18 de febrero de 2018
18.02.2018
EDITORIAL

La agenda canaria activa a la política isleña en Madrid

Canarias está en la senda de conseguir buena parte de sus objetivos en el marco de la política nacional

18.02.2018 | 04:00

Canarias está en la senda de conseguir buena parte de sus objetivos en el marco de la política nacional y de sus relaciones con el Estado, cuando se está a punto de enfilar el ecuador de una legislatura compleja y de futuro incierto. De la continuidad de esa dinámica política en los próximos meses depende que las Islas logren finalmente alcanzar su meta en la llamada "agenda canaria" en Madrid, que consiste en la renovación de su marco de autogobierno tras veintidós años de vigencia del actual Estatuto de Autonomía; la de sus mecanismos de compensación de la lejanía y la insularidad de un REF económico sin cambios desde su promulgación en 1994; la actualización y mejora de los grandes convenios de infraestructuras y planes de empleo, a través de los Presupuestos Generales del Estado, tras casi una década de recortes hasta el año pasado; y poner fin al déficit de cobertura estatal de los servicios básicos a los ciudadanos mediante una reforma del sistema de financiación autonómica que lleva casi cuatro años de retraso. El Estado asume en lo fundamental los objetivos de las Islas, pero mantiene una actitud de cierta indolencia respecto a los tiempos y las intensidades, en parte como consecuencia de la crisis política estatal y la situación en Cataluña.

Es cierto que a día de hoy muchos de estos temas están encaminados, pero también que además del retraso y el bloqueo al que han estado sometidos durante meses, todavía hay un cierto grado de incertidumbre respecto a muchos de ellos por esa inestabilidad política a la que está sometido el país desde hace dos años, y a la sombra que se cierne sobre el futuro de la legislatura. Sería el caso de una prórroga durante dos años de los Presupuestos estatales del 2017 en vigor, una especulación que ha tomado cuerpo pero que no está realmente en la cabeza del Gobierno de Rajoy, o la imposibilidad de llevar a cabo la ansiada revisión de la financiación territorial por la crisis catalana que a la postre está condicionando la práctica totalidad de la acción del Ejecutivo central y que contamina todo a su alrededor.

Esta es, de hecho, la causa por la que buena parte de la agenda canaria se encuentre aún sin tomar una velocidad de crucero y que todavía haya cierto nerviosismo entre las fuerzas políticas isleñas lo que provoca esporádicos episodios de tensión entre los ejecutivos regional y central a un año vista de las próximas elecciones autonómicas y locales. Nadie quiere llegar a esa cita sin los deberes hechos, o al menos que nadie pueda atribuirle esa responsabilidad. Pero es que, además, todos los partidos canarios son conscientes de que todos los elementos de esa hoja de ruta isleña son claves para el futuro del Archipiélago. Por eso, en este marco, además del Gobierno regional, todas las formaciones políticas, sus dirigentes y sus representantes en las Cortes Generales se están volcando en sus respectivos ámbitos de actuación para tratar de desbloquear y reactivar los temas, y sus reuniones y visitas a despachos ministeriales se están multiplicando con esta finalidad. Los recientes almuerzos, aunque muy discretos, de Mariano Rajoy con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y posteriormente con los dirigentes de NC Román Rodríguez, presidente de la formación, y Pedro Quevedo, diputado nacional, son claros ejemplos. Esas citas parecen resumir el espíritu del momento, que también ha alumbrado las múltiples reuniones entre representantes de todos los partidos para tratar de consensuar el Estatuto y el nuevo REF económico, o esa gira del líder del PP canario, Asier Antona, por ministerios y despachos de la calle Génova con el mismo teórico objetivo, aunque algo distorsionado su mensaje público por su afán de distanciarse del Ejecutivo nacionalista.

Ciertamente no se pueda hablar de un frente común o de una unidad de acción, pero sí quizá de un mínimo común denominador en la defensa de los intereses de las Islas. Cada uno marca su territorio político y defiende sus posiciones respecto a cada una de las materias, pero es evidente también una visión de conjunto por parte de todos para que cada uno de los temas pueda ir avanzando. La negociación del Estatuto y del REF son dos ejemplos claros. En el primer caso, se vislumbra un pacto de fondo entre CC, PP, PSOE y NC con la salvedad de la reforma electoral, en la que la federación nacionalista busca una salida honrosa a su autoexclusión del acuerdo del resto de formaciones isleñas. Incluso Podemos y Cs, que, desde posiciones contrapuestas entre ellos, ofrecen alternativas más heterodoxas sobre el futuro Estatuto, participan con espíritu integrador en los debates de la ponencia abierta en el Congreso.

En relación con el REF, la discrepancia de última hora sobre aspectos relacionados con la aplicación de los descuentos al transporte no debe ocultar el gran acuerdo previo alcanzado entre CC, PP y NC para la presentación de enmiendas conjuntas a un proyecto que, además de actualizar y mejorar el régimen de compensaciones, decreta un histórico anclaje de la desvinculación de los ingresos del REF fiscal de la normativa vigente en cada momento sobre financiación autonómica. Incluso esa discrepancia sobre la "tarifa bonificable" a la que alude el nuevo REF para las ayudas al transporte de pasajeros, que podría limitar los futuros descuentos, según el Gobierno regional y todas las fuerzas isleñas salvo el PP, ha provocado un entente entre los dos partidos nacionalistas que quizá alumbre otras alianzas de futuro incluso para la negociación presupuestaria con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dado que ambos son imprescindibles para su aprobación. De esas nuevas cuentas, con los que dar cobertura y sentido a algunos de estos asuntos que se mueven en los despachos de Madrid y en los escaños del Congreso, depende la mejora prometida para los grandes convenios de infraestructuras, especialmente el de carreteras, cuyo nuevo convenio sigue sin firmarse y se ha convertido en uno de los motivos de tensión de última hora entre Canarias y el Estado. Aquí, como en el resto de materias, el trabajo conjunto de las fuerzas políticas canarias debe sostenerse sobre la defensa del interés común del Archipiélago.

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