27 de febrero de 2018
27.02.2018

La trama 'arregló' expedientes en 7 días que tardaban en resolverse cuatro meses

La Fiscalía retira los cargos a uno de los 16 acusados para los que pide seis años de prisión por un delito de cohecho y cinco por prevaricación y falsedad documental

27.02.2018 | 18:10
Los acusados, de espalda, en una de las sesiones del juicio por el caso Catastro que se sigue en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Los dos funcionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife que están acusados de pertenecer a una presunta trama en la que presuntamente habrían aceptado sobornos a cambio de agilizar diversas tramitaciones de expedientes de propiedades, al menos entre los años 2010 a 2014, "lograban tramitar y resolver expedientes de todo tipo en un plazo de tiempo récord de siete días, cuando lo habitual, en el caso de expedientes de subsanación de discrepancias, es que la administración pública tarde una media de 140 días, unos cuagtro meses".

La urgencia con la que se tramitaban los expedientes tiene que ver con el hecho de que "para resolverlos la trama delictiva no requería ni la documentación necesaria, ni se daba trámite de audiencia a terceras personas que pudieran verse afectadas por el cambio de títulos, segregaciones o modificaciones de superficies reclamadas en el expediente a tramitar; ni siquiera entraban en la oficina del Catastro por el conducto reglamentario, es decir, que ni se daba cuenta del registro del expediente que otorga seguridad jurídica de plazos, por lo que tampoco se respetaba el orden de llegada de los expedientes para, una vez incoados, resolverlos". Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado el representante del Ministerio Fiscal, Jonay Socas Pérez, en su informe de conclusiones que expuso ayer ante el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife donde se ha juzgado a 16 personas por la presunta comisión de los delitos de cohecho, prevaricación administrativa, falsedad documental e infidelidad en la custodia de documentos en el ámbito de la Gerencia Territorial del Catastro.

El fiscal incidía en esta forma en la que operaban los principales acusados de esta trama que él mismo ha calificado como "catastro paralelo" después de que concluyeran las declaraciones de los peritos judiciales, siendo el último de ellos Juan Ignacio González Tomé, subdirector general de la Dirección General del Catastro. González Tomé manifestó que el tiempo medio en la tramitación de un expediente de subsanación de discrepancias estaba cifrado en 140 días para su resolución y notificación al interesado, sin embargo, los registros analizados en la operación Perceval llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil muestran que los implicados en la trama resolvían los expedientes en tan solo siete días. "En otras ocasiones, incluso, lo tramitaban y notificaban en el mismo día", lo que para la entonces gerente de la sede territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife, Sara Anguita, "tenían que ser casos muy raros, sin ningún tipo de reparos en la documentación recibida y coincidiendo que en la misma jornada en la que se recibe y registra, se pasa al área correspondiente que la tramita, resuelve y notifica". La gerente incidió en que a lo sumo, los expedientes más sencillos se podían tramitar en una hora, pero alcanzar la resolución, cumplimentar todas las etapas y notificar al interesado, podía tardar entre tres y cuatro días, y estos casos se consideraban como los más rápidos en tramitarse.

Retira la acusación

El representante del Ministerio Fiscal y la letrada personada por la Abogacía del Estado, retiraron ayer al elevar a definitivas sus conclusiones provisionales, la acusación que se venía sosteniendo contra Manuel Adolfo S. N., lo que produjo una clara satisfacción por parte del propio investigado quien siempre había mantenido su inocencia y la no participación en esta presunta trama corrupta. Su abogado, Avelino Míguez Caíña, se quejó de que no se hubiera retirado la acusación a su patrocinado con anterioridad dadas las pruebas presentadas que evidenciaban que su cliente no había participado en los hechos presuntamente delictivos. Además, se quejó de la manera en la que la letrada de la Abogacía del Estado llevó a cabo la acusación de Manuel Adolfo S. N., para quien solicitaba que se le impusiera una pena de 16 años de prisión. Por ello, Míguez Caíña solicitó que se impusieran las costas procesales imputadas por su defendido a la Abogacía del Estado, cifrando éstas en torno a unos 30.000 euros.

El presidente del tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial dictó in voce sentencia absolutoria para Manuel Adolfo S. N., quien abandonó la sala en ese mismo instante con la venia de los magistrados.

El fiscal, añadió otra modificación para que se incluyera en su escrito de conclusiones definitivas. Señaló que aunque no se trataba realmente de una modificación cualitativa, sí hacía referencia a un error tipográfico contenido en su escrito provisional. Y es que cuando ese escrito se presentó tras el auto de transformación en Procedimiento Abreviado, se obvió incluir las penas solicitadas para los delitos por prevaricación administrativa y falsedad documental, que es de cinco años de reclusión. En el escrito de acusación provisional solo recogía la solicitud de seis años de prisión para cada uno de los procesados por el delito de cohecho, por lo que habrá de sumarse ahora los cinco años por el de falsedad documental. Por dichos delitos, así como el de infidelidad en la custodia de documentos, la Fiscalía también solicita 12 años de inhabilitación para el ejercicio de profesiones que tengan relación con la actividad catastral o inmobiliaria así como cuantiosas multas dinerarias para cada uno de los ahora 15 procesados que quedan en la causa.

El testimonio pericial de González Tomé vino a refrendar lo que sostiene la Fiscalía y es que tanto Jesús D. D., jefe del área de Informática del Catastro Territorial santacrucero, como Paloma C. I., jefa del área de Planificación Urbana tramitaban expedientes sin sello de registro de entrada, con documentación insuficiente, con notificaciones en mano o sin constancia de su recepción o con modificaciones sin notificar. Además se tramitaban en tiempo récord fuera del conducto reglamentario a cambio de cantidades de dinero que cobraban a los particulares, entre los 300 euros a los 1.000 y 3.000 euros, dependiendo de la dificultad del expediente.

Los particulares contactaban principalmente con Santiago Cristóbal D. M., sobrino de Jesús D. D. o mediante Manuel Abelardo S. H., exoficial de una notaría de La Laguna que facilitaba "borradores" o fotocopias de tramitación –no válidas jurídicamente– para acelerar o realizar cambios en las documentaciones catastrales, lo que tenía una especial incidencia en otros presuntos fraudes tributarios al reducirse superficies y dejar de abonar el IBI correspondiente u otras tasas, donaciones y segregaciones de fincas ocultas para evitar impuestos como el de sucesiones.

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