10 de enero de 2019
10.01.2019

La Audiencia de Cuentas avisa de que no es interés público especular con 'swaps'

El órgano fiscalizador advierte a los ayuntamientos que es un producto de "riesgo"

10.01.2019 | 01:23

El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, advirtió ayer que "especular no es una función pública ni es de interés público", durante la presentación en comisión parlamentaria de un informe sobre la contratación de swaps por parte de los ayuntamientos canarios entre 2009 y 2011.

El informe fue remitido por la Audiencia de Cuentas al Parlamento de Canarias en diciembre de 2016, pero no ha sido hasta enero de 2019 cuando la Comisión de Presupuestos ga incluido en su orden del día la presentación y debate de esta fiscalización.

Los swaps son instrumentos financieros derivados, "un producto complejo y de alto riesgo" en el que se trata de cubrir un eventual aumento de los tipos de interés, pero en el que la ganancia para el cliente, en este caso los ayuntamientos, es más limitada si los tipos suben que las pérdidas en el caso de que bajen, indicó Pacheco.

La venta de estos productos derivados por parte de las entidades financieras comenzaron en 2004, antes de la crisis bancaria de 2008, y muchas veces eran los bancos los que condicionaban determinadas operaciones a que se formalizaran de forma complementaria estos contratos, dijo Pacheco en la comisión.

En el caso de este informe, se fiscalizó a todos los ayuntamientos de las islas, si bien en el periodo de 2009 a 2014 solo quedaban pendientes dos operaciones financieras con swaps, una del Ayuntamiento de San Bartolomé de Lanzarote y otra del Ayuntamiento de Gáldar.

En el caso de San Bartolomé de Lanzarote, no hubo coste para las arcas municipales porque se pudieron compensar las cantidades asignadas a estos contratos, pero en el caso de Gáldar las pérdidas superaron los 957.000 euros, si bien el Ayuntamiento impugnó el caso ante los tribunales.

Pedro Pacheco explicó que en estas actuaciones municipales "se prescindió del procedimiento legal establecido en cuanto a la competencia para adoptar los acuerdos y el seguimiento de la normativa de contratación". No consta justificación que acredite la necesidad de la permuta financiera realizada ni ningún análisis de riesgo o de posibles perjuicios o beneficios de las operaciones, abunda el informe de la Audiencia de Cuentas.

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