15 de septiembre de 2018
15.09.2018
RETIRO LO ESCRITO

El nuevo Estatuto

15.09.2018 | 02:43
El nuevo Estatuto

Los días históricos son cada vez más cortos. Un día histórico promedio dura ahora dos o tres minutos: apenas da tiempo para nada. Una tos emocionada, un parpadeo y a otra cosa. El pasado jueves ocurrió un día histórico para Canarias: fue aprobado por el Congreso de los Diputados el nuevo texto del Estatuto de Autonomía. La más lírica entre sus señorías fue, contra su costumbre, Ana Oramas, que se emocionó contando que a Canarias le habían crecido alas o alguna pesadilla gótica por el estilo. Votaron en contra Ciudadanos y Podemos. Ciudadanos porque, a pesar de colaborar activamente en la reforma, se les hace cuesta arriba votar favorablemente cualquier estatuto de autonomía. La negativa de Podemos es más alambicada y acumula un montón de adjetivos incomprensibles. La diputada Mery Pita llegó a afirmar que el nuevo Estatuto es patriarcal, como los clanes escoceses o la familia Alcántara hasta que Merche da un golpe sobre la mesa.

La señora Pita (y me temo que lo mismo le ocurre a la dirección de Podemos) no termina de entender que en un Estatuto de Autonomía -como en una Constitución- no se estipulan estrategias e instrumentos políticos, sino que se definen derechos y deberes, se establecen responsabilidades y competencias y se organiza jurídicamente una comunidad política dotada de sus propias instituciones. Y en lo que se refiere específicamente a los derechos y libertades, hay bastantes que -como se precisa en la Constitución española en particular y en la praxis constitucional europea en general- son principios que informan la legislación positiva y la actuación de los poderes públicos. El cumplimiento de estos principios -el derecho de acceso a una vivienda, por ejemplo- se debe reservar a la decisión que tomen los legisladores: a un desarrollo legislativo posterior. Y eso es así, sencillamente, porque la Constitución -y los estatutos, que forman parte del bloque constitucional- define un espacio político democrático y plural y sus límites normativos, precisamente, están marcados por el pluralismo de una sociedad democrática. Una mayoría legislativa liberal puede legislar fomentando el alquiler, una mayoría socialdemócrata, optar por ampliar el parque de viviendas sociales, una mayoría comunista, por aprobar una renta básica universal para sortear precios o rentas abusivas. Una Constitución democrática -un Estatuto democrático- no puede ni debe transcribir el programa político-electoral de ningún partido.

Sin duda el aun nonato Estatuto de Autonomía -todavía debe ser aprobado por el Senado y, posteriormente, por el Parlamento de Canarias- presenta valiosas novedades y supone un refuerzo al autogobierno. La principal no es una reforma electoral que, por sí misma, no mejorará un ápice la endeble salud democrática del país, sino el blindaje del REF y su desvinculación con el sistema de financiación autonómica. Pero a las organizaciones que consensuaron el Estatuto y están a punto de aprobarlo habría que señalarles algo similar que a los representantes de Podemos. Las grandes reformas que urgen a Canarias podrían haberse emprendido con el vigente texto estatutario como con el venidero. La obsesión por la negociación política y presupuestaria no debería enmascarar que los cambios perentorios en las islas -en las administraciones públicas, en el sistema educativo, en el combate contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, en un desempleo obsceno y un precariado creciente, en la debilidad de los sistemas de investigación, desarrollo e innovación universitaria- no pueden esperar más para que Canarias sea viable y no se resigne a ser, dentro de quince o veinte años, un balneario degradado y mendicante.

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