16 de septiembre de 2018
16.09.2018
EDITORIAL

Un Estatuto para las futuras generaciones

La nueva ´carta magna´ autonómica refuerza el autogobierno, amplía derechos, clarifica las relaciones con el Estado y sirve de plataforma institucional para que el REF despliegue todo su potencial como herramienta clave para el desarrollo económico y social del Archipiélago

16.09.2018 | 03:13

La esperada reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias entra en su recta final tras la aprobación el pasado jueves por el Pleno del Congreso de los Diputados del dictamen elaborado previamente por la Comisión Constitucional tras los esforzados acuerdos alcanzados por las diferentes formaciones políticas en ponencia durante largos meses de negociación no exenta de tensiones y de amagos de ruptura. El texto que ya está camino del Senado debe convertirse en realidad y alcanzar las páginas del Boletín Oficial de Estado antes de finales de año si no quiere correr el riego de que la efervescente e inestable situación política española provoque un adelanto electoral antes de esas fechas y una disolución de las Cámaras, lo que haría decaer la proposición de ley remitida en su día por el Parlamento de Canarias que contiene la reforma estatutaria. Sería un escenario que Canarias y su ciudadanía no pueden permitirse. Sería la segunda vez que en once años se perdería una oportunidad de actualizar la llamada carta magna autonómica tras el frustrado intento de 2007.

Un nuevo aplazamiento supondría mantener a la comunidad autónoma, sus instituciones y el ordenamiento básico de derechos y deberes de la ciudadanía bajo las premisas políticas, económicas y sociales de 1996, año de la única reforma del texto original de 1982 llevada a cabo hasta ahora. Son premisas superadas desde hace tiempo y que requieren la revisión y actualización que ya se ha producido en la mayoría de los Estatutos de las demás comunidades autónomas. Tanto en relación con el funcionamiento de la estructura político-institucional de la comunidad autónoma y su ámbito competencial, como en aquellos aspectos que inciden en el desarrollo económico y social del Archipiélago en el marco de la nueva realidad de una sociedad global, la actualización del Estatuto es un requisito imprescindible para que se mantenga como pilar y marco de la convivencia de los canarios de las próximas generaciones, y de una sociedad más justa y transparente.

El texto que se aprobó el jueves en el Congreso contiene novedades importantes en todos los apartados y responde a una voluntad mayoritaria de las fuerzas políticas de encajar el mínimo común denominador entre todas ellas sobre la base del respeto a la Constitución, como demuestra el hecho de que dos formaciones que no la apoyaron en su origen, el PP y NC, se hayan sumado al que inicialmente dio origen al proyecto entre CC y el PSOE. Sólo Podemos y Cs, sin presencia en el Parlamento regional entonces, mantienen sus reservas al nuevo texto, más profundas en el primer caso porque, de facto, la formación morada repudia todo lo que tenga que ver con lo que llama el "Régimen del 78", mientras que el partido naranja se limita a buscarse un hueco político en las Islas.

La nueva carta magna canaria, de lograr concluir la tramitación que le resta, refuerza el autogobierno, incorpora o consolida derechos, clarifica las relaciones con el Estado y sirve de plataforma institucional para que el Régimen Económico y Fiscal (REF) despliegue todo su potencial como herramienta clave para el desarrollo económico y social del Archipiélago. No es casualidad que, de forma paralela, las Cortes estén también en la recta final de la tramitación del REF económico para actualizar los mecanismos de compensación en las políticas de Estado por la lejanía y la insularidad. Muchos de los elementos del REF remozado tienen su réplica en el nuevo Estatuto precisamente porque ambos inciden en la misma idea de mecanismos imprescindibles, pero complementarios, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en un contexto de salida de la mayor crisis económica de la historia moderna, y de un horizonte de complejidad por las nuevas claves de la economía y la sociedad modernas.

Precisamente el anclaje del REF como derecho constitucional consolidado de la comunidad autónoma para garantizar el bienestar de los canarios en las mismas condiciones que el resto de los españoles es una de las novedades más importantes del nuevo Estatuto. Se consagra en la norma el valor de la lejanía, la insularidad y la ultraperifericidad de Canarias como factores que obligan al Estado a adaptar sus decisiones políticas, normativas, financieras y presupuestarias a las particulares necesidades de las Islas, un reconocimiento específico que ya se encuentra en el Tratado de la UE. Como elemento añadido en esta materia durante la tramitación en el Congreso cabe destacar que ese reconocimiento conlleva la exclusión de los recursos del REF del mecanismo de reparto de fondos estatales de la financiación autonómica.

El nuevo Estatuto, del cuya profunda reforma da idea el hecho de que pase de 65 a 201 artículos (más cuatro disposiciones adicionales y dos transitorias), define por fin a Canarias como un "archipiélago atlántico" e incorpora el mar como parte de su ámbito espacial dando cuerpo al reconocimiento de unas "aguas canarias" sobre las que la comunidad autónoma podría actuar. Contiene el texto como elemento conceptualmente relevante el hecho de que ya mencione a La Graciosa como una isla más del Archipiélago, aunque sin administración propia. Se abre la puerta a la creación de un himno propio, y a la "defensa, promoción y prestigio de la modalidad lingüística del español atlántico", y se amplía considerablemente el catálogo de derechos que deben ser protegidos por los poderes públicos, como al derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación por razón de orientación o identidad sexual, o la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, al tiempo que se combatirá la violencia machista y se protegerá a sus víctimas, además de tener en cuenta la perspectiva de género en todas sus políticas. También se reconoce el derecho a una indeterminada "renta de ciudadanía" para las víctimas de exclusión social, y se asume la protección y el bienestar de los animales como "seres que sienten" como objetivo de una futura ley.

Sin duda el nuevo Estatuto da un salto cualitativo en el aspecto político-institucional con el otorgamiento al Presidente de capacidad para disolver el Parlamento y convocar elecciones, y acerca la vida política al sentir ciudadano al eliminar los aforamientos de los diputados regionales, y al crear un Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el ámbito competencial se abren múltiples posibilidades de asumir nuevas atribuciones mediante convenios con el Estado, con especial incidencia en la gestión de costas y en la acción exterior. Se impulsan también los mecanismos para las políticas de sostenibilidad medioambiental.

El controvertido sistema electoral canario es el otro punto clave que reforma el nuevo Estatuto, aunque aun de manera incompleta. Además de rebajar los topes electorales para acceder al Parlamento, del 30 al 15% en cada una de las Islas, y del 6 al 4% en el ámbito de la comunidad, incrementa en 10 el número de diputados a elegir para permitir con ella una mejor proporcionalidad en la representación ciudadana. Nueve de esos escaños extras se asignarán a través de una lista regional y el décimo se otorga directamente a Fuerteventura por estar claramente infrarrepresentada en el sistema actual. Es una solución de urgencia con la que se quiere romper la estructura de la triple paridad que sirvió para los primeros años de Autonomía, pero que ahora constituye un evidente déficit democrático en el sistema político del Archipiélago. Es evidente que ampliar el número de diputados no es popular, pero es la fórmula que ha permitido desbloquear un debate enquistado.

El nuevo documento, a propuesta de Podemos, que sí ha entrado en el pacto electoral, insta al Parlamento de Canarias a elaborar una ley propia en el plazo de tres años para resolver definitivamente el problema. Es un asunto pendiente que debe abordar desde el primer momento la Cámara que surja de las próximas elecciones, esperemos que ya con el nuevo Estatuto en vigor y con la reforma electoral activa.

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