09 de agosto de 2017
09.08.2017
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Baleares multará con hasta 400.000 euros a webs de ofertas de pisos a turistas

08.08.2017 | 23:39

Las plataformas digitales que publicitan el alquiler de pisos a turistas en Baleares tienen 15 días para dejar de hacerlo y adaptar su oferta a la nueva ley del alquiler turístico, o se verán expuestas a multas que van de los 40.000 a los 400.000 euros.

El Govern balear ha remitido ya un aviso a unas 30 plataformas sobre la entrada en vigor de la nueva legislación, efectiva desde ayer, y un requerimiento a las páginas webs detectadas que están incumpliendo la ley balear, que prohíbe alquilar pisos a los turistas en todo el archipiélago. En el caso de inmobiliarias, intermediarios turísticos o plataformas digitales que los publiciten, como AirBNB o HomeAway, la sanción puede llegar a los 400.000 euros. Además, desde ayer los propietarios de pisos que los alquilen a turistas se enfrentan a multas que oscilan de 20.000 a 40.000 euros.

El conseller de Turismo y vicepresidente del Ejecutivo balear, Biel Barceló, compareció ayer con ocasión de la entrada en vigor de esta ley que pretende poner fin a la "especulación" en el alquiler de las viviendas y promover un modelo turístico "responsable, sostenible y equilibrado". Barceló recordó que el alquiler de pisos a turistas ya estaba prohibido por la ley del alquiler turístico del Govern del PP en la anterior legislatura, aunque, sin embargo, se permitía esta modalidad a través de la LAU estatal, la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Con esta ley, que modifica la del PP, el ejecutivo de PSIB-PSOE y MÉS quiere "poner orden" en la actividad del alquiler turístico y fija un "techo máximo" de plazas turísticas en Baleares, de todo tipo, de 623.624, de las que 435.707 corresponden a Mallorca, 109.800 a Ibiza, 60.117 a Menorca y 18.000 a Formentera. De ese total, hay 120.000 plazas turísticas que se han ido concediendo desde el año 1999 en régimen de excepción y que no se renovarán en cuanto se vayan dando de baja, explicó el conseller. Es decir, el objetivo es reducir la oferta de plazas.

La nueva ley deja la posibilidad a los consejos insulares de cada isla -Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera- y al Ayuntamiento de Palma de decidir si permiten el alquiler turístico en pisos, cuánto tiempo y en qué zonas. Estas instituciones, gobernadas por partidos autodenominados progresistas, tienen un año para acordar qué hacen, aunque se prevé que mayoritariamente mantendrán la prohibición de esta actividad.

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