25 de enero de 2018
25.01.2018
Juicio Caso Gürtel

Costa baja el telón de la fiesta

El exnúmero dos del PPCV se convierte en el primer exdirigente en asumir la financiación ilegal

25.01.2018 | 11:08
Ricardo Costa, al entrar ayer en la Audiencia Nacional.

Ricardo Costa cerró el círculo ayer. Después de la confesión de los cabecillas de Gürtel y la de los empresarios imputados, el exsecretario general del PP valenciano, el joven delfín al que algunos apuntaban como futuro presidente del Gobierno, corroboró la versión de las otras dos partes y dejó caer la losa de la corrupción sobre el PP

A estas horas solo una incursión del rebelde Carles Puigdemont por los Pirineos podría cubrir (mediáticamente) la mancha del dinero negro y los sobres con billetes para engordar las campañas electorales del PP que aquel niño bien de la política extendió ayer en la Audiencia Nacional.

Ricardo, de los Costa de toda la vida, no parecía ayer tan niño: pelo totalmente cano, más robusto que cuando paseaba triunfador con sus trajes perfectamente entallados por los pasillos de las Corts y con repetidos gestos de cansancio.

Estaba cantado que iba a tirar de la manta tras la alfombra que le había puesto Álvaro Pérez, pero que lance la piedra quien supiera que iba a realizar un acto de contrición en toda regla. Pidió perdón a la familia, a los valencianos y a los españoles, y asumió los hechos de los que le acusa la Fiscalía sin que mediara pacto alguno con ella.

«Yo creo que Ricardo Costa es una persona honrada y así quiero que se sepa públicamente», decía Mariano Rajoy en 2009. La joven promesa confesó ayer que no, que su comportamiento no fue limpio, que no impidió la financiación irregular, que no la denunció y que asume su responsabilidad por esas actuaciones, que el fiscal traduce en una petición de siete años y nueve meses de cárcel.

Ricardo Costa ha hecho historia. Posiblemente no como soñó que la haría en su partido, del que está suspendido de militancia, pero pasará a la posteridad como el primer exdirigente del PPCV que confiesa la financiación irregular y el dopaje electoral de la formación que arrasó como un rodillo en la C. Valenciana entre 1999 y 2011.

Costa descargó la responsabilidad principal en su superior y entonces amigo Francisco Camps, que ayer mismo versionó el Lo niego todo de Sabina. «Camps quería que todos los actos los hiciera Orange Market (la sucursal valenciana de la trama Gürtel)», dijo el exsecretario general del «compulsivo» y «un poco especial» expresidente de la Generalitat.

Claro que la confesión llega cuando, en principio, no puede tener consecuencias legales para Camps ni para otros ajenos a la actual causa a los que implicó: Víctor Campos y Juan Cotino, además de algunas empresas. Algunas de estas aparecen también en el sumario de Taula, otro de los casos que amargan la vida al PP, una coincidencia que vendría a refrendar la magnitud y extensión de las presuntas prácticas irregulares en el partido conservador.

La confesión de Costa hubiera tenido otras consecuencias de producirse cuando fue imputado. Quizá el banquillo de los acusados estaría hoy más poblado. Él dijo ayer que actúa tras una intensa meditación y no a causa de las revelaciones la semana pasada de los jefes de Gürtel, Francisco Correa y el Bigotes.

Camps, sin embargo, dice tener pruebas escritas de que su ex mano derecha se exculpaba hace un mes. El exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, imputado en el procedimiento, también se alejó ayer de la declaración de Costa: él era «el embudo», todo «el peso» de las contrataciones en el partido recaía sobre él.

Más allá de las declaraciones de los políticos afectados, lo fundamental en este momento del proceso es que tanto los empresarios que participaban en la mecánica fraudulenta como los líderes de la trama y un exdirigente del partido han asumido que la acusación contra ellos es cierta. ¿Todos mienten en su estrategia de defensa para inculparse en busca de una reducción de pena? Difícil de digerir.

En todo caso, la vida se complica en el universo popular tras el juicio a la rama valenciana de Gürtel. La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que había olvidado aquellas ideas de la refundación del partido, volverá a tener que sopesarla. No es suficiente con la petición de perdón del pasado, afirman en privado voces con relevancia en la formación. La magnitud del terremoto con epicentro en la Audiencia Nacional es demasiado grande.

Camps sostiene que la acusación de Costa no va con él, que nunca ordenó contratar con Orange Market, pero puede ser hoy la primera víctima de la necesidad del «nuevo PP» de demostrar que es expeditivo contra la corrupción.

El expresident está «muy a gusto» en el Consell Jurídic Consultiu y allí piensa continuar, afirmó ayer, pero si no lo reprueban (está por ver que hacen hoy), los suyos (aún es militante, si bien con un expediente informativo abierto por Valmor) están decididos a reducir los privilegios establecidos en el estatuto de los expresidentes.

Este, de 2002, se antoja fuera del contexto poscrisis actual. Compromís y Podemos están por esa iniciativa. El PSPV no quiere normativas ad hoc, pero es difícil que puede mantenerse solo en la defensa del blindaje de unos privilegios más que notables: quince años en el Consell Jurídic (con 58.000 euros de salario anual) más oficina propia con secretaria, coche oficial y conductor.

La renuncia de Camps supondría un respiro, pero el ex jefe del Consell (el único que se acoge a todos los derechos previstos) no da síntomas de tenerlo en mente.

Las barreras de Costa

Costa salvó ayer a Génova. Hasta donde pudo al menos, porque sí dejó claro que altos directivos del partido en Madrid (empezando por el ínclito Luis Bárcenas) sabían las prácticas que funcionaban en la Comunitat Valenciana. El extesorero le alertó de que «eran prácticas prohibidas en el PP nacional», que ese procedimiento suponía «un Filesa 2».

Pero nada cambió a este lado del pantano de Contreras, a tenor de la confesión de Costa. Y tampoco Génova se fue a los tribunales a denunciar lo que el prometedor dirigente valenciano había contado.

Esta parte de la declaración de Costa es la que más dudas plantea. Los llamados papeles de Bárcenas, de acuerdo a lo publicado en prensa, dan cuenta de una supuesta contabilidad en B del PP nacional, con pagos encubiertos a políticos del partido que se habrían extendido desde los años noventa del siglo pasado hasta 2009. El operativo, por tanto, tiene bastantes similitudes con el puesto en marcha en València y coincidiría temporalmente en parte.

Con varios procesos pendientes por corrupción tanto para Génova como para el PP de Bonig en los próximos meses, la declaración de Costa dificulta las líneas de defensa.

Sin esperar a la sentencia, se puede concluir ya que la huella de la corrupción popular queda reflejada con más fuerza en el imaginario colectivo. Para Camps, Cotino, el resto de investigados a la espera de banquillo y el propio Rajoy como máximo representante del PP (imputado como partido), este juicio es una invitación al pesimismo. Después de la confesión de Costa, la fiesta Gürtel se ha acabado.

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