23 de agosto de 2017
23.08.2017

Seguridad Integral deja la vigilancia para centrarse en los servicios especializados

La empresa de Miguel Ángel Ramírez apuesta por los transportes blindados y las centrales de alarmas. Más de 3.000 empleados integran la plantilla en las Islas

23.08.2017 | 02:38
Seguridad Integral deja la vigilancia para centrarse en los servicios especializados

Huelga en la víspera del Pino

  • Los trabajadores de Seguridad Integral Canaria (SIC) de la provincia de Las Palmas están llamados a una huelga convocada para el próximo 7 de septiembre, víspera de la festividad del Pino. La iniciativa está respaldada por los sindicatos Intersindical Canaria (SIC), Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Unión Sindical Obrera (USO) y Alternativa Sindical, y es extensiva a las empresas Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad. "Sé valiente un solo día", reza el cartel de los convocantes, que esgrimen entre las razones que conducen a la jornada de paro cobrar "mal y tarde". La huelga coincidirá con el tradicional incremento de la presencia de ciudadanos en las estaciones de guaguas para ir a Teror. El servicio de vigilancia en dichos recintos lo presta SIC. J. G. H.

Seguridad Integral Canaria (SIC) se halla inmersa en un "proceso de reflexión", tal y como lo definieron ayer fuentes de la empresa propiedad del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. El objetivo es deshacerse del negocio primigenio, el de la vigilancia presencial, que ha dejado de ser rentable para la mercantil en el actual contexto de licitaciones públicas con bajo presupuesto y de cumplimiento de la sentencia judicial que anuló el descuelgue del convenio que redujo los salarios del personal en plena crisis económica.

El administrador único y vicepresidente de la compañía, Héctor de Armas, comunicó ayer al comité de empresa de la provincia de Santa Cruz de Tenerife sus intenciones y hoy hará lo mismo con el de Las Palmas. "Nos tememos que se trate de una maniobra para eludir la actuación de la Justicia", aseguró el secretario de Comunicación del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), Fernando Torres. SIC busca compradores para la línea de negocio que pretende abandonar y espera "contar con la colaboración de los sindicatos", explicaron las fuentes de la empresa, que desmintieron con rotundidad que tengan entre sus planes cesar la actividad por completo.

En los servicios que la mercantil presta en el ámbito privado no hay mayor problema que comunicar al cliente la finalización de la relación de manera unilateral. Sin embargo, en los concursos públicos la cuestión se complica, ya que es necesario que la compañía entrante se ciña a los parámetros establecidos en la licitación.

Es este punto el que mayor recelo genera en los sindicatos, que temen la aparición de compañías de bajo coste del sector de la seguridad del ámbito de propio Ramírez para retomar la actividad. Entre ellas citaron a Marsegur, compañía con la que el presidente de la UD Las Palmas niega cualquier vinculación. Eso, además del impacto que pueda tener la maniobra para los más de 3.000 empleados existentes solo en las Islas.

La sentencia firme de diciembre de 2015 supone a SIC un fuerte desembolso -seis millones de euros, según fuentes sindicales- para abonar todo lo ahorrado con el recorte salarial aplicado entre 2012 y 2014. A ello se une que en los últimos meses la empresa se ha encontrado, en declaraciones del propio Ramírez a UD Radio, "con problemas para poder cobrar" de las administraciones a las que prestan servicio. Esos retrasos han redundado en dificultades para el abono de las nóminas de los trabajadores de SIC reconocidos en la misma intervención radiofónica por el presidente de la empresa.

Los directivos de la compañía canaria de seguridad estiman que el futuro no encierra buenas noticias. Es más consideran que las licitaciones son a estas alturas "subastas" en las que las mesas de contratación atienden solo a "cuestiones cuantificables" relegando las "cualificables". En otras palabras, conceden el servicio a quien presenta la oferta más barata. "Se ha llegado a un límite en el que ya no se pueden cubrir los costes", señalaron desde la empresa.

Tras deshacer posiciones en la vigilancia presencial -se mantendrán servicios que sí aportan réditos como el Metro de Madrid- el objetivo es reforzar la presencia en servicios como el transporte de fondos en vehículos blindados. Solo cuatro empresas lo prestan en toda España y la intención de Ramírez y De Armas es saltar a la Península en ese segmento. Además, reforzarán también la división de sistemas, en el que las centrales receptoras de alarmas son uno de los productos principales.

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