08 de agosto de 2018
08.08.2018

El número de menores en riesgo en Canarias desciende un 13,6% en tres años

En el Archipiélago se ha pasado de los 2.957 niños en situación de riesgo en el año 2014, a los 2.552 en 2017

08.08.2018 | 15:42
Imagen de archivo.

El número de menores en riesgo en Canarias ha descendido un 13,6 por ciento entre 2014 y 2017, según el Informe sobre la situación de la Infancia y la Familia en Canarias elaborado por las dos universidades canarias y coordinado por la catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación María José Rodrigo.

En concreto, en Canarias se ha pasado de los 2.957 niños en situación de riesgo en el año 2014, a los 2.552 en el año 2016, cifra que se mantuvo al cierre del ejercicio de 2017, por lo que en términos absolutos se produjo un descenso de 405 menores en situación de riesgo entre 2014 y 2017.

Esto, señaló la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Carmen Morales, es un "indicador de que se está trabajando adecuadamente con las familias con dificultades sociales", según informó el Gobierno regional en nota de prensa.

Así, en relación al citado Informe, por islas se desprende que en Lanzarote hay 87 menores en riego; en Fuerteventura, 227; en Gran Canaria, 963; en El Hierro, 12; en La Gomera, 17; en La Palma, 165 y en Tenerife 1.081.

Morales explicó que la protección al riesgo es una competencia municipal financiada por el Gobierno de Canarias, y actualmente hay 78 equipos municipales especializados en el archipiélago, ya que alguno están mancomunados por su "escasa población infanto-juvenil".

En este sentido, valoró "positivamente" la labor que se hace desde los ayuntamientos, ya que va desde la investigación a la verificación de las situaciones familiares, la elaboración de un diagnóstico especializado, las propuestas de medidas de prevención o los proyectos de intervención familiar, "siempre en coordinación con la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia".

Estos equipos municipales especializado en infancia y familia, indicó, son "un recurso básico de los servicios sociales comunitarios en los que, diferentes profesionales detectan los problemas, las carencias o las dificultades por las que atraviesan las familias que pueden afectar a los menores que viven en ellas y buscan los recursos necesarios para que puedan afrontar su situación de vida con garantías".

Para este año, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda destinó 5,13 millones de euros a los municipios para la protección del riesgo, conforme a la distribución incluida en el protocolo de acuerdo marco firmado entre la Consejería y la Federación Canaria de Municipios.

Por otra parte, se apuntó que la actual Ley de Protección Integral del Menor considera que un menor se encuentra en situación de riesgo cuando, a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar la declaración de desamparo y la separación del menor de su familia.

En esta situación, corresponde a los a los municipios la detección de riesgo para los menores, en coordinación con los centros y unidades escolares y sanitarias de su ámbito territorial. Por ello, matizó, se trata de "un recurso preventivo prioritario" para el que se establecen programas de apoyo a la familia con los que cubrir las necesidades básicas de los menores y mejorar su entorno familiar para "garantizar su derecho a permanecer en el mismo en condiciones que permitan su desarrollo integral".

Así, señaló que el apoyo a la familia se desarrolla mediante la orientación técnica, la educación y planificación familiar, la ayuda a domicilio, la atención de los menores en escuelas infantiles y cualesquiera otras medidas y actuaciones que contribuyan a la formación de quienes ejerzan funciones parentales y al desarrollo integral de los menores.

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