03 de julio de 2018
03.07.2018
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Fomento deja en manos de los juristas la aplicación del 75% a la Península

El Gobierno de Canarias remite a Madrid un informe de sus servicios jurídicos que avala la entrada en vigor de la nueva bonificación a partir del próximo sábado

02.07.2018 | 23:47
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, recibió ayer en la sede fedetral del PSOE en Madrid al secretario general en las Islas, Ángel Victor Torres, un día antes de reunirse en el Ministerio con los presidentes de las dos comunidades autónomas afectadas por el restraso del 75%, Canarias y Baleares.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no parece dispuesto a enmarcar en el terreno de las decisiones políticas el procedimiento para hacer operativo el 75 % de descuento a los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla en sus viajes el resto del Estado, tal como establece ya la ley de Presupuestos estatales a punto de publicarse en el BOE, y lo deja todo en manos de lo que diga y establezca a este respecto la Abogacía del Estado. Aunque se muestra dispuesto a impulsar la vía del decreto ley "de urgente necesidad" que le reclama el Gobierno de Canarias, que se aprobaría en el Consejo de Ministros del próximo viernes con entrada en vigor al día siguiente, insiste en condicionar este paso a un aval jurídico. De otro modo, insistirá en que la única salida sería la de un real decreto, de menor rango y de carácter reglamentario, que se tramitaría por la vía de urgencia. Esta acotaría los plazos pero que no haría efectivo el nuevo descuento para viajar a la Península al menos hasta finales del mes de octubre.

Este fue el mensaje que Ábalos trasladó ayer al secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, en una reunión Madrid, en la sede federal del partido, y con el que ambas partes tratan de minimizar el efecto que un retraso de varios meses de esta medida largamente esperada en Canarias produciría sobre la opinión pública y ciudadanos en las Islas. Es la misma posición que, en principio, defenderá hoy el ministro en su reunión con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que le trasladarán la preocupación que esta cuestión ha causado en los ciudadanos de ambos territorios.

Los dos mandatarios autonómico han hablado durante los últimos días para intentar un cambio de posición por parte del Ministerio, al que el Ejecutivo canario le remitió ayer un informe de sus propios servicios jurídicos en el que avala la vía del decreto ley, subraya que el propio Tribunal Constitucional reconoce el "juicio puramente político del Gobierno" para la aplicación del mismo y, hace hincapié en el amplio margen de discrecionalidad de que dispone en Ejecutivo para el uso de los decretos ley sin que por ello ponga en riesgo el sentido que la Carta Magna otorga a ese procedimiento.

Para la consejera de Hacienda del Ejecutivo canario la solución es "una cuestión de voluntad política", por lo que desde el Ejecutivo regional se espera que tras la reunión de hoy que el ministro asuma esta vía y permita la aplicación rápida de la medida.

Ábalos, en todo caso, parece que busca un aval jurídico que le sirva de justificación. De entrada no descarta llevar al Consejo de Ministros un decreto ley que entraría en vigor al día siguiente, pero sólo en caso de que la Abogacía del Estado no lo excluya de forma expresa en el informe jurídico que le ha encargado. Así se lo expresó ayer al líder de los socialistas canarios, pero recordando previamente que, hasta ahora, ese servicio de apoyo de la Administración había señalado que el procedimiento "adecuado" es el del real decreto.

Torres lo explicó así tras la reunión de una hora con Ábalos: "El ministro se ha comprometido a explorar todas las fórmulas jurídicamente posibles para que entre en vigor cuanto antes la nueva bonificación, entre ellas el decreto ley, y solicitará por escrito y formalmente a la Abogacía del Estado que le traslade si es posible. Si lo es el viernes habrá decreto ley en el Consejo de Ministros, y si no lo es, si la Abogacía del Estado excluye tal opción porque no es posible, entonces iremos al real decreto por trámite de urgencia que acortará los plazos a la mitad de lo que está inicialmente previsto". Según él, esta posición demostraría que "hay un compromiso político firme y absoluto por parte del ministro de que se explorará todas opciones".

Torres resaltó que "el PSOE busca todas las salidas políticas posibles y es una cuestión exclusivamente jurídica la que hará que sea más pronto o más tarde su entrada en vigor". Explicó que la Abogacía del Estado emitió primero un informe señalando que la fórmula adecuada es el real decreto, tal como anunció Ábalos en el Congreso, y ahora, "ante el hecho de que existe la fórmula del decreto ley, que tiene su dificultad jurídica porque esto se hacen para cuestiones de emergencia nacional, queremos que por escrito la Abogacía del Estado diga si cabe esta posibilidad".

El mensaje que quiere trasladar el PSOE a la ciudadanía canaria es que "tiene que quedar evidente y negro sobre blanco en un documento jurídico si cabe o no cabe el decreto ley. Si es así, lo haremos".

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