12 de agosto de 2018
12.08.2018
Vivienda Subvenciones

Las esperadas ayudas de Vivienda crispan a ciudadanos y políticos

Los demandantes de las subvenciones al alquiler y a la rehabilitación exigen que el plazo de 15 y 20 días para registrar la solicitud se amplíe

11.08.2018 | 22:49
Las esperadas ayudas de Vivienda crispan a ciudadanos y políticos

Sin más vacaciones en la oficina

  • El cierre por vacaciones de la oficina del Instituto Canario de la Vivienda en Arrecife denunciado por los populares lanzaroteños termina mañana. El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, anunció el viernes que esa dependencia volverá a atender al público después de que contactase con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para expresarle su preocupación por el hecho de que la oficina situada en la Vía Medular de la capital conejera estuviese cerrada al público en plena campaña para tramitar las ayudas al alquiler de viviendas. San Ginés, en un comunicado, hizo hincapié en que el Instituto Canario de la Vivienda ha considerado que hasta que finalice el plazo para la tramitación de los expedientes, fijado para el 28 de agosto, habrá dos administrativos atendiendo a quienes quieran obtener las ayudas al alquiler que otorga el Gobierno de Canarias. Por otro lado, la diputada popular y portavoz de Asuntos Sociales del PP, Josefa Luzardo, asegura que la publicación de las ayudas en agosto no se debe a la tardía suscripción del convenio Estado-Canarias, pues apunta a que el Ejecutivo regional podría haberlo hecho desde que conocía la partida que tendría para esa materia sin necesidad de firma. “Como hasta la última semana de julio la convocatoria anterior no estaba finiquitada, no iba a sacar la nueva antes”, afirma. LOT

"Negligencia", "ineptitud" o "despropósito". La publicación de las convocatorias para las deseadas ayudas de Vivienda destinadas a cubrir parte del alquiler y la rehabilitación de inmuebles soliviantan a ciudadanos y políticos. No solo porque el plazo habilitado para presentar las solicitudes sea, a su juicio, limitado, sino también porque por segundo año consecutivo el Ejecutivo regional ha elegido agosto para que los interesados en beneficiarse de esas subvenciones recaben toda la documentación necesaria para acceder a ellas. La oleada de indignación entre los solicitantes y los partidos de la oposición, que exigen más tiempo, no se hizo esperar. La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en manos de Cristina Valido, colgó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la resolución de estos programas y apenas 24 horas después las quejas frente a las puertas de los registros y en las comunidades de vecinos apuntaban a la inviabilidad de reunir y presentar toda la documentación en tiempo y forma. El Gobierno canario, en cambio, asegura que es posible realizar el trámite en el periodo habilitado para ello y que, en todo caso, la culpa de que no se hayan convocado antes las subvenciones es del PP por su gestión cuando aún estaba al frente del Ejecutivo central.

Las ayudas destinadas al alquiler, unas para menores de 35 años y otras para la población con escasos recursos económicos, y las dirigidas a la rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética, el fomento de la conservación y accesibilidad y la modernización de instalaciones interiores, se esperaban como agua de mayo. Sin embargo, la frustración ha sido mayor que la alegría tras la publicación de las convocatorias.

Pese a que el plazo para presentar las solicitudes en las subvenciones al alquiler es de quince días hábiles -finaliza el día 28-, cinco más que en la convocatoria del año pasado, el enfado entre los solicitantes que hacen cola para poder registrar sus peticiones es evidente. No solo lamentan la poca eficacia en la organización y que les lleva, según denuncian, a hacer largas colas, sino que también critican que tengan que ajustarse al horario de verano de la Administración Pública para poder llevar a cabo este trámite.

La directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICV), Pino de León, reconoció esta semana que "no es ideal" que la publicación de las ayudas se haga en agosto, pero aseguró que una "serie de elementos no imputables" al Ejecutivo regional ha conducido a que se vuelva a repetir la misma situación del pasado año. De León recuerda que hasta el 30 de julio no se firmó el convenio entre el Estado y el Archipiélago para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, sin el cual, expuso, no era posible sacar la convocatoria de ayudas. Ese retraso lo achacó, entre otros motivos, a que el plan no se puso sobre la mesa del Gabinete de Mariano Rajoy hasta el 9 de marzo. Seis días después, se celebró la Conferencia Sectorial de Vivienda y, posteriormente, se adoptaron las resoluciones del Consejo de Ministros para la ratificación del acuerdo adoptado en la conferencia sectorial para el reparto de los fondos. En cualquier caso, De León garantiza que las próximas convocatorias se publicarán durante el primer trimestre de año o, como muy tarde, en abril.

Los solicitantes, sin embargo, no quieren escuchar "excusas", sino "soluciones" a un problema "que se repite por segundo año consecutivo" y que siempre "pagan los mismos". José Pérez llegó tarde esta semana al edificio de Usos Múltiples II de Las Palmas de Gran Canaria. "Es una vergüenza que nos tengan corriendo en un mes de vacaciones y que luego llegues y no te atiendan por el horario de verano", apuntó. "Tampoco se entiende que muchas personas no se enteren de que tienen a su disposición estas ayudas al ser un mes vacacional ", añadió.

