07 de mayo de 2018
07.05.2018

El PP pide el 10% del presupuesto canario para servicios sociales y una "nueva" PCI

Los populares exigen duplicar los recursos

08.05.2018 | 02:45
Australia Navarro, Asier Antona y Josefa Luzardo.

El PP exige un incremento de 400 millones en la financiación de los Servicios Sociales, a los que el Gobierno de Canarias estará obligado a destinar el 10% de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma en el plazo de tres años. Ésta es una de las condiciones que los populares ponen sobre la mesa para apoyar la nueva ley.

En la práctica, esta exigencia legislativa supondrá duplicar los actuales recursos, pasando de 396 millones a unos 800 millones de euros.

El Grupo Parlamentario Popular ha anunciado este lunes la presentación de 90 enmiendas parciales a la Ley de Servicios Sociales con el fin de darle "un giro de 180 grados" y que sea efectiva "desde el minuto uno".
Entre ellas destaca que el presupuesto crezca hasta los 800 millones en los próximos tres años hasta alcanzar el 10% en las cuentas autonómicas y así garantizar la prestación de los servicios, ha detallado el presidente del grupo, Asier Antona, en una rueda de prensa conjunta con la portavoz, Australia Navarro, y la diputada Josefa Luzardo.

Además, los populares reclaman un catálogo de servicios "transparente", que se clarifiquen las competencias para "evitar duplicidades" con cabildos y ayuntamientos, la elaboración de una "nueva" PCI sin límite temporal y con evaluación periódica, un nuevo Plan de Infancia enfocado a la atención temprana y la erradicación de la pobreza y un nuevo modelo de concertación social para potenciar la labor del tercer sector.

Antona ha insistido en que el proyecto de ley llega a la Cámara "tarde y mal" ya que el presidente, Fernando Clavijo, se comprometió a que estaría aprobado en el primer semestre de 2015, y ha pedido un "esfuerzo" al Ejecutivo si quiera contar con el apoyo de los populares.

En esa línea, ha apuntado que el texto actual "es pésimo y un brindis al sol" porque no tiene ficha financiera, lo que se suma al "desastre" de la política social del Gobierno, aparte de que la necesidad de diversos reglamentos "demoraría" su puesta en práctica.

"Decimos no al sufrimiento y basta ya a la insensibilidad de la administración", ha comentado. "No solo enmendamos un pésimo proyecto de ley, enmendamos el desastre de la política social de un gobierno agotado, que ha fallado a quienes más lo necesitaban", insistió Antona.

Navarro, por su parte, ha explicado que las enmiendas modifican el 83% del proyecto de ley, criticando que el actual no cuenta con un mapa de infraestructuras, no ayuda a resolver la "maraña" administrativa y precisa de unos reglamentos "farragosos" para su desarrollo.

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