12 de enero de 2019
12.01.2019

Valido exige a Fomento una reunión urgente en 10 días sobre el convenio

La consejera rechaza "la guerra política" abierta por el PSOE. Pino de León acusa a los socialistas de "entorpecer" las negociaciones

12.01.2019 | 00:42

La consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, rechaza la "guerra política" abierta por el PSOE en torno a la reposición de las viviendas de la urbanización de Las Chumberas y exige al Ministerio de Fomento una comisión de seguimiento en un plazo máximo de diez días. "El día 31 no puede ser la reunión [como han deslizado algunos técnicos del Ministerio], es una fecha larguísima, queremos que el día 21 o 22 se produzca", señaló en una entrevista concedida a Cadena Ser.

La consejera apunta que hay que desatascar una situación "muy grave", pues los vecinos se pueden ver en una situación de "desamparo" si no se prorroga el convenio, ya que las obras están adjudicadas y los vecinos desalojados. Valido admite que el Ministerio de Fomento tiene dudas jurídicas, pero cree que si el objetivo final es ayudar a los vecinos, "hay que convencer a Madrid de que debe dar amparo jurídico". "No ayuda en nada las distorsiones que se puedan producir aquí, las guerras políticas no caben, lo que está en juego es muy serio", explica.

La consejera insiste en que "lo que se pide es tiempo, no dinero" y sostiene que el Estado no puede desmarcarse de un acuerdo que es complejo, por lo que apela a "buscar una salida jurídica y a no hacer de esto una batalla que va a perjudicar a los vecinos". Según Valido, "si el Estado se sale y deja sin apoyo jurídico la situación, las administraciones canarias no vamos a salir, no nos cabe otra salida y no vamos a actuar como el Estado porque, ¿en qué situación quedarían los vecinos?".

La directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, pide al Partido Socialista en el Cabildo que "deje de mandar mensajes que enrarecen y ralentizan los acuerdos y una negociación que debe cerrarse con urgencia en Madrid, ya que pueden perjudicar el acuerdo". Además, asegura que, en estos momentos, "no caben posiciones enfrentadas entre las administraciones canarias, sino una posición unánime de las tres administraciones ante Madrid". Para Pino de León, hay una responsabilidad con los vecinos afectados y la posición del Partido Socialista del Cabildo lo único que hace es "entorpecer" el poder llegar a una solución óptima.

De León recordó también que "el año pasado teníamos ya un convenio informado por el Ministerio y la Comunidad Autónoma de Canarias, informado por los servicios jurídicos, que hubiera dado solución a esta situación y por el posicionamiento del PSOE en el Cabildo no fue posible formalizar esos convenios y nos ha llevado a esta situación". Por ello, De León pide al PSOE "que no haga injerencias en esta cuestión y se sume a la buena voluntad de resolver las actuaciones porque creo que yendo las tres administraciones canarias juntas, se podrá resolver el problema".

Por su parte, el portavoz del grupo nacionalista en el Cabildo, Alberto Bernabé, tildó ayer de "inquietante" la posición esgrimida por el PSOE -a través de la directora insular de Vivienda, Marta Arocha- acerca de dichas obras, ya que los partidos políticos "no son interventores y deben estar al lado de las soluciones". "Tenemos ciertas dudas por el comportamiento del PSOE", señaló en Cadena Ser en la que incidió en que "ningún papel administrativo puede ser más poderoso que la solución al problema".

Bernabé entiende que para resolver el conflicto -el convenio expiró el pasado día 31- hace falta tiempo y no dinero y en el caso de que el Ministerio de Fomento quiera descolgarse, apuntó que tanto el Cabildo como el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna se ofrecen como "colchón de seguridad" para cubrir sus partidas.

En esa línea, ha dicho que lo mejor es convocar cuanto antes una comisión de seguimiento con el Ministerio de Fomento y que se prorrogue el convenio. "No vamos a descansar hasta encontrar una solución que esté dentro de la legalidad", apunta.

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