16 de abril de 2018
16.04.2018

Once de los 60 diputados incluyen másteres en sus perfiles del Parlamento

43 parlamentarios regionales aseguran poseer una licenciatura universitaria en el portal de transparencia de la Cámara

16.04.2018 | 01:56
Once de los 60 diputados incluyen másteres en sus perfiles del Parlamento

Parlamentarios con licencia y máster

  • Partido Socialista:
    • Gustavo Matos: Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. Máster en abogacía por la Escuela Jurídica de Editorial Colex adscrita a Universidad de Salamanca en 1996. Máster en Derecho de Responsabilidad Civil y del Seguro por la Universidad de Granada.
    • Gabriel Corujo Bolaños: Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación por la ULPGC (2012). Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática, ULPGC (2000-2007). Máster en Prevención de Riesgos Laborales, nivel superior, especialidad Seguridad en el Trabajo, Confederación Canaria de Empresarios (2008).
    • Rosa Cabrera Noda: Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca. Máster de Urbanismo por la ULPGC.
    • Ana González: Licenciada en Biología, especialidad en Sanitaria y Biología Molecular y Celular por la ULL. Máster en Ciencias Forenses con especialidad en Criminalística por la UAM.
  • Partido Popular:
    • Águeda Montelongo: Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la ULPGC. Máster en Dirección y Gestión Deportiva por la Universidad de Málaga.
    • José Tomás Estalella: Licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Economista en ejercicio. Diplomado en Ciencias Empresariales por la Escuela de Ciencias Empresariales de la ULPGC. Máster en Dirección y Administración de Empresas por la Escuela de Negocios MBA de Las Palmas de Gran Canaria.
    • Cristina Tavío: Licenciada en Derecho por la ULL y Máster en Derecho Comunitario por la Universidad Libre de Bruselas.
    • Miguel Jorge Blanco: Licenciado en Derecho por la ULL. Máster en Dirección de Comercio Internacional en la Fundación Bravo Murillo.
  • Podemos
    • María del Río Sánchez: Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Granada. Máster Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Edificado (CICOP La Laguna).
  • Agrupación Socialista Gomera
    • Melodie Mendoza: Licenciada en Derecho por la ULL. Máster en Bolsa y Mercados Finan-cieros.
  • Coalición Canaria
    • Migdalia Machín: Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración Pública con la especialidad de América Latina en la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Comunicación Política e Institucional en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.

Doce de los 60 diputados regionales incluyeron en su currículo de la página de transparencia del Parlamento de Canarias estudios universitarios de posgrado, la mayor parte másteres. Pero a partir del pasado 5 de abril la cifra se redujo en uno. Se trata de Asier Antona, presidente del PP de Canarias, que ese día eliminó de su perfil parlamentario un Diploma de Estudios Avanzados (DEA) de Historia del Pensamiento Político, pues en realidad no lo posee.

Antona ha sido el único miembro de la Cámara canaria que ha modificado su perfil profesional de la web oficial del Parlamento después de que el pasado 21 de febrero estallara el escándalo del máster de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, en la Universidad Rey Juan Carlos.

El líder de los populares isleños alegó que la introducción del DEA, cuando no lo había obtenido, se debió "a un error de redacción" y que no sabía quién había colocado esa información en el portal de transparencia del Parlamento. Pero lo cierto es que llevaba al menos 10 años asegurando que poseía el DEA en sus currículos tanto en la Wikipedia -que también modificó recientemente- como en la web del PP.

Los otros 11 diputados mantienen sus títulos universitarios obtenidos después de la licenciatura en sus espacios de la página de la Cámara canaria en internet, ninguno en la polémica Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El que más títulos tiene de este tipo es el socialista Gustavo Matos, licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna y que ejerce como abogado. El político lagunero incluye dos másteres en el apartado de actividad profesional: Máster en Abogacía por la Escuela Jurídica de Editorial Colex, adscrito a la Universidad de Salamanca en 1996, y Máster en Derecho de Responsabilidad Civil y del Seguro por la Universidad de Granada.

Perfiles inalterados

Además de Matos, los otros 10 diputados con estudios universitarios superiores que han mantenido inalterados sus perfiles durante esta legislatura son: Águeda Montelongo, José Tomás Estalella, Cristina Tavío y Miguel Jesús Jorge, por el PP; Gabriel Corujo, Rosa Cabrera y Ana González, por el PSOE; María del Río Sánchez, por Podemos; Melodie Mendoza, por la Agrupación Socialista Gomera; y Migdalia Machín, por Coalición Canaria.

