11 de abril de 2018
11.04.2018

El TSJC anula la decisión de apartar a Lifeblood del concurso de hemodiálisis

La empresa obtiene una sentencia favorable siete años después de que Sanidad renunciara al contrato del que era adjudicataria

10.04.2018 | 23:45

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado la orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que el 9 de marzo de 2011 renunció a la celebración del contrato para la prestación de los servicios de hemodiálisis en los hospitales de Gran Canaria Doctor Negrín y en el Doctor José Molina Orosa de Lanzarote. La Justicia canaria atiende así la petición de la empresa Lifeblood, adjudicataria provisional en el momento de producirse la anulación de la convocatoria.

El Ejecutivo autonómico, que entonces presidía Paulino Rivero (CC) en la primera de las dos legislaturas del tinerfeño, actuó de ese modo en base a una carta de Lifeblood en la que, en medio de críticas de la opinión pública en las que se dudaba de su capacidad para prestar el servicio y la limpieza del proceso por el que accedió al contrato, se ponía a disposición de la Administración para que actuase como creyera conveniente, incluso anulando el certamen y convocando uno nuevo.

Cuando se adjudicó el servicio a Lifeblood por 31 millones de euros en cuatro años -prorrogables hasta quince, en cuyo caso la suma ascendería a 124 millones de euros-, era consejera de Sanidad la actual delegada del Gobierno central en Canarias, Mercedes Roldós (PP). Su partido estaba integrado en el Ejecutivo de Canarias mediante un pacto con Coalición Canaria (CC). Sin embargo, la creciente mala relación entre Rivero y el entonces presidente de los populares canarios, José Manuel Soria, determinó el fin del acuerdo en octubre de 2010. Pocos días antes, Roldós firmó la adjudicación provisional del servicio a Lifeblood. Tras la quiebra del pacto, los nacionalistas tomaron las riendas de la Sanidad canaria.

Fernando Bañolas decidió entonces revisar todo el proceso para entender los motivos que llevaron a elegir a una empresa sin experiencia en el ámbito sanitario -el pliego no la exigía- y finalmente se decantó por la renuncia a la celebración del contrato, decisión que Lifeblood llevo a los tribunales. Frustrado el concurso, Baxter, que estaba prestando el servicio, prorrogó su actividad en ambos hospitales hasta que, ya en el año 2015, el Gobierno decidió adjudicar el servicio a la mercantil Avericum.

El fallo actual que da la razón a Lifeblood, fechado el 6 de marzo, es contrario al que emitió el 12 de enero de 2015 la misma sala del TSJC y llega después de que el Tribunal Supremo estimara el recurso de casación interpuesto por Lifeblood, lo que obligó a revisar el caso y emitir una nueva sentencia. La actual, de nuevo recurrible ante el Supremo, obliga a la Administración regional a anular la orden que apartó a la empresa del procedimiento. Además, tendrá que convocar una nueva licitación y a resolverla "en los términos que procedan con arreglo a derecho", según reza la sentencia. Eso, o bien declarar que la decisión judicial es de imposible cumplimiento, con lo que tendría que abonar una indemnización a Lifeblood por el lucro cesante.

En el último caso, la cantidad que deberá salir de las arcas autonómicas está por determinar, pero sirva, solo a título orientativo, que la cuantía del proceso está fijada en 31.398.924 euros.

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