15 de agosto de 2017
15.08.2017

Acuerdo para mantener los 400 euros de los desempleados de larga duración

El Ministerio de Empleo y los sindicatos CCOO y UGT pactan la prorroga del subsidio, que requerirá una negociación con las comunidades autónomas

15.08.2017 | 00:06

Habrá prórroga para la ayuda de 400 euros para los parados (450 si el desocupado tiene cargas familiares), pese a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba ilegal que el Gobierno nacional gestionara estas prestaciones, ya que entendía que la competencia les corresponde a las comunidades autónomas. El Ministerio de Empleo acordó ayer con los sindicatos CC OO y UGT buscar nuevas fórmulas para prolongar este subsidio de seis meses, que en Canarias han cobrado desde 2011 más de 50.000 desocupados que habían agotado las prestaciones. Serán los propios gobiernos autonómicos los que se encarguen de llevar a cabo la gestión. Todo esto llevará un tiempo, al menos unas cuantas semanas.

Pero el Gobierno garantizó que la nueva prórroga de este programa de ayudas, la undécima desde que este programa de ayudas (bautizado como Prepara) se puso en marcha hace seis años tendrá carácter retroactivo para que ningún posible beneficiario se quede sin su dinero. La ayuda finaliza hoy su vigencia, y la intención del Ejecutivo era desde un primer momento prorrogarla, pero la sentencia del Constitucional, tras una denuncia del País Vasco, trastocó sus planes. Los sindicatos se arrogaron que gracias a su presión estas subvenciones podrán seguir vigentes.

El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, explicó que "lo ideal es que acordemos un mecanismo para que nadie quede desprotegido" y señaló que los nuevos solicitantes de este plan podrán, mientras este trámite burocrático se aclara, acceder a otros planes de protección como el Programa de Activación para el Empleo (PAE) o la Renta Activa de Inserción (RAI).

Para la que no hay fecha aún es para la reunión con las comunidades autónomas en la que se les comunicará este cambio de planes, aunque el Gobierno ha asegurado que tendrá lugar "próximamente". El objetivo de ese encuentro, apuntó Empleo, será "consensuar una mecanismo extraordinario y temporal" que garantice la cobertura de los posibles beneficiarios.

Prestación

El plan nació con la intención de no dejar en la estacada al creciente número de parados de larga duración tras la brutal destrucción de empleo que tuvo lugar durante la crisis. Primero, se prometió que se prorrogaría de forma automática hasta que la tasa de desempleo bajara del 20%, pero cuando descendió de ese porcentaje siguió alargándose hasta que se cayera del escalón del 18%. Ahora, y pese a que la tasa está en el 17,22%, el Gobierno entiende que no es el momento de suprimir la prestación, único auxilio de muchas familias.

La secretaria confederal de Empleo de CCOO, Lola Santillana, apuntó al 25 de agosto como la fecha en la que podría estar ya aprobada una solución de urgencia para prolongar la prestación. "Hemos planteado que no haya un espacio de tiempo sin que haya cobertura", señaló. En una línea muy similar se expresó la secretaria de Empleo de UGT, Mari Carmen Barrera, que aseguró que le hemos exigido al Gobierno que la prórroga del programa "sea inmediata, la sentencia del Constitucional no puede servir de excusa". Los sindicatos también han exigido al Ministerio de Fátima Báñez una revisión "seria" y "profunda" de los planes de ayuda y de protección a los colectivos con más dificultades, con la intención de mejorar su inserción laboral.

El Ejecutivo, los sindicatos y la patronal ya han quedado en celebrar una nueva reunión el cuatro de septiembre para discutir de qué forma abordar esas posibles reformas. De hecho, el principal objetivo del plan Prepara era facilitar la inserción de los desempleados de larga duración. Por eso, la ayuda económica viene acompañada de un plan de orientación a través del Servicio Público de Empleo.

Tras la reunión de ayer, el director de relaciones laborales de la patronal CEOE, Jordi García Viña, insistió en que la solución que surja del diálogo entre el Gobierno y las comunidades será "transitoria" para dar encaje legal a la sentencia del Constitucional mientras se revisa la protección de los parados.

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