13 de marzo de 2019
13.03.2019
Tribunales | 'Caso Grúas'

La jueza suspende la declaración de Clavijo y despeja su camino al 26M

La magistrada del Juzgado de Instrucción modifica la consideración del presidente del Ejecutivo regional de investigado a interviniente

13.03.2019 | 01:32
El presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, ayer tras una de sus intervenciones durante su comparecencia en el Parlamento sobre el ´caso Grúas´

Fernando Clavijo no declarará en sede judicial este viernes por el caso Grúas. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, Celia Blanco, decidió ayer suspender la declaración del presidente del Gobierno de Canarias al considerar que la competencia del órgano judicial para llevar este proceso "aún está en liza". Con esta resolución, Blanco despeja el camino de Clavijo,candidato por CC a la reelección, hasta después de las elecciones del 26 de mayo. Si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) falla en contra al recurso de casación interpuesto por la defensa del jefe del Ejecutivo -algo que es previsible porque ya dictaminó que contra el auto que desvió el caso Grúas al juzgado lagunero no cabe recurso-, abre la puerta a su defensa a acudir al Tribunal Supremo (TS), que tardará meses en resolver.

En el auto emitido por la magistrada para suspender la citación del presidente regional, prevista a las 9.30 horas, la juez cambia la situación procesal de Clavijo, que pasa de investigado a interviniente. Blanco adopta esta decisión para "evitar diligencias de instrucción que pudieran en su día resultar nulas" al entender que el Supremo puede todavía revocar la resolución del TSJC por la que envió el caso Grúas al juzgado de instrucción.

La Sala de lo Penal del Alto Tribunal canario, con el voto particular de su presidente, Antonio Doreste, dictó a principios de febrero un auto en respuesta a un recurso de súplica del jefe del Ejecutivo. En él, el TSJC asume la tesis de la Fiscalía de que nunca existió un procedimiento abierto en el Alto Tribunal isleño y de que nunca fue competente, por lo que optó por inhibirse a favor del juzgado lagunero. El recurso de súplica de la defensa de Clavijo se presentó tras la primera decisión del TSJC, que también respaldaba las tesis del Ministerio Público, sobre que no era competente en la causa al perder Clavijo su condición de aforado con la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias.

"Recurso extraordinario"

La defensa de Clavijo, tras el rechazo a su recurso de súplica, presentó otro de casación sobre el que la Sala de lo Penal del TSJC aún no se ha pronunciado. Quien sí lo ha hecho ha sido la Fiscalía Superior de Justicia de Canarias. Pese a que en un primer informe elaborado por el teniente fiscal Demetrio Pintado se apuntaba a la conveniencia de que fuese el Supremo el que decidiera qué órgano es el competente para seguir con las actuaciones, finalmente se emitió otro, según ha podido saber este periódico, en el que se rechaza el recurso del presidente regional contra el auto del TSJC que desvía el caso al juzgado lagunero.

Ante la ausencia de pronunciamiento del TSJC sobre el recurso de casación, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna decidió ayer suspender la declaración de Clavijo tras citarlo como investigado a final de febrero. En su auto, Blanco expone que la representación procesal de Clavijo informó al Juzgado que había interpuesto un recurso de casación. Al carecer de sello oficial que permitiera comprobar la veracidad del escrito, solicitó ayer, por providencia, si efectivamente se había registrado tal apelación porque, indica, al juzgado "nada le consta y nada se le ha comunicado". Tras comprobar que sí se ha presentado el recurso de casación -al que define como un "recurso extraordinario que tiene efectos suspensivos y devolutivos"- y que aún no ha sido resuelto por la Sala, Blanco dictó la suspensión de la declaración de Clavijo.

En el caso Grúas se dirime si Clavijo, cuando era alcalde de La Laguna, cometió alguna irregularidad -en concreto prevaricación y malversación de fondos públicos- por la aprobación de un préstamo a la empresa concesionaria del servicio de grúas para evitar su quiebra y poner en peligro la retirada de vehículos en una ciudad marcada por la amplia red de calles peatonalizadas . Hasta ahora, los únicos investigados en este procedimiento son el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), y el concejal Antonio Miguel Pérez-Godiño.

Solo un día antes de suspender sine die la declaración de Clavijo, Celia Blanco, a través de una providencia, abrió la puerta al presidente a solicitarla. Los argumentos en los que se basaba eran los mismos que mantiene en el auto dictado ayer: el TSJC debe concluir todos los trámites. De los que, por otra parte, no tenía información oficial y notificación por parte del alto tribunal canario, lo que motivó la citación para el día 15.

Pese a la oportunidad que se le abría, Clavijo la rechazó porque, según apuntó durante su comparecencia en el Parlamento de Canarias para dar explicaciones sobre el caso Grúas, quiere disipar en sede judicial las dudas que puedan existir sobre un expediente que calificó de "éxito".

Los grupos de la oposición, salvo ASG, forzaron que la comparecencia del presidente en la Cámara regional se produjera antes de su declaración en el juzgado -en caso de que ésta se hubiese mantenido- y no después, como había solicitado Clavijo para evitar interferir en el proceso judicial.

El cruce de acusaciones y reproches entre la oposición y Clavijo fue constante. Para el mandatario, candidato a la reelección en las elecciones autonómicas, su comparecencia a petición de los grupos de la oposición responde a intereses políticos y partidistas en los albores de dos campañas electorales, en los que menos impera es la coherencia a favor de un "circo" con finalidad preelectoral. Asimismo, Clavijo acusó a los denunciantes del caso de buscar una "causa política-judicial" para "ganar en los tribunales lo que no son capaces de ganar en las urnas". ASG calificó la comparecencia de "campaña electoral" mientras que el PP y NC acusaron a Clavijo de ser el responsable de politizar el caso. Podemos y PSOE le exigieron la dimisión.

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