11 de abril de 2018
11.04.2018

Unid@s se puede propone declarar nulos y revocar los acuerdos plenarios por los que se depuró al personal del Ayuntamiento en el franquismo

Pide también la protección de los antiguos salones del centro de reclusión de Rancho Grande y la retirada de los honores a los voluntarios del 18 de julio de 1936

11.04.2018 | 12:57

El portavoz de Unid@s se puede en el Ayuntamiento lagunero, Rubens Ascanio, llevará una moción al pleno del 12 de abril en la que propondrá "declarar nulos y revocar todos los acuerdos plenarios y cuantas disposiciones se hayan dictado por esta Institución para depurar, por cuestiones ideológicas, a empleados municipales, restituyendo todos los derechos a quienes fueron suspendidos de empleo y sueldo o destituidos durante la dictadura franquista".

El edil considera que a diez años de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de Diciembre) todavía queda camino que recorrer para recuperar la memoria de las víctimas del proceso represivo surgido tras el golpe de 1936 y durante toda la dictadura.

Ascanio cree que desde el Ayuntamiento de La Laguna, como institución pública, se debe seguir dando los pasos necesarios para "reparar el dolor que, en nombre de esta institución, se provocó a muchos ciudadanos, pidiendo perdón por los atropellos cometidos en nombre de este Ayuntamiento por las autoridades impuestas por los militares golpistas (fundamentalmente en la etapa 1936-1940) y tomar los acuerdos necesarios para reparar, en la medida de lo posible, las injusticias cometidas durante ese periodo".

Recuerda que la amplia depuración, con detenciones y separaciones de sus puestos de trabajo, que se vio amparada legalmente el 5 de diciembre de 1936, por medio de un decreto-ley, por el cual se procede a "...la separación definitiva del servicio de toda clase de empleados que por su conducta anterior o posterior al Movimiento Nacional, se consideren contrarios a éste, cualquiera que sea la forma en que ingresaron y la función que desempeñen, lo mismo se trate de funcionarios del Estado que de la provincia o municipio". En el caso de La Laguna las investigaciones hablan  de más de una treintena de trabajadores a los que, aunque el Real Decreto–Ley 10/1976, de 30 de julio, sobre Amnistía, y la propia Ley 46/1977, de 15 de octubre, dispuso la plena restitución de sus derechos activos y pasivos, "la realidad es que no fueron completamente reparados".

"Estas personas fueron represaliadas por pertenecer, dirigir, ser simpatizantes o colaborar con organizaciones de izquierda y centro izquierda que luchaban por la libertad y la democracia, fueron perseguidas, simplemente, por sus ideas y por ello perdieron sus puestos de trabajo y sufrieron diversas formas de persecución política", manifiesta.

La memoria de la represión

El concejal de la formación lagunera también propone que los espacios vinculados con la represión política en el municipio sean objetos de labores de identificación y conservación. En este caso se refiere a lugares como los antiguos salones del centro de reclusión de Rancho Grande, que proponen que sea protegido, ya que en el proyecto de Plan General se ubicarían suelo para oficinas sobre su estructura, estudiando paralelamente fórmulas para su adecuación como espacio de la memoria de la represión franquista. Igualmente defienden la colocación de placas explicativas en los lugares donde se utilizó mano de obra forzada, como en el aeropuerto de Los Rodeos, donde trabajaron en la ampliación de la pista, y en la vía militar de San Roque.

Retirada de las medallas

En el pleno del 26 de junio de 1967 el Ayuntamiento de La Laguna también tomó el acuerdo de otorgar las medallas de bronce la ciudad a los voluntarios laguneros del golpe militar del 18 de julio de 1936 por "encuadrarse en las filas del Ejército dispuestos a defender la patria". El edil de Unid@s se puede entiende que ese acuerdo plenario sigue vigente y debe ser revocado, igual que se hizo con la entrega de la medalla de oro de la ciudad a Franco en 1966, que se abordó en el 2016.

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