23 de mayo de 2012
23.05.2012
ERE de la Junta

Fianza de 807 millones para el exconsejero de Empleo andaluz

Esta cantidad está destinada a futuras responsabilidades civiles de Antonio Fernández y no a eludir la cárcel

23.05.2012 | 17:33

La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de 807 millones de euros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, destinada a sus futuras responsabilidades civiles y no a eludir la prisión que cumple desde el pasado 24 de abril.

Fuentes del caso han informado a Efe de que la fianza a Fernández ha sido notificada hoy a las partes y responde a la petición hecha por la Fiscalía y las acusaciones particulares, que fijaron dicha cantidad en 890 millones de euros.

La fianza es para cubrir la futura responsabilidad civil de Fernández, a quien la juez considera "artífice" del sistema de ayudas investigado, y no para eludir su ingreso en prisión comunicada y sin fianza que le impuso tras cuatro días de declaraciones, han precisado las fuentes.

La fianza impuesta a Fernández se une a la de 686 millones de euros fijada para Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo encarcelado desde el 9 de marzo.

El portavoz del grupo parlamentario popular, Carlos Rojas, ha mostrado "el respeto" de su formación a la decisión de la juez Mercedes Alaya. A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Rojas ha indicado que desde el PP andaluz "siempre valoramos la acción de la justicia y entendemos que es la justicia la que tiene que seguir su camino y nosotros respetar el Estado de derecho y las decisiones judiciales". "Lo que le puedo comentar siempre irá en la línea del respeto a la justicia y a las decisiones que ésta toma", ha concluido.

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández se encuentra en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) desde el pasado día 24 de abril a cuenta de su imputación por las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por la Administración autonómica.

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