01 de junio de 2018
01.06.2018
Caso Erial

La fiscalía anticorrupción se opone a dejar libre a Zaplana

Deniega la petición de la defensa al considerar que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas

01.06.2018 | 17:10
Zaplana llega a la Comandancia de la Guardia Civil.

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición de libertad solicitada por la defensa jurídica de Eduardo Zaplana, en prisión desde el pasado 24 de mayo por el caso Erial, al considerar que existe riesgo de fuga y posibilidad de destrucción de pruebas, han informado a EFE fuentes jurídicas.

Este posicionamiento de la fiscalía de corrupción se ha producido después de que ayer la defensa de Eduardo Zaplana, ejercida por el bufete de Santiago Miláns del Bosch, informara de que había pedido la libertad del expresidente de la Generalitat y exministro por razones humanitarias, o en su defecto arresto domiciliario.

La defensa justificaba esta petición por el estado de "grave enfermedad" de Eduardo Zaplana, que en 2015 fue sometido a un trasplante de médula después de que se le diagnosticara una leucemia.

Tras la declaración de Zaplana ante la juez instructora, la Fiscalía ya anunció su oposición a la puesta en libertad de Zaplana, con los mismos argumentos esgrimidos ahora, después de que los abogados del detenido esgrimieran en un escrito ante la jueza la leucemia que padece como argumento para su libertad.

En el auto de prisión, la jueza acusó a Zaplana de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.

En el caso Erial, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.

Las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora apuntan a que algunos de los empresarios beneficiarios de estas concesiones habrían pagado alrededor de diez millones de euros en concepto de comisiones.

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