15 de enero de 2017
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Editorial

Las reivindicaciones de los taxistas de Santa Cruz

15.01.2017 | 02:23

Los taxistas de Santa Cruz de Tenerife, como cualquier otro colectivo profesional de cualquier lugar de España, tienen todo el derecho a realizar las protestas que consideren necesarias -siempre contando con los permisos oportunos de las administraciones que establece la ley- para luchar por sus reivindicaciones. El derecho a la huelga y a la manifestación está plenamente amparado por la propia Constitución española. Pero, al margen de la ley y de los derechos fundamentales, estas convocatorias tienen que regirse por unos mínimos principios de sentido común y proporcionalidad.

Sin embargo, para el Gobierno municipal, los comerciantes y muchos vecinos chicharreros, estos principios no se han respetado la pasada Navidad en las concentraciones convocadas por uno de los colectivos de taxistas de Santa Cruz, el que reúne más licencias, Élite Taxi. Y no se han respetado porque los perjuicios ocasionados por esas concentraciones en la avenida Tres de Mayo -con los consiguientes colapsos y molestias ocasionados en el centro de la ciudad en plenas fiestas- han afectado a miles de empresarios y residentes que nada tienen que ver con el conflicto del taxi y porque las formas han dejado mucho que desear.

Y no ha habido sentido común ni tampoco proporcionalidad. De las exigencias de Élite Taxi, algunas no dependen ni siquiera del Ayuntamiento de Santa Cruz, sino del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, y, por tanto, de un consenso en todos los colectivos del sector de Canarias y de la Isla, no sólo de una única asociación de Santa Cruz, que no se puede arrogar la exclusividad en la reivindicación cuando a lo mejor otros muchos colectivos de Tenerife y el Archipiélago no están de acuerdo con esas condiciones.

La exigencia de ámbito regional se basa en que se establezca una tarifa única; es decir, que quede sin efecto la conocida como tarifa 1 urbana y que la bajada de bandera pase de 2,35 euros que se aplica en la actualidad a los 3,15 euros. Y la exigencia insular pasa porque el Cabildo abra los puertos y aeropuertos tinerfeños para que los profesionales de Santa Cruz puedan recoger pasaje. "Lo que solicitamos es la apertura de las denominadas áreas sensibles porque no puede ser que yo pueda recoger a un pasajero en Gando y no en Los Rodeos", ha manifestado el representante de Élite Taxi, Miguel Ojeda.

¿Y si los taxistas de La Laguna se oponen a esta última reivindicación en el aeropuerto de Los Rodeos o los de Granadilla de Abona en el aeropuerto Tenerife Sur? No tiene sentido que Élite Taxi pretenda imponer un criterio regional o insular cuando es solo una de tantas asociaciones existentes en las Islas. Y menos que lo tengan que pagar los vecinos de un municipio en concreto.

Tampoco parecen proporcionales las medidas de protesta teniendo en cuenta que el Ayuntamiento capitalino ha mostrado su predisposición al diálogo, a unas conversaciones, eso sí, "sin chantajes a la ciudadanía y los comerciantes", como ha señalado el alcalde, José Manuel Bermúdez. Por ejemplo, en las reivindicaciones en las que sí tiene competencias el Consistorio capitalino, sus responsables han manifestado su disposición a resolverlas. Ahí está, sin ir más lejos, el plan de retirada de licencias para que el número de vehículos se adecúe a la población y deje de estar por encima de tasa aconsejable. Bermúdez ha detallado al respecto que desde que es alcalde se han rescatado 141 licencias y que en estos momentos quedan 897 taxis en el municipio. El objetivo, antes de que acabe el mandato, es reducir las licencias a 732. El pleno del Ayuntamiento también aprobó el pasado día 23 de diciembre dedicar dos millones de euros de dinero público al rescate de 71 licencias privadas. Y además se ha comprometido a rescatar otras 71 licencias en 2018 y concluir todo el proceso en 2019 con las restantes hasta alcanzar el número de 732. Además, respondiendo a otra de las demandas, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento ya aprobó las bases de la subvención para el fomento de la actividad del taxi adaptado y su uso por personas con movilidad reducida. El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, ha aclarado que se habilitará una partida económica de 60.000 euros para la adaptación de nuevos vehículos, junto a otra de 9.000 euros para los que ya están adaptados y prestan ese servicio en el municipio. Ante este panorama, resultan sorprendentes las protestas y amenazas de Élite Taxi.

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