25 de enero de 2011
25.01.2011
Cajas de ahorro

El Gobierno nacionalizará las cajas que no se saneen

Las entidades que requieran ayuda deberán convertirse en bancos –El capital en reserva obligatorio se eleva al 8%

24.01.2011 | 23:28

El Gobierno entrará como accionista en las cajas de ahorros y en los bancos que no cumplan los nuevos requisitos mínimos de capital, que podrán intentar alcanzar hasta otoño de este año con aportaciones del mercado para evitar la ayuda pública.

Según anunció hoy la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, las cajas que requieran la ayuda del Ejecutivo, que se instrumentará a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tendrán que convertirse en bancos, con lo que perderán así su especial naturaleza jurídica.

Esa entrada del Estado en el capital será "temporal y limitada", ya que no podrá superar los cinco años, y conferirá al Ejecutivo los mismos derechos que el resto de accionistas, con lo que podrán nombrar representantes en los órganos de administración.

Además, obligará a las entidades a acometer una fuerte reestructuración organizativa, ya que las cajas (las probables receptoras de ayuda) deberán modificar sus órganos de gobierno para atraer al capital privado, además de presentar un plan de viabilidad que contemple la entrada de inversores privados en sustitución del FROB.

Salgado insistió en que las nuevas exigencias de capital que se impondrán al sector buscan "restaurar la confianza eliminando cualquier duda que pudiera haber en el mercado sobre la solidez" del sistema financiero, así como "garantizar la canalización del crédito hacia nuestra economía, familias, y empresas".

Las nuevas exigencias supondrán que las entidades financieras deberán tener un mínimo de capital básico del 8% de los activos ponderados por riesgo, que será superior para las entidades que no cotizan y que no tienen una presencia significativa de inversores privados, como ocurre en las cajas de ahorro.

Ese porcentaje superior, que también será aplicable a las entidades con fuerte dependencia de los mercados mayoristas (más del 20% de sus activos), se fijará en las próximas semanas.

Los nuevos requisitos de capital tienen como objetivo elevar la capacidad de resistencia del sistema financiero español "en circunstancias difíciles y escenarios adversos, por mucho que éstos sean muy improbables", señaló Salgado.

Según el calendario establecido, las entidades tendrán que adaptarse en los próximos meses a las nuevas exigencias con las medidas que consideren oportunas.

En cualquier caso, el Banco de España elaborará en septiembre un informe sobre las entidades que no tienen posibilidades de alcanzar las nuevas exigencias de capital por no poder atraer a inversores privados, lo que dará el pistoletazo de salida para la toma de participaciones del FROB en cajas y bancos.

"Cada caja tiene su plan y no vamos a interferir hasta que el Banco de España diga que no tienen posibilidades de conseguir el capital", aseguró la vicepresidenta segunda.

Con las nuevas exigencias, el Gobierno adelantará además para las entidades financieras españolas los requisitos de capital que establece la nueva normativa bancaria Basilea III, que será de obligado cumplimiento en 2013.

Las nuevas medidas, que obligarán a cambiar la normativa del FROB y la de recursos propios de las entidades financieras, se harán mediante un Real Decreto Ley que el Gobierno aprobará en febrero y que espera consensuar con el respeto de partidos políticos.

Elena Salgado insistió en que la toma de participaciones en cajas o bancos se hará "en condiciones de mercado" con el asesoramiento, en su caso, de expertos independientes.

Asimismo, aseguró que la posible ayuda pública no supondrá un incremento del déficit público, ya que sólo tendrá un impacto de dos puntos sobre el ratio de deuda pública sobre el PIB, que en cualquier caso se mantendrá por debajo de la europea.

Respecto a la reacción de las cajas de ahorros, Salgado dijo que "no cree que el sector vaya a reaccionar mal", ya que se mantienen otras vías para la reconversión de las cajas, como la emisión de cuotas participativas con derechos políticos, que ya estaba contemplada en la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) pero que no ha tenido éxito alguno.

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