06 de julio de 2018
06.07.2018
RETIRO LO ESCRITO

Vivienda y sufrimiento social

06.07.2018 | 00:24
Vivienda y sufrimiento social

U na de las circunstancias (mejor: de las decisiones) políticas más escandalosas durante la última década ha sido la inacción gubernamental en materia de vivienda pública. Porque no fue una casualidad, sino una deliberada postergación. Canarias sufrió la recesión económica más grave desde la posguerra, una crisis que evidenció todas sus debilidades y fragilidades estructurales y que produjo heridas sociales que algunos se empeñan en presentar como tatuajes posmodernos. Miles de empresas, cooperativas y autónomos desaparecieron y muchos cientos de isleños se quedaron sin casa. Pues bien: el último Plan Canario de Vivienda se desarrolló entre 2009 y 2012. En medio del cataclismo de la crisis el Ejecutivo regional -que entonces integraban Coalición Canaria y PSC-PSOE- no programó una maldita vivienda pública ni facilitaron el acceso a cualquier habitáculo en régimen de compraventa. Y lo que es todavía más sangrante: varias de los programas incluidos en el Plan de Viviendas no se desarrollaron "por ausencia de dotación presupuestaria". Solo hace un año, en julio de 2017, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno autonómico ha comenzado a pagar las ayudas pendientes del Plan de Vivienda 2009-2012: ayudas para la adquisición de vivienda protegido y ayudas vinculadas al programa Hipoteca Joven y Vivienda Usada.

La consejera Cristina Valido aseguró, poco después de su toma de posesión, que Canarias contaría con un nuevo Plan de Viviendas en 2018. Tampoco ha sido así, aunque hace un par de meses se aprobaron sus directrices y se estableció definitivamente que comprendería el periodo 2019-2022. El texto básico es muy coquetón, por supuesto, e intenta corregir errores y disfunciones de experiencias anteriores, pero queda patente que durante siete años la comunidad autónoma ha carecido de una política de viviendas públicas: una intolerable dimisión de responsabilidades más propia de refinados sociópatas que de dirigentes políticos.

Si en algún momento ha sido indispensable una amplia y generosa política de viviendas con una colaboración activa y sistemática entre todas las administraciones públicas ha sido, precisamente, en la última década. Y se optó por no hacerla. Los resultados de abandonar cualquier política anticíclica están a la vista: se sigue parcheando, gracias al malabarismo de ayudas y subsidios de los ayuntamientos, los problemas derivados de desahucios y desalojos, pero no se pueden encontrar soluciones estables. La situación de cientos de familias en San Isidro, en el municipio de Granadilla, que malviven hacinados en viviendas sin agua ni luz, sometidas a lanzamientos a veces aplazados y otras ejecutados por entidades bancarias, ha devenido un ejemplo vergonzoso de indiferencia política y desidia administrativa. La brutal subida de los alquileres en las ciudades canarias apunta que el arrendamiento como alternativa a la propiedad ya no es una opción viable para muchos miles de familias canarias. Aquí no se ha entendido la coyuntura de emergencia social que se atravesó a mediados de la década y que todavía no se ha superado. La vivienda pública es un recurso indispensable para mantener la cohesión social y no seguir alimentando la pauperización de los que tienen trabajo y la exclusión de los que ya nunca lo tendrán.

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