la Justicia lo único que va a ocurrir es que nos traslademos desde este edificio a aquella otra parcela, no es que vayamos a caer del cielo un montón de juzgados y funcionarios. Los mismos que ahora utilizamos el coche o el transporte público para acudir al actual Palacio de Justicia, seamos los funcionarios que lo hacemos todos los días o los ciudadanos que tienen un asunto que resolver en los Juzgados, lo seguiremos haciendo igual en el futuro", refiere Astor Landete que añade que "si nosotros no hemos creado un problema de movilidad hasta ahora no vamos a crearlo si nos movemos a otra parcela. Creemos que el estudio no es objetivo y da a entender de que la Ciudad de la Justicia generaría problemas y eso crea alarma", recuerda.

Astor Landete afirma que el nuevo informe de movilidad "no aporta nada, añade problemas a los que ya pudieran haber y, lo que más preocupa es que no expone soluciones, no ya a la Justicia, sino a la ciudad de Santa Cruz". En este sentido señaló que "si hay problemas de movilidad en el entorno, que se asuma y se diga; que se explique por qué es y se aporten soluciones, no problemas".

El presidente de la Audiencia Provincial señala que "sería conveniente" que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife "asuma de una vez por todas sus responsabilidades para terminar de consolidar la zona de Cabo Llanos, que tiene parcelas convertidas en descampados y alguna vez habrá que buscar una solución para dar seguridad y estabilidad a la zona".

Tanto Astor Landete como Sánchez Bragado afirman que "el informe no tiene ni pies ni cabeza" porque en el documento los autores utilizan datos sobre el uso de vehículos que asumen como ciertos sin que se haya hecho una encuesta para saberlo y es más: se dice en el estudio que hay 14 conducciones de detenidos en patrullas policiales de media en hora punta, pero en realidad entran tres furgones policiales en hora punta y a lo largo de todo el día la cifra es de seis furgones, como mucho. La Guardia Civil, salvo circunstancias muy excepcionales no hace conducciones de presos entre las 08:00 y las 09:00 horas, sino después de esa hora", avalan.

"El rigor del informe es más que cuestionable", aseguran los magistrados. "Si este dato tan particular ya es erróneo y está sobredimensionado, hay motivos suficientes para no creernos el resto de las variables y datos que se señalan en el informe, un estudio que por cierto ni tiene una introducción para definir qué es lo que se pretende con el estudio, no cita las fuentes de las que se han obtenido los datos y, además, no avanza en ninguna conclusión que arroje luz al problema de movilidad que tiene la zona de Cabo Llanos".

En Cabo Llanos, además, está el intercambiador de guaguas y el tranvía, un nodo de transportes públicos que ni siquiera tiene El Sobradillo, que es la otra opción que baraja el Gobierno de Canarias, una zona que además también tiene problemas de movilidad y que aún no se ha hecho un estudio de impacto ambiental pues se levantaría una enorme infraestructura en un lugar donde no hay edificios similares.

Los dos juristas creen que el estudio se ha hecho partiendo de los datos que existen hoy en día sobre el volumen del tráfico en la zona de Cabo Llanos y luego, simplemente, se han sumado o superpuesto las cifras que se calcularon en el estudio de movilidad que hizo el año pasado el Cabildo respecto a la opción de construir la Ciudad de la Justicia en una parcela de El Sobradillo. "Se ha hecho un estudio como si se fuera levantar una infraestructura con nuevos servicios que no estuvieran ya en Cabo Llanos, pero lo cierto es que estamos, aunque en un edificio que desde 1997, cuando se abrió, es claramente insuficiente para la cantidad de juzgados que hay, la población que se atiende y el volumen y cargas de trabajo que se asumen", subrayan.

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