09 de marzo de 2019
09.03.2019

El alquiler vacacional acusa al Parlamento de 'volar' el sector con la nueva ley

La reforma de la norma turística, impulsada por NC, prohíbe los 'bed and breakfast' y los alquileres en complejos por largas temporadas

09.03.2019 | 02:23
Protesta vecinal en Las Canteras contra el alquiler vacacional.

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) alerta de que la reforma de la ley de renovación y modernización turística de Canarias, que aprobará el Parlamento regional el miércoles con el único voto en contra del PP, supone un "auténtico expolio" a sus derechos. Una "bomba normativa" que, denuncian en un comunicado, contradice las últimas resoluciones del Tribunal Supremo y limita el negocio hasta tal punto que puede dejar "sin valor alguno" muchas propiedades. "Los propietarios no podrán hacer nada con sus casas salvo entregarlas a una empresa explotadora o usarlas los fines de semana".

La proposición de ley presentada por Nueva Canarias y apoyada por CC , PSOE, Podemos y Grupo Mixto prohíbe el alquiler por largas temporadas en los complejos de apartamentos; pone trabas al alquiler por solo por habitaciones; impone la aceptación de las comunidades vecinos por mayoría o prohíbe, entre otras medidas, la vivienda vacacional en apartamentos que hayan sido "residencializados" y en los establecimientos turísticos que hayan causado baja en la explotación turística.

Este, sostiene Ascav, es el mayor "atentado de la democracia contra los pequeños propietarios de apartamentos en zonas turísticas y viviendas vacacionales". Destaca que se impide el arrendamiento de varios meses en los complejos aun cuando es la solución que ha encontrado muchos propietarios por la baja rentabilidad que daba el explotador turístico o porque el complejo había causado baja en la explotación turística. "Si tienes un apartamento, has de saber que tu propiedad no valdrá nada de salir adelante esta ley: no podrás hacer nada con ella salvo entregarla a una empresa explotadora o usarla los fines de semana", sostiene la presidenta de Ascav, Dory Borrego, que lamenta que la norma vaya a salir adelante usando el argumento del interés general y la falta de vivienda asequible para los canarios. "Se trata de un auténtico expolio a los canarios, a los propietarios de apartamentos y viviendas vacacionales y a las empresas canarias, y todo para dejar el negocio en manos de los de siempre", asegura.

La Asociación denuncia además que en la nueva ley se vulneran competencias estatales al imponer a la empresa turística y no al turista que se aloja el deber de garantizar el respeto de las normas de régimen interior de la comunidad. Se hace a los propietarios de las viviendas responsables de las infracciones, en lugar de al autor de los hechos, como ocurre en el resto de alojamientos.
La ley, de otro lado, eleva la sanción por comercializar una vivienda vacacional sin presentar declaración responsable hasta los 300.000 euros. "Una cantidad totalmente desproporcionada, ya que supera con creces los valores de la mayoría de los inmuebles". La sanción es la misma para las plataformas de internet que las comercialice.

Ascav alerta especialmente de que la norma deja en manos del planeamiento urbanístico municipal la exclusión total o en parte del alquiler vacacional. Si el ayuntamiento no lo hace el Gobierno de Canarias podrá establecer "requisitos, criterios y estándares turísticos de implantación del uso turístico de las viviendas" lo que, desde el punto de vista de la Asociación, deja al Ejecutivo la facultad de establecer límites máximos de implantación o imponer condiciones urbanísticas específicas.

"No sólo se va a guillotinar los derechos de estos propietarios sino que también se fulminarán a las empresas inmobiliarias. ¿Quién va a comprar un apartamento turístico o vivienda para fines vacacionales con estas limitaciones? Las caídas en las ventas serán espectaculares", sentencia Borrego.

La Asociación Canaria de Vivienda Vacacional lamenta que "nuevamente con nocturnidad y alevosía se pretende votar una modificación de la ley en con-tra de las resoluciones del Tribunal Supremo y a espaldas del único colectivo que representa al sector en el Archipiélago. "Se van a cercenar de tal manera los derechos de los ciudadanos que sus propiedades carece- rán de valor alguno", alerta en su comunicado.

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