01 de marzo de 2018
01.03.2018
Memoria Histórica

Defensa gasta 23.000 euros en repatriar a 29 miembros de la División Azul

El PSOE pregunta por qué no se promueve la exhumación de los represaliados en la Guerra Civil

01.03.2018 | 15:06
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

El Ministerio de Defensa ha destinado un total de 23.300 euros desde el año 2003 para la repatriación de los restos de 29 miembros de la División Azul que luchó junto a los nazis contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, según ha informado a Europa Press.

A través de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra (DIAPER), el Ministerio de Defensa colabora en las repatriaciones en virtud de un convenio suscrito con Alemania en el año 1995 y que fue ratificado por el exministro Pedro Morenés en 2015.

La búsqueda de los restos se hace a través de la asociación alemana Wolksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, que cuenta con la autorización para buscar en Rusia la ubicación de los muertos de la División Azul durante la II Guerra Mundial.

El proceso lo inician las familias, que se ponen en contacto con la DIAPER. Este organismo del Ejército de Tierra traslada la petición a la asociación alemana y, cuando los restos son localizados, el consulado es el que se encarga de los trámites de repatriación.

El traslado de los restos a España se realiza en aviones civiles y el coste corre a cargo de Defensa, que cuantifica en 800 euros el coste medio por cada una de las repatriaciones. Esto suma un montante de 23.200 euros desde el año 2003 en 29 repatriaciones.

El pasado 2017 fueron trasladados a España los restos mortales de tres soldados españoles que lucharon contra el frente ruso del este. En 2016 se realizaron cinco repatriaciones, otras cinco en 2013, dos en 2010, diez en 2007 y cuatro en 2003.


Pregunta del PSOE


Precisamente este jueves el diputado del PSOE Odón Elorza ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida al Ejecutivo para que explique por escrito "desde cuándo el Gobierno viene colaborando con las exhumaciones de los cuerpos de españoles, pertenecientes a la División Azul que murieron en Rusia o Alemania, para la repatriación de sus restos a España".

En su iniciativa, Elorza sugiere también la necesidad de promover una operación similar "para colaborar en la exhumación de los restos de miles de republicanos 'desaparecidos' que aún permanecen sin identificar en las cunetas y fosas comunes por toda España".

 




En este sentido, aclara que para el PSOE "no es censurable" que el Estado colabore en la repatriación de restos de miembros de la División Azul "siempre y cuando por razones legales y de coherencia se atiendan también las peticiones de familiares y colectivos" que desde 2012 reclaman al Gobierno que cumple la ley vigente de Memoria Histórica, que contempla ayudas para exhumaciones.

Asimismo, el PSOE ha denunciado este jueves el veto del Gobierno a la propuesta socialista de reforma de la Ley de Memoria Histórica para que el Estado asuma la localización y exhumación de las más de 100.000 personas que se estima siguen enterradas en fosas comunes y cunetas en España.

En declaraciones a Europa Press, el secretario de Justicia y Nuevos Derechos del PSOE, Andrés Perelló, ha afirmado que este veto del PP deja en evidencia su " genética franquista", que se suma a su negativa a condenar el franquismo y la represión durante la dictadura.

Perelló ha subrayado además que, con este veto, el Gobierno incurre en una "desigualdad de trato" entre españoles puesto que mientras "se niega a que 100.000 personas salgan de las cunetas y reciban sepultura digna", repatría desde hace años los restos de miembros de la División Azul que lucharon junto al Ejército nazi contra la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.

El responsable socialista precisa que a él le parece bien que se repatríen esos cuerpos, pero subraya que eso supone una diferencia de trato con respecto a los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura.

En el límite del plazo, el Gobierno remitió el miércoles un escrito de disconformidad al Congreso mostrando su oposición a tramitar la iniciativa socialista al estimar que supondría un aumento de los créditos presupuestarios en más de 213 millones de euros.
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