04 de julio de 2010
04.07.2010

Hacienda investiga a canarios con más de 1,62 millones en Suiza

El fisco no ha recibido respuesta de los requerimientos realizados a contribuyentes isleños

04.07.2010 | 11:54

Hacienda sigue la pista de contribuyentes canarios con cuentas en Suiza, donde tienen depositados, como mínimo más de 1,6 millones de euros. La Agencia Tributaria, que ha enviado ya sendos requerimientos a varios declarantes con residencia en Canarias para que aclaren su situación fiscal, no ha recibido aún respuesta.

Los principales casos corresponden, en su mayoría, a empresarios canarios o a particulares, que vivieron un tiempo en Suiza y que en su día decidieron abrir una cuenta en el país helvético. En concreto, los registros bancarios que se están investigando pertenecen a la firma suiza HSBC.

Las indagaciones se inscriben en el marco de una operación que ha arrancado en Francia, después de que un ex empleado del banco HSBC entregase a las autoridades galas una base de datos con la identidad de miles de titulares (3.000 españoles) de cuentas opacas abiertas en una filial de esta entidad financiera en Suiza.

Fuentes bancarias consultadas reconocen que para abrir una cuenta en esta exclusiva entidad financiera se requieren como mínimo dos millones de dólares (1,62 millones de euros). Normalmente, explican estas fuentes, los clientes abren más de una cuenta, y cada una de ellas obedece a una política de gestión distinta.

Vencimiento

La Agencia Tributaria ha acelerado el envío de requerimientos antes del 30 de junio para que los residentes canarios pongan al día su declaración con Hacienda y así evitar la prescripción de posibles delitos fiscales, cuyo plazo de vencimiento es de cuatros años. De esta forma, se comprobarán las declaraciones correspondientes en primer lugar a 2005, para así evitar que se extinga la presunta infracción.

El código penal, de hecho, eleva a 120.000 euros el límite defraudado a partir del cual se considerará que el contribuyente ha cometido un delito fiscal, al que le corresponden penas de prisión de hasta cuatro años. En la próxima reforma legislativa, el castigo aumentará hasta los cinco años.

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