13 de marzo de 2019
13.03.2019

Nueva maniobra desde la Fiscalía del Estado en el procedimiento

Anticorrupción promueve un cambio para apartar de la causa a la fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Almendral

13.03.2019 | 01:27

Las decisiones del ministerio fiscal en el caso Grúas han sido polémicas, tanto por los cambios de criterio bruscos cuando no inesperados en momentos claves del procedimiento que han dañado los intereses de la defensa del presidente del Gobierno de Canarias. La última disposición es, como algunas de las precedentes, insólita. El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción ha propuesto un cambio en la representación del ministerio público del caso en el juzgado de instrucción número 2 de La Laguna.

La fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Almendral, era la llamada a asumir la dirección del ministerio público en la causa. Por experiencia, jerarquía y prestigio y por la trascendencia de la investigación que afecta al presidente del Gobierno de Canarias lo normal hubiera sido que Carmen Almendral ejerciera las labores encomendadas a la Fiscalía en defensa de la legalidad, del interés público y de los derechos de los ciudadanos en el procedimiento.

Sin embargo, desde la Fiscalía General del Estado se va a proponer a la fiscal anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, para que asuma el control de la causa. Este cuerpo especial de la Fiscalía hasta ahora no había intervenido en el caso Grúas, en una decisión que puede tener justificación porque a esta unidad se le encomienda los asuntos de especial trascendencia relativos a delitos económicos u otros cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos relacionados con el fenómeno de la corrupción pero sorprende su incorporación en esta fase del procedimiento.

Sobre todo es anómala la intervención ahora de la Fiscalía Anticorrupción desde Madrid porque en la Fiscalía General del Estado se guarda un informe remitido por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Vicente Garrido, en el que no se hallan indicios de delito por presunta prevaricación o malversación de caudales públicos en la gestión del ahora presidente del Gobierno de Canarias cuando ocupaba la Alcaldía de La Laguna en el cambio de titularidad de la concesión municipal para el servicio de retira de vehículos.

Este informe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias enviado a la Fiscalía General del Estado tras estudiar el caso el teniente fiscal Demetrio Pintado no se ha hecho público aunque sus conclusiones –el cierre de la causa al no hallarse indicios de presunta prevaricación y malversación de caudales públicos- han sido desveladas por este periódico.

En la Fiscalía General del Estado se guardó el informe la espera de que se aprobara el Estatuto de Autonomía de Canarias, el pasado 6 de noviembre, que eliminaba los aforamientos para los altos cargos. De esta forma, en una maniobra de dilación el ministerio público evitaba tener que pronunciarse en el Alto tribunal canario sobre el proceder de Fernando Clavijo, en cuya gestión no se observaba ningún hecho delictivo.

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