13 de abril de 2018
13.04.2018
'Caso Siliuto'

El exconcejal Norberto Plasencia, condenado a cuatro años de prisión por prevaricación y malversación

El exedil Manuel Parejo y el secretario delegado de Urbanismo Víctor Reyes quedan absueltos

14.04.2018 | 09:45
Fachada de la Casa Siliuto, en el barrio del Toscal.

Plasencia deberá, además, pagar un tercio de las costas procesales e indemnizar al Ayuntamiento de Santa Cruz con más de 290.000 euros por el sobreprecio de compra y la plusvalía

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado al exconcejal nacionalista Norberto Plasencia a cuatro años de prisión por los delitos de prevaricación administrativa y malversación agravada de caudales públicos por la compra a finales del año 2002 de la Casa Siliuto, en el barrio de El Toscal, a un precio más elevado -casi el doble- del que habían fijado los técnicos municipales. Además, Norberto Plasencia -que en la actualidad se encuentra en prisión cumpliendo una condena de dos años y tres meses por el caso mamotreto- deberá indemnizar al Ayuntamiento de la capital tinerfeña en más de 292.000 euros correspondientes al sobreprecio que se abonó con fondos de las arcas municipales en la compra de la casona, así como lo devengado por el pago incorrecto del impuesto de plusvalía, un tributo que siempre debe hacer frente el vendedor y no el comprador, en este caso el Ayuntamiento, a cuya Tesorería se le cargó el impuesto. Las otras dos personas que venían siendo acusadas de los mismos delitos en este procedimiento penal: el exconcejal nacionalista Manuel Parejo y el entonces secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, han quedado absueltos.

La Audiencia Provincial comunicó ayer a las partes la sentencia dictada por el conocido como caso Siliuto, un expediente que se abordó en el Ayuntamiento capitalino en 2002 para adquirir la propiedad situada en el número 10 de la calle San Antonio del citado barrio, una casa de principios del siglo XX declarada como BIC y sobre la que el Ayuntamiento tenía interés en adquirir para convertirla en la sede de la Casa Insular de la Juventud.

El fallo judicial, al que ha tenido acceso la opinión de tenerife, absuelve a Manuel Parejo y al funcionario Víctor Reyes, mientras que condena a Norberto Plasencia por el delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación agravada de caudales públicos "a penar separadamente por la malversación" a la pena de cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación absoluta, y por el delito de prevaricación a siete años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público. Asimismo, debe abonar un tercio de las costas procesales y de los honorarios de la acción popular que representó a Izquierda Unida, así como el acusador civil, que ejerció el propio Ayuntamiento capitalino.

Norberto Plasencia, de quien el tribunal dice que "tramó un plan para beneficiar a los vendedores de la vivienda a sabiendas de que con ello se malgastaba dinero público", también deberá indemnizar al Ayuntamiento capitalino por el sobreprecio y lo devengado por el impuesto de plusvalía en la compraventa. Así, el tribunal considera ajustada la cantidad demandada por la Fiscalía, por lo que Plasencia debe indemnizar al Ayuntamiento con 280.291,89 euros, por el sobreprecio; y otros 10.946,06 euros correspondientes al impuesto de plusvalía más intereses.

Sobreprecio

Los hermanos Alonso Siliuto contrataron a un arquitecto que elaboró un informe de tasación de la propiedad que querían vender al Ayuntamiento, un estudio de valoración que fijó el precio de su propiedad en 612.777,78 euros, formalizando el 25 de septiembre de 2002 una oferta de venta por dicha cantidad. Norberto Plasencia, concejal de Urbanismo entonces, encargó un estudio de tasación a los técnicos municipales de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

La sentencia señala que Plasencia, en su intención decidida de adquirir el inmueble y sospechando que el informe de los técnicos municipales podía reflejar un precio de valoración inferior al que presentó el arquitecto de la familia vendedora, encargó un estudio a una tasadora externa, encomendándole el trabajo a Tinsa, entidad que entregó su informe el 8 de octubre, un informe que en ningún caso hacía referencia a las limitaciones urbanísticas que afectaban al inmueble tasado y que eran conocidas por el acusado. La tasación presentada por Tinsa valoraba la finca en 705.966,11 euros.

El 23 de octubre, los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo presentaron su informe en el que calcularon el valor del inmueble en 332.469,69 euros. En este informe, los funcionarios tuvieron en cuenta el valor de repercusión del inmueble y la parcela, así como el aprovechamiento urbanístico que permitía el Plan General de Ordenación Urbana (PGO).

El 20 de noviembre, el arquitecto responsable del Plan Municipal de Sedes, Fermín García Morales, emitió un informe sobre el uso al que se iba a destinar la Casa Siliuto: futura sede de la Casa Insular de la Juventud. En el estudio, el arquitecto expuso la situación urbanística vigente del inmueble (suelo urbano común de planeamiento remitido al ámbito del Parque Urbano a desarrollar mediante el Plan Especial del Toscal), así como la ordenación previsible conforme a la Adaptación Básica del PGOU, aprobada el 18 de octubre de 2002 (suelo urbano no consolidado).

El edil Norberto Plasencia, según la sentencia, "era conocedor de los diferentes informes de tasación y tenía plena conciencia de las limitaciones urbanísticas que afectaban al inmueble, y a pesar de ello decidió elegir la oferta presentada por los hermanos Alonso Siliuto en lugar de la valoración que realizaron los técnicos municipales. De esta manera, el Ayuntamiento iba a pagar casi el doble por una propiedad con limitaciones urbanísticas. De esta manera, la Gerencia de Urbanismo solicitó a la Intervención delegada de Urbanismo la retención de crédito presupuestario por la cantidad de 612.777,78 euros, que era la oferta pretendida por la parte vendedora.

El secretario delegado de Urbanismo, Víctor Reyes, a quien Norberto Plasencia le había indicado que elaborara una propuesta de resolución dirigida al Consejo de Administración de la Gerencia, señaló en dicho informe que "a la vista de las valoraciones presentadas, se concluye que la valoración aportada por el propietario es adecuada y suficiente". El Consejo de Administración aprobó el expediente puntualizando que los impuestos, gastos y arbitrios serían asumidos por las partes según dispone la ley.

Ante un notario, Norberto Plasencia ordenó el pago a los vendedores a través de dos cheques por 306.388,89 euros. Además en dicho acto, de forma unilateral y en contra de lo dispuesto por el Consejo de Administración, incluyó en la escritura pública que "el pago del impuesto de plusvalía, todos los gastos y tributos que se originaran por la compraventa, correspondía asumirlo la parte compradora, siendo consciente del perjuicio evidente que ocasionaba al erario público".

Tras diversas actuaciones de los servicios de recaudación del Ayuntamiento relacionadas con el pago de la plusvalía y su correspondiente liquidación, el 6 de mayo de 2005 se dictó una resolución por el que en esos momentos era concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, en la que estipulaba que la cláusula introducida en la escritura pública sobre el abono de los gastos, tributos y plusvalías debía ser asumida por el Ayuntamiento. En un informe de Intervención se observó la contradicción del acuerdo del Consejo de Administración y la cláusula de la escritura pública. El 30 de septiembre de 2005 se dictó un decreto por el que se anulaba la liquidación del impuesto y los intereses.

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