09 de noviembre de 2018
09.11.2018

La banca pagará desde el lunes el tributo hipotecario y no podrá deducirlo

La autoridad que velará contra posibles abusos se creará en semanas. Moody's cree que la banca se resarcirá y no mermará sus beneficios

09.11.2018 | 01:09
Montero, Celáa y Ábalos en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Tercer cambio en 15 días

  • La ley del impuesto de actos jurídicos documentados incorpora desde mañana la precisión de que en las escrituras de préstamos el sujeto pasivo del tributo es el prestamista. La norma, de 1993, lo dejó abierto: decía que recaería sobre las "personas que insten o soliciten los documentos notariales o aquellos en cuyo interés se expidan". El reglamento de la ley, de 1995, lo concretó: cargó el impuesto al cliente. Y así se funcionó durante 23 años. La convulsión comenzó el 18 de octubre cuando tres sentencias del Tribunal Supremo establecieron que debían pagarlo los bancos por ser los beneficiarios de la hipoteca. En realidad, lo son las dos partes: el banco obtiene una garantía sobre un bien real y el cliente logra con ello un tipo de interés mucho menor que el de otros tipos de préstamos. Pero el verdadero terremoto social lo produjo la convocatoria de un pleno de la Sala para reinterpretar la jurisprudencia. Veintiocho magistrados tumbaron por dos votos de diferencia la interpretación que habían decidido por 5 a 1 los jueces especializados en materia tributaria. Dos cambios de doctrina en el Supremo en 15 días soliviantaron a la sociedad. El Gobierno cierra con el cambio de la ley.

La banca, que empezará a pagar el impuesto que grava las hipotecas a partir de mañana -según aprobó ayer el Gobierno-, no podrá desgravar este gasto en su declaración del impuesto de sociedades. El Consejo de Ministros reformó mediante un decreto la ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para repercutir este tributo a los bancos y eximir de su pago a los clientes de las entidades financieras y, a la vez, modificó la ley del impuesto de sociedades para que las entidades no puede desgravarse el impacto de la nueva carga fiscal en la tributación por beneficios.

Con esta cautela el Estado evitará una merma de ingresos al cambiar el sujeto pasivo del impuesto que grava las hipotecas. Las administraciones receptoras de la recaudación (2.000 millones anuales, según Hacienda) son las autonomías por tratarse de uno de los impuestos cedidos.

Las haciendas autonómicas podrán incluso aumentar levemente la recaudación, dado que, al dejar de ser sujetos pasivos del impuesto que grava las hipotecas las personas físicas para serlo las entidades bancarias, desaparecerán las bonificaciones que existían hasta ahora en algunas regiones para los titulares de préstamos con menores de edad a su cargo o hijos con discapacidad, afirmó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Las reformas de las leyes que regulan el impuesto sobre las hipotecas y el de sociedades (y con las que el Gobierno sale al paso de la convulsión creada por las sucesivas decisiones contradictorias del Tribunal Supremo) se publicará hoy en el BOE, por lo que entrarán oficialamente en vigor mañana, sábado. En la práctica, será el lunes cuando empiecen a aplicarse en los contratos hipotecarios que se firmen o eleven a escritura pública a partir de ahora.

La ministra de Hacienda descartó -como había hecho anteayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- que la banca vaya a transmitir el coste tributario de las nuevas hipotecas al cliente por algunas de las vías a su alcance, como encarecer el tipo de interés o incrementando las comisiones. Montero sostuvo que en el mercado bancario existe suficiente competencia como para que eso no ocurra y que, en todo caso, y para impedirlo y evitar cláusulas abusivas, el Gobierno aprobó ayer la creación de la nueva figura de la Autoridad Financiera para Defender al Cliente Financiera, que se prevé constituir en "unas semanas".

El PP se desmarca

Pablo Casado (PP) cree, sin embargo, que, "en un mercado libre", la banca repercutirá los nuevos costes al cliente, por lo que reclamó la supresión del impuesto. A su juicio, el Gobierno "engaña" cuando dice que eso no ocurrirá. Tanto el Ejecutivo como Ciudadanos se oponen a la desaparición del impuesto alegando que los 2.000 millones que recauda el tributo son necesarios para la financiación por las comunidades autónomas de los servicios sanitarios, enseñanza, servicios sociales, dependencia y otros gastos que son cuantiosos, y que tienden a crecer por la propia evolución demográfica del país.

En el mismo sentido se expresó Carlos Cruzado, presidente de la asociación de técnicos de Hacienda Gestha. Y Juan Carlos Girauta (Ciudadanos) avisa que "cuando se habla alegremente de suprimir un impuesto hay que decir cómo se sustituye su recaudación". Aun con estos matices, Montero da por hecho que habrá suficiente respaldo parlamentario para convalidar en las Cortes el real decreto.

La agencia de calificación Moody's entiene que la banca trasladará el nuevo coste a la clientela, y no dañará su cuenta de resultados. De los siete bancos que cotizan en Bolsa, tres se apreciaron ayer y cuatro cerraron en negativo.

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