El ICV señala que no se ha producido una avalancha de peticiones aunque se hayan formado algunas colas. Una espera que, subraya, se puede evitar porque las solicitudes se pueden presentar en las oficinas de las sedes del propio Instituto, en su sede electrónica, en los registros centrales del Ejecutivo regional, en los ayuntamientos, los cabildos y en la Subdelegación del Gobierno. Asimismo, el ICV destaca que las partidas destinados a estas ayudas ascienden a los 17,5 millones de euros, "una cantidad que no se había alcanzado hasta ahora y que permitirá llegar a más de 6.000 familias".

Las comunidades de vecinos y los administradores de fincas también denuncian esas mismas dificultades, a las que añaden la "ingente" cantidad de documentación que tienen que preparar "en tiempo récord" para poder aspirar a los programas de rehabilitación. En este caso, el plazo para formalizar la solicitud es de 20 días hábiles -expira el 4 de septiembre-, frente a los 30 días de la convocatoria anterior. De León explica que como ahora son días hábiles, el periodo se extiende por casi un mes. Los administradores de fincas, sin embargo, no solo inciden en el limitado tiempo que tienen los interesados en presentar todos los documentos, sino también en que ese periodo se enmarca en un mes "eminentemente vacacional" que dificulta, aún más, realizar este trámite.

El proyecto de las actuaciones que se quieren llevar a cabo, el certificado de empadronamiento de al menos el 50% de los propietarios, el informe técnico del edificio o el presupuesto de las obras son algunos de los documentos que exigen para acceder a las ayudas. Si las intervenciones no se tenían prevista o preparadas con anterioridad, la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Las Palmas, Rosario Molina, sostiene que es imposible aspirar a recibir las ayudas. "Lo que piden no se hace ni en un día ni en dos", lamenta, y "mucho menos" si los arquitectos, aparejadores e ingenieros están de vacaciones. Este colectivo denuncia que las barreras con las que tropiezan provocan que muchas comunidades de vecinos den por perdidas las ayudas y no intenten, siquiera, enfrentarse a todo el papeleo.

El debate sobre esta materia en el terreno político también está servido. Las formaciones de la oposición coinciden en señalar que el retraso en su publicación y su convocatoria en agosto provocará que numerosas personas que reúnen condiciones para acceder a las subvenciones queden excluidas.

Tanto el PSOE como Podemos ya han anunciado que solicitarán la comparecencia de Cristina Valido en septiembre para que dé explicaciones sobre la convocatoria en agosto de estas ayudas. El diputado socialista, Gustavo Matos, aseguró que este asunto -que a su juicio se ha convertido ya "en la canción del verano del CC"- se produce por la combinación de dos factores: por la "ineptitud" del Gobierno canario derivada de su "falta de capacidad" para adelantarse en los acontecimientos y por la mala fe para que las ayudas "no salgan". La secretaria general de Podemos y portavoz parlamentaria, Noemí Santana, expone que en el marco estatal se contempla el abono máximo de 500 euros, si bien en las grandes ciudades se contempla una cuantía mayor. "Aquí eso no se hace. Básicamente ven igual los precios de las viviendas en Las Palmas de Gran Canarias o La Laguna que en Ingenio o Garachico", lamenta.

El PP, que fue el primer partido de la oposición en afear la gestión del Ejecutivo regional en esta materia, acusa a la Consejería de Vivienda de "sacar a escondidas" las ayudas. Su portavoz en Asuntos Sociales en el Parlamento, Josefa Luzardo, advirtió además de que probablemente Visocan, la empresa pública de promoción de viviendas protegidas, se lleve buena parte de las subvenciones para la rehabilitación de edificios, tal y como sucedió en la convocatoria anterior, según apunta. Si bien Luzardo admite que es legal que Visocan, "prima hermana del ICV", presente sus proyectos, asegura que le "molesta" que al final sea esa entidad la que más iniciativas presente porque probablemente conozca antes los plazos.

NC, por su parte, tilda de "negligencia" la actuación del Ejecutivo canario y califica de "inaceptables" los plazos habilitados tanto para las ayudas al alquiler como para la rehabilitación de vivienda, por lo que su presidente, Román Rodríguez, exigió la ampliación de los mismos. El portavoz de Ciudadanos (Cs) en las Islas, Mariano Cejas, considera que esta situación es un "despropósito" y lamenta que Canarias no haya seguido la trayectoria de otras regiones, como Castilla y León o la Comunidad Valenciana, que publicaron sus convocatorias en junio y dieron un plazo de 30 días para tramitar las ayudas.

De León, en cambio, achaca a dos razones la lluvia de críticas que manan de los partidos de la oposición: "a la falta de información en la tramitación y ejecución de los programas del Plan Estatal de Vivienda o al oportunismo político y electoral".

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