27 de febrero de 2018
27.02.2018

El Supremo obliga al Estado a devolver a Canarias toda la deuda de carreteras

Una nueva sentencia resuelve el 2013 pero también los ejercicios sucesivos en los que se incumplió el convenio

27.02.2018 | 01:06
El Supremo obliga al Estado a devolver a Canarias toda la deuda de carreteras

Las consejeras se suman al 8-M

  • Las consejeras que forman parte del Gobierno canario se sumarán a título individual a los paros convocados el próximo 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer para reclamar igualdad real de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. La portavoz del Gobierno y consejera de Hacienda, Rosa Dávila, se salió del guión por unos minutos durante su comparecencia ante los medios de comunicación para hablar en nombre de sus compañeras del Consejo de Gobierno y sumarse a las movilizaciones convocadas para el 8-M. Dávila señaló que se unen a esta convocatoria al entender que las mujeres con responsabilidades directivas tienen una "responsabilidad adicional que es visibilizar a las mujeres que, desafortunadamente, tienen un trabajo no remunerado y que muchas veces no es reconocido por el conjunto de la sociedad". La titular de Hacienda puntualizó que las mujeres del Ejecutivo realizarán ese día un paro de dos horas a título individual para respaldar las reivindicaciones del movimiento feminista, sindicatos, partidos políticos y organizaciones y colectivos que respaldan que el 8-M haya una huelga general o paros preferentemente protagonizados por las mujeres. En el Ejecutivo canario hay cuatro consejeras: Rosa Dávila, Nieves Lady Barreto, Cristina Valido y Soledad Monzón. R. A. D.

El Tribunal Supremo obliga al Ministerio de Fomento a devolver a Canarias todos los fondos que se recortaron del convenio de carreteras entre 2012 y 2016. Una nueva sentencia conocida ayer no sólo resuelve que se transfieran las cantidades correspondientes al año 2013 -recientemente falló lo mismo en relación a 2012- sino también las anualidades de los ejercicios sucesivos comprometidos en la adenda del convenio firmado en 2009 y que se incumplieron. En total el Gobierno canario reclama más de 700 millones al Estado por los recortes de los cinco ejercicios.

Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma estudian el alcance de la nueva sentencia del Supremo. El fallo reitera la argumentación del anterior y da la razón al Gobierno regional en el contencioso abierto entre ambas administraciones por los recortes realizados por Fomento a las partidas que figuraban en el convenio. En primera instancia la Audiencia Nacional resolvió a favor del Estado tanto en 2012 como en 2013, pero el recurso de casación de la Comunidad Autónoma ante el Supremo fue determinante aunque ahora no solo se refiere al ejercicio recurrido, sino que también incluye los sucesivos al declarar la "obligación" de la Administración del Estado de transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias "las cantidades comprometidas en el citado convenio para la anualidad de 2013 y sucesivas en la Adenda al convenio de carreteras de 2009".

El vicepresidente del Ejecutivo regional y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, incidió ayer en que en este nuevo fallo el Supremo vuelve a cuestionar el recorte "unilateral" impuesto por el Gobierno central, uno de los principales argumentos utilizados en el recurso ante el alto tribunal y que éste asume en las dos sentencias. Rodríguez recordó que aún está vivo el recurso presentado por los ajustes del año 2014 y que se estaban estudiando también recurrir los años 2015 y 2016 ya que el anterior equipo de la Consejería, dirigido por Ornella Chacón, no lo hizo. Sin embargo, a la luz del nuevo fallo del Supremo los servicios jurídicos autonómicos valoran si se cierra el capítulo de los recursos, al reconocerse la obligatoriedad de devolver lo no transferido en todos los ejercicios donde hubo recortes, y entrar en la negociación política "para ejecutar la sentencia", indicó el vicepresidente.

Según Pablo Rodríguez, la deuda de 2012 son 132 millones y la de 2013 otros 152 millones de euros. El convenio de 2006 fue modificado en 2009 por mutuo acuerdo de las dos administraciones y se reprogramó las anualidades, la mayoría de ellas de 207 millones de euros anuales que en 2012 bajaron a 54 millones y se mantuvieron los recortes hasta 2016.

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