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EDITORIAL

El retraso del descuento aéreo, un desprecio a los canarios

30.06.2018 | 22:38

Segundo mazazo en apenas siete días del flamante gobierno socialista de Pedro Sánchez contra los intereses de Canarias. Si la pasada semana el nuevo presidente del Gobierno central, en una de sus primeras decisiones de política territorial, provocó una gran frustración entre los canarios anunciando de forma sorpresiva y sorprendente el aplazamiento de la reforma del sistema de financiación hasta la próxima legislatura, el pasado miércoles, uno de sus ministros elevó el cabreo y el malestar de los isleños al asegurar que no podrá aplicar de forma inmediata la subida del 50 al 75 % al descuento a los residentes en sus viajes en avión o barco al resto del territorio nacional pese a lo dispuesto en los Presupuestos Generales del Estado de este año ya aprobados definitivamente y que se publicarán mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sánchez ha entrado con muy mal pie en lo que a la gestión de la llamada agenda canaria se refiere, en la que la mejora de la conectividad con la Península y proteger el derecho de los canarios, reconocido en el REF, a viajar en igualdad de oportunidades y condiciones que el resto de los españoles es uno de sus puntos claves y el que de forma más directa afecta a los ciudadanos.

Miles de residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, habían planificados desde hace semanas sus viajes. Unos traslados al resto del país o de regreso desde la Península que estaban a la espera de la entrada en vigor de esta nueva bonificación al transporte aéreo y marítimo. Se trataba de ahorrar parte del coste de unos billetes que, en estas fechas, se incrementa sustancialmente por la fuerte demanda. El anuncio del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de que por un error en la redacción de la enmienda que establece la nueva subvención, ésta no se va a poder aplicar en el menos seis meses ha puesto en pie de guerra a todos los representantes políticos, económicos y sociales con una más que justificada indignación entre los ciudadanos. La justificación dada por el ministro, en una lamentable intervención en el Congreso al dar contestación a una pregunta de la diputada de CC, Ana Oramas, de que el error técnico en la redacción de una enmienda a los Presupuestos obliga al ministerio a la elaboración de un real decreto cuyos plazos aplazan la aplicación del descuento seis meses "en el mejor de los casos", no sólo no se sostiene desde el punto de vista político, sino que supone un desprecio a los residentes en las dos comunidades insulares y en las dos ciudades autónomas.

Como mal menor, el Consejo de Ministros anunció el viernes que tramitará ese real decreto por la vía de urgencia, lo que reduce a la mitad su tramitación lo que en todo caso aplazaría como mínimo hasta octubre la aplicación del nuevo descuento, rechazando así la alternativa, planteada por el Gobierno de Canarias, de un decreto-ley de urgente necesidad que entraría en vigor al día siguiente de su publicación, aunque necesite la convalidación del Congreso en un plazo de 30 días. Una posibilidad que ha sido avalada por el propio Tribunal Constitucional y muy parecido al que el Gobierno central acaba de utilizar para renovar la cúpula de RTVE.

El ministro Ábalos no puede estar más desafortunado en su abordaje a un problema que, efectivamente, le ha venido heredado del anterior Gobierno y por el despiste de quienes elaboraron la enmienda a los Presupuestos que obliga a una autorización previa del Ejecutivo central para la aplicación práctica del 75 % de descuento. Todo parece indicar que el titular de Fomento se limitó a comunicar el problema a los demás sin mover un dedo antes para intentar solucionarlo, dando por hecho que, como él no era el causante, no tenía obligación de hacerlo, demostrando una torpeza e insensibilidad manifiestas, y una total falta de tacto político. Aunque sólo fuera por interés de su partido, bien podría mostrar algún mínimo interés avanzado algún tipo de iniciativa por parte de su departamento para tratar de buscar una salida.

Si en los próximos días no corrige de forma inmediata su posición, su figura va a quedar muy mal parada ante la opinión pública de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y totalmente inhabilitada a efectos políticos para gestionar con el Gobierno canario la importante relación de asuntos que su ministerio tiene marcados en la agenda canaria. Tal como han avisado la mayoría de las fuerzas políticas y las instituciones de Canarias no es concebible que un problema de esta índole, además causado por una cuestión de procedimiento, no se pueda solucionar por razones técnico-administrativas como las que citó el ministro. Independientemente de la fórmula jurídica que se le dé, el de real decreto, el de orden ministerial, o el de decreto ley de urgente necesidad, el nuevo Gobierno del PSOE debe ser consciente de que esta cuestión es una prioridad para los residentes de los territorios afectados, en especial para Canarias por su lejanía de la Península. Un tropiezo en este terreno por su parte sería muy difícil de olvidar, y lastraría en el corto y medio plazo toda su acción política relacionada con las Islas. De esta forma, sólo la falta de voluntad política, que sería evidente una vez conocidas las advertencias al respecto, explicaría que en el Consejo de Ministros de la próxima semana no se aprobara ya la correspondiente medida con la que remediar el destrozo que está a punto de causarse.

