16 de febrero de 2018
16.02.2018
´Caso Catastro´ | El juicio penal

La Audiencia juzga a once personas por sobornos en el Catastro provincial

La Fiscalía les acusa de cohecho, prevaricación, falsedad en documento público, infidelidad en la custodia y organización criminal

17.02.2018 | 00:11
Sede del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife.

Resolvían expedientes en pocos días a cambio de dinero

  • El principal acusado en el caso Catastro, Jesús D. D., tenía acceso a las claves de usuario de los trabajadores de la Gerencia Territorial del Catastro provincial de Santa Cruz de Tenerife, al desempeñar las funciones de jefe de Planificación Informática. Usando su propia clave, o la de otros compañeros, accedía a los expedientes y se ponía en contacto con los interesados para, a cambio de dinero, realizar la gestión y subsanación de discrepancias en pocos días cuando el plazo habitual para la resolución de expedientes suele ser de unos seis meses, todo según el escrito de calificación de la Fiscalía Provincial al que ha tenido acceso la opinión de tenerife. Para llevar a cabo la gestión, Jesús D. D. contaba con otros colaboradores, tanto dentro de la Gerencia del Catastro como empleados del sector notarial, registraduría e inmobiliario. El acusado se apropiaba del 50% del dinero que recibía de los interesados particulares en resolver los expedientes y repartía el resto entre quienes le auxiliaban en esa labor. A raíz de la denuncia del jefe de Sección del Área de Normalización de la Gerencia Territorial del Catastro, que encontró indicios de que Jesús D. D. se hacía pasar por él telemáticamente para la resolución de expedientes que él debía resolver, puso en conocimiento de la Guardia Civil sus sospechas y se llevó a cabo una investigación interna, hallándose 15 expedientes en los que el principal acusado intervino. Posteriormente, se comprobó la existencia de un total de 849 expedientes catastrales que entre 2010 y 2012 fueron tramitados en parte o en su totalidad por este acusado. Así, resolvió expedientes sin sello de registro de entrada, con documentación insuficiente, con notificaciones en mano o sin constancia de su recepción y/o con modificaciones sin notificar. Paloma C. I., jefa de Planificación Urbanística del Catastro, también intervino en la resolución de expedientes. Ambos contaban con una red de contactos para conseguir particulares dispuestos a pagar el sobrecoste para resolver los expedientes fuera del conducto ordinario. Entre ellos también están acusados Manuel Abelardo S. H., Santiago Cristóbal D. M., Alberto Jesús D. M., Guzmán V. T., José Juan R. D. y Manuel Jesús M. N., Sandra M. G., Daniel David M. C. y Manuel Adolfo S. N.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebra a partir del próximo lunes el denominado macrojuicio por el caso Catastro. Una causa por la que se sentarán en el banquillo 11 personas acusadas, aunque durante la fase de instrucción fueron 18 los investigados pero la Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional a favor de siete de ellos al no hallar más que meros indicios no suficientes para sostener una acusación formal.

A los investigados se les acusa de supuestamente haber diseñado una trama criminal para cobrar sobornos por realizar diversas gestiones en documentos catastrales en la Gerencia Territorial del Catastro de la capital tinerfeña. La Fiscalía solicita para ellos penas que giran en torno a los nueve y los 28 años de prisión, entre otras penas como la inhabilitación para el ejercicio profesional que venían realizando o cualquier otro relacionado con la actividad inmobiliaria y catastral, así como multas, por la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento público, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho y organización criminal.

La investigación se inició a comienzos de 2014 a raíz de una denuncia por parte de una funcionaria de la propia oficina territorial del catastro de Santa Cruz de Tenerife tras detectar diversas irregularidades. La Guardia Civil inició las investigaciones por orden judicial y en un primer momento detuvo a tres personas, e imputado a una cuarta, por delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias cometidos desde el Catastro de Santa Cruz de Tenerife, en el marco de la operación Perceval.

Los arrestados son un funcionario de la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife, un antiguo trabajador de una notaría, y un gestor. La persona imputada es funcionaria de la citada administración. Estas personas están acusadas de delitos de prevaricación, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias.

La investigación fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Cristóbal de La Laguna y durante la fase de instrucción se llegó a investigar a 18 implicados en la supuesta trama criminal, de los que once de ellos han sido formalmente acusados.

Los funcionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife, en acuerdo con personas relacionadas con el sector inmobiliario o certificación notarial, procedían a la emisión de resoluciones y certificaciones catastrales irregulares favoreciendo los intereses de terceras personas que recibían ingresos económicos irregulares por facilitar dichos procedimientos administrativos.

Supuesto irregular

Estos beneficiarios de las actividades ilícitas pagaban altas cantidades de dinero para alterar la titularidad de parcelas, tanto de personas vivas como recién fallecidas; modificar superficies y trazado de las mismas, en muchos casos para obtener más terreno; inscribirlas irregularmente en el Registro de la Propiedad, reducir impuestos de bienes inmuebles a pagar, e, incluso, realizar trámites administrativos que tardan entre seis meses y un año en un solo día, entre otras acciones ilícitas.

Durante la investigación, se pudo determinar cómo algunas personas, burlando los canales reglamentarios, conseguían certificaciones catastrales sobre determinadas parcelas. Estos, contaban con la ayuda de los ahora detenidos, que incumpliendo las normas esenciales del procedimiento propio para este tipo de tramitaciones, falseaban las bases de datos del Catastro y emitían las certificaciones con una nueva realidad catastral, explica la Benemérita en un comunicado de prensa.

De forma posterior, dichas certificaciones eran incorporadas a protocolos notariales, siendo utilizados, entre otras cosas, para aportarlos al correspondiente Registro de la Propiedad y así inscribir las parcelas de manera ilícita.

Durante la instrucción judicial se realizaron entradas y registros en domicilios de los detenidos y en dependencias de la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife.

La operación se encargó al Grupo de Delitos Contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyos agentes se trasladaron desde Madrid, así como por la Unidad de Policía Judicial del mismo Cuerpo de Santa Cruz de Tenerife, todo ello en estrecha colaboración con la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El principal acusado es Jesús D. D., que ocupaba desde el año 2000 el puesto de jefe de Planificación Informática de la sede del Catastro. En 2010 empezó a usar sus claves de acceso al sistema de Gestión Catastral que le permitían operar con todas las aplicaciones del catastro, pero también empleaba las claves de otros usuarios del sistema a las que tenía acceso por ser responsable informático de gestión de contraseñas, "resolvió expedientes catastrales frecuentemente relacionados con la subsanación de discrepancias físicas y/o jurídicas de fincas, tramitándolos para particulares en un tiempo inferior al ordinario y sin observar el procedimiento reglamentario, a cambio de una suma de dinero en metálico y sin expedir recibo alguno", según la Fiscalía. Del dinero, éste se quedaba con el 50% y el resto lo repartía con otros colaboradores, también acusados.

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