De los 60 diputados de la Cámara regional, un total de 43 aseguran tener al menos una licenciatura; es decir, un 71%. Hay que recordar que estos datos se refieren siempre a la información que brindan sus señorías a la ciudadanía en este portal oficial del Parlamento, lo que no quiere decir que alguna más tenga una carrera pero no lo aclare en esta página. Por ejemplo, la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, que no detalla sus estudios y se centra en los departamentos del Gobierno de Canarias para los que ha trabajado. En el currículo del PSOE sí aclara que es licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna y cursó estudios de doctorado sobre Nuevas perspectivas en la Ciencia Jurídica entre 1990 y 1992.

Derecho es la carrera preferida de los diputados canarios: 15 de 43. Por el contrario, los casos más minoritarios son los de Juan José Márquez (Podemos), que estudió Música y es miembro de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria; Ana González (PSOE), licenciada en Biología; Casimiro Curbelo (Agrupación Socialista Gomera), que hizo Filosofía y Letras en la Universidad de La Laguna; o Natividad Arnáiz (Podemos), de Bellas Artes. Luego hay filólogos (como García Ramos), economistas (como el presidente de Canarias, Fernando Clavijo), médicos (como Román Rodríguez), ingenieros agrícolas (como Antonio Castro Cordobez) o licenciados en Ciencias Políticas (como el propio Asier Antona).

Los diputados canarios están sometidos, desde enero del año pasado, a un estricto código de conducta que les exige ser íntegros, transparentes, diligentes, honrados y responsables, además de mostrar una "actuación desinteresada" en el ejercicio de sus funciones y cumplir las reglas de cortesía parlamentaria y respeto hacia los miembros de la Cámara, el personal del Parlamento y la ciudadanía en general. Sin embargo, en cuanto a la transparencia y a la información que ofrecen a los ciudadanos sobre su trayectoria profesional no están obligados a acreditar sus títulos. Cada diputado es responsable de su perfil y de modificarlo cuando consideren necesario pero no deben entregar ningún documento que confirme sus currículos.

Algunos diputados no están de acuerdo con este principio de buena fe en los criterios de transparencia del Parlamento de Canarias, el mismo que se aplica en el Congreso de los Diputados y en las administraciones públicas.

Se da la circunstancia de que cada señoría pone los datos como le parece, de tal manera que hay currículos muy completos y otros sin apenas detalles, como el centro en el que cursaron los estudios, la promoción o la especialización. Los hay que no ofrecen ningún tipo de dato, los casillas vacías del portal de transparencia parlamentario: la socialista María Victoria Hernández y el podemita Manuel Marrero.

El reglamento que rige el comportamiento de los diputados de las Islas amplió sus obligaciones, que hasta su puesta en marcha a principios de 2017 se limitaban a ejercer sus tareas parlamentarias, cumplir la normativa sobre incompatibilidades y presentar una declaración sobre sus bienes. El texto recoge diversas medidas y un régimen sancionador para los casos de incumplimiento. Las infracciones pueden dar lugar a la imposición de multas que oscilan entre 100 y 500 euros, en función de la gravedad de la conducta.

El código de buenas prácticas recoge por vez primera una restricción sobre los obsequios que reciben los diputados, que no podrán aceptar para sí ni para terceras personas regalos "que superen los límites de los usos sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar sus funciones".


La falsedad documental como delito



  • El delito de falsedad documental, tal como está recogido en los artículos 390 y 392 de la legislación, establece penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses y, entre otras consideraciones, sanciona a quienes "simulan un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad". Ya existen varias sentencias dictadas por el Tribunal Supremo con penas de cárcel por currículos inflados. Desde una administrativa que se hacía pasar por higienista dental sin tener la titulación requerida hasta una persona que afirmó tener la licenciatura en Derecho para obtener el título de director de Relaciones Laborales y fingió ser abogado durante una década. Las titulaciones que no se tienen se han convertido en estas últimas semana en un arma arrojadiza entre los partidos pero hasta el momento sólo se conoce la dimisión de un diputado de Podemos en el Parlamento de Galicia por inflar su currículo. Otros parlamentarios como Toni Cantó cambiaron sus titulaciones al pasarse de un partido a otro, en este caso de UPyD a Ciudadanos.

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