Como advierte el Gobierno de Canarias, de no ser así y de confirmarse el peor de los escenarios aventurado por el ministro, el retraso de la medida por un tiempo de al menos cuatro meses, se daría la paradoja de que el nuevo descuento se empezara a aplicar después de que el mismo ya esté reconocido en el nuevo REF económico que está tramitándose en el Congreso y que se aprobará en otoño. Es decir, que este derecho de los canarios recogido en una ley va a incumplirse a las primeras de cambio por una cuestión procedimental sin que el Gobierno del Estado vaya a hacer nada al respecto. Nadie lo entiende y menos que nadie los ciudadanos de Canarias cuando durante los próximos meses comprueben cómo sus desplazamiento a o desde la Península sigan suponiendo un considerable destrozo a sus bolsillos.

El frente común concertado por los gobiernos canario y balear para presionar al ministerio, y la entrevista que el martes mantendrán tanto Fernando Clavijo, presidente de Canarias, como Francine Armengol, presidenta socialista de Baleares, con el ministro Ábalos puede ser la última oportunidad para convencerle de que impulse un decreto de inmediata aplicación. Una reunión, por cierto, que el ministro ya menosprecia con el feo gesto de recibir un día antes al secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres. Darle a esta cuestión una visión partidista es una irresponsabilidad impropia de un gestor público que debería saber hasta qué punto esto afecta a la sensibilidad de los canarios.

El origen del problema también suscita debate y llama a reflexión. El error de Nueva Canarias (NC) en la redacción de la enmienda que da pie al aumento del porcentaje de descuento en los billetes pero que establece previamente una "autorización" del Gobierno del Estado, es impropio de una formación política que hizo de ello su tema estrella en la negociación de los Presupuestos con el Gobierno del PP. Ya lo fue el año pasado al conseguir el 75 % de bonificación para el transporte interinsular, sacando máximo partido al famoso papel de diputado 176 del que ha disfrutado hasta ahora su representante en el Congreso, Pedro Quevedo. Y es indiscutible el éxito logrado por esta formación y su diputado, y el merecido reconocimiento logrado no sólo en Canarias, sino en Baleares y las ciudades autónomas. Pero resulta irritante comprobar que el deficiente trabajo de preparación técnica de la enmienda lastre el fin perseguido. Y resulta más exasperante ver que ni el PP, con el que se pactó la enmienda transaccional que quedó incorporada al proyecto presupuestario, ni ninguno de los grupos parlamentarios que la apoyaron, fueran capaces de descubrir el error y advertirlo.

El hecho de que ese mismo error de redacción ya se cometiera en la enmienda de NC a los Presupuestos del 2017 en relación al transporte interinsular y que, sin embargo, se corrigiera en la transaccional con el PP para eliminar la referencia a la "autorización del Gobierno" levanta suspicacias en el PSOE y en el actual equipo de Fomento. Porque ciertamente resulta sorprendente que, en el primer caso, alguien en el PP o en el Gobierno de entonces se diera cuenta de que esa redacción impedía la aplicación automática de la medida, y no se hiciera lo mismo en el segundo caso. ¿Hubo intencionalidad en el mantenimiento del error en estos últimos Presupuestos?

En todo caso, queda demostrado, contra lo que dijo en un primer momento NC y aún mantienen en el PSOE de Baleares, que el error no se introdujo por parte del Gobierno del PP en la enmienda transaccional, sino que estaba en el texto original de la formación nacionalista canaria. Pero queda la duda de si no se corrigió para tratar de dilatar la medida. Como también se abren especulaciones sobre la verdadera intención del actual ministro de Fomento al considerar que no se pondrá en marcha en muchos meses, quizá con la idea de ahorrarse los 200 millones que puede tener comprometidos con otros territorios. Cualquiera de ambas posibilidades resultaría insultante para los canarios. Sobre la primera quizá no valga ya la pena detenerse. La segunda es la que hay que despejar ahora y sobre la que el Gobierno de Pedro Sánchez deberá dar cumplida respuesta si no quiere perder en tan poco tiempo toda credibilidad en el Archipiélago.

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