29 de enero de 2018
29.01.2018
PGE alternativos

Podemos plantea aumentar el gasto público en 24.500 millones

El grupo plantea incrementar la recaudación fiscal en 4.745 millones a la banca y las grandes fortunas

29.01.2018 | 14:54
Pablo Iglesias una alternativa a los presupuestos generales.

Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado este lunes unos Presupuestos Generales del Estado alternativos a la actual prórroga presupuestaria con 24.500 millones más de gasto para "reconectar el crecimiento con el progreso social" y acercar la media de inversión, gasto público y las rentas del trabajo a la media europea.

La propuesta del grupo confederal, presentada este lunes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, pasa por ralentizar la reducción de los niveles de déficit, dejándolo en el 3% --en 2017 fue del 3,1% y para 2018 el compromiso con la Comisión Europea es llevarlo al 2,2%-- y dejar más margen a todas las administraciones del Estado, a excepción de la Seguridad Social, en la que creen posible aliviar sus números rojos.

Así, contemplan incrementar en la caja de la Seguridad Social sus ingresos en 6.730 millones de euros, destopando las cotizaciones más altas (7.250 millones), eliminando bonificaciones (1.170 millones) e implantando una cuota progresiva a los autónomos (2.220 millones que se dejarían de recaudar).

Más presión fiscal al sector financiero y rentas más altas

Por otro lado, creen posible incrementar la recaudación fiscal en 4.745 millones, principalmente a través de impuestos medioambientales (1.650 millones) dentro de una primera fase de una "profunda reforma fiscal", que incrementaría el gravamen a los beneficios de la banca (1.000 millones) y la tributación de rendimientos de capital mobiliario (600 millones), establecería un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas (1.000 millones), otro a las transacciones financieras (550 millones).

Asimismo, se eliminarían desgravaciones a grandes empresas en Sociedades (700 millones), las sicav (350 millones) y las deducciones por planes de pensiones privados (170 millones). Unidos Podemos cree posible aumentar en otros 350 millones la recaudación con una mejor actuación sobre el fraude fiscal. Todo ello, para reducir el IVA a suministros hasta el 10% y la oferta cultural y los productos de primera necesidad al 4%.

"Hay que decidir si se quiere hacer más felices a los banqueros o a los ciudadanos", ha dicho durante la rueda de prensa el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha recordado que países como Reino Unido o Portugal mantienen impuestos similares sobre su banca, y que precisamente el país vecino ha demostrado que llevar a cabo una política diferente "es una cuestión de voluntad política".

"Parece una broma que en este país las cuentas un país las lleve que se financia ilegalmente. Es una vergüenza que estén administradas por corruptos", ha aseverado, justificando la necesidad de un mayor nivel de gasto en "medidas de dignidad".

Protección social para sentirse "orgullosos"

En este sentido, ha dicho que si el deporte es una de las razones "para estar orgulloso de un país", como con la reciente victoria de la selección de balonmano en el Europeo, ha puesto como ejemplo que les "gustaría" que los propios jugadores pudieran sentirse orgullosos de su país, si se tomaran una cerveza después del partido con sus rivales suecos, del nivel de protección social de su país.

La mayor recaudación y la relajación de los objetivos presupuestarios permitirían sustentar un aumento del gasto, que Unidos Podemos propone canalizar, fundamentalmente, en la financiación de la dependencia (2.500 millones) para las 320.000 personas con ayudas reconocidas y no otorgadas, la gratuidad de la educación infantil (3.000 millones) y una revalorización de las pensiones al ritmo del IPC (2.200 millones).

La partida que más concentraría el aumento del gasto sería una primera fase del Plan de Renta Garantizada (3.100 millones) con la que Unidos Podemos quiere dar cobertura a todos los hogares que se encuentran por debajo del umbral de pobreza monetaria. Este plan, que tendría un coste de 12.000 millones, cubriría en estos "presupuestos de urgencia" a hogares con mayor necesidad, con prioridad para aquellos con hijos y dependientes a su cargo.

Un gasto social "para atender urgencias" que, tal y como ha recordado la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, supone algo más del tercio del recorte en el techo de gasto entre 2010 y 2017, de 62.100 millones. "Justo la cantidad que los grandes bancos han dicho que no van a devolver después de que se lo prestáramos para evitar su quiebra", ha aseverado.

"Nuestras propuestas son posibles"

Durante la presentación de las cuentas, el responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez, ha defendido que estas cuentas "no son un ejercicio de comunicación o floritura académica", pues cree que es la demostración que la alternativa que proponen cada día en el Congreso "es viable" y las propuestas, posibles.

La relajación de los objetivos de déficit y su control a través de mecanismos como la regla de gasto, cuya flexibilización tramita el Congreso a propuesta de Unidos Podemos, ha sido una constante durante la presentación de las cuentas.

Así, Eva García Sempere (IU) ha criticado que el Gobierno "cumple con exquisito rigor los objetivos de déficit que marca Bruselas", mientras que Lucía Martín, portavoz de En Comú Podem, advertía de que la falta de la infrafinanciación municipal y autonómica deja al país " a la cola de Europa en materia de derechos y servicios básicos".

El pacto de Estado contra la violencia machista, en un sólo año

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Igualdad de Unidos Podemos, Sofía Castañón, ha incidido en la responsabilidad del Gobierno para consolidar, a través de las cuentas, "una sociedad justa e igualitaria", y ha defendido la "mirada feminista" de su alternativa económica.

"Es el Estado, amigos y amigas, y esto es responsabilidad de todos y de todas", ha dicho, parafraseando la ya célebre frase del exvicepresidente Rodrigo Rato, y reivindicando la necesidad de plasmar en un sólo año los 1.000 millones comprometidos para la lucha contra la violencia machista en un Pacto de Estado que, ha dicho, "algunos han firmado con tinta invisible". Su grupo optó por abstenerse en el Congreso por, precisamente, una financiación que creían insuficiente.

Finalmente, Miguel Anxo-Fernández, de En Marea, ha esgrimido la necesidad de atacar la creciente desigualdad en la economía española y ha argumentado que la ausencia de unos "presupuestos sociales" demuestra, a su juicio, "la inutilidad de tener un Gobierno en minoría